Periodista
Los diputados del Congreso Nacional de Honduras fueron electos para asumir responsabilidades verdaderamente trascendentales, decisiones capaces de cambiar el rumbo de un país que clama por liderazgo, visión y capacidad para superar el subdesarrollo y la pobreza que lo aquejan.
Su función esencial es discutir, reformar y aprobar leyes que regulen la vida económica, social y política de la nación. Legislar es un acto trascendental, implica construir el andamiaje jurídico que ordena un país y responde a su realidad cambiante. En una nación como Honduras, este rol exige altura, seriedad y compromiso.
Cada diputado representa a un departamento o sector de la población. Son, en teoría, la voz de sus comunidades: deben trasladar al hemiciclo las necesidades, preocupaciones e intereses de sus electores, así como gestionar iniciativas que impulsen el desarrollo de sus territorios.
Además, el Congreso tiene la responsabilidad de elegir a altas autoridades del Estado —como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público o el Tribunal Superior de Cuentas—, con excepción del Presidente de la República. También aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, instrumento clave para el funcionamiento del Estado y la ejecución de políticas públicas.
Sin embargo, resulta desconcertante que, frente a estas enormes responsabilidades, algunos diputados hayan optado por impulsar iniciativas que poco aportan al bienestar nacional. Tal es el caso de la moción presentada por Rashid Mejía y María José Sosa para retirar del salón de retratos del Poder Legislativo la imagen de Luis Redondo, cuestionando su legitimidad.
Como si se tratara de una extensión de ese mismo debate, el diputado Francis Cabrera sugirió sustituir dicho retrato por el de Jorge Cálix, una propuesta que también genera controversia en torno a la legitimidad y trayectoria política dentro del actual periodo legislativo.
Más allá de las valoraciones políticas sobre la gestión de Redondo —que sin duda generó amplios cuestionamientos—, lo cierto es que durante casi cuatro años ejerció formalmente la representación del Poder Legislativo, firmó actos oficiales, presidió sesiones y encarnó institucionalmente al Congreso bajo un marco legal vigente en ese momento.
Eliminar su retrato no alterará los hechos ni reescribirá la historia, no borrará los errores cometidos ni las posibles irregularidades que deban investigarse. Convertir este tema en prioridad legislativa, en un contexto de crisis económica y social, proyecta una preocupante desconexión con las verdaderas necesidades del país.
Si el interés fuese genuinamente hacer historia se debería llamar al Fiscal para exhortarle a que investigue a este oscuro personaje, que le exija responsabilidades civiles y penales para que no quede impune ninguno de sus actos.
Mientras tanto, el país enfrenta desafíos urgentes que demandan seriedad, altura política y enfoque. Honduras no necesita más espectáculos circenses, ni distracciones, sino decisiones firmes y responsables que respondan a la magnitud de nuestra crisis.
