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El camino hacia la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos pasa por Alabama y Oklahoma

Amy Goodman

Innumerables casos ponen al descubierto la cruda injusticia de la pena de muerte en Estados Unidos. El caso de Richard Glossip es, sin dudas, uno de ellos. Glossip integra la lista de los condenados a muerte del estado de Oklahoma desde 1998 y ha tenido que enfrentar nueve programaciones de su pena de muerte. Recibió su “última cena” tres veces y en 2015 se salvó de la muerte pocas horas antes de su ejecución luego de que los funcionarios penitenciarios admitieran que habían solicitado un medicamento equivocado para su cóctel letal. Richard Glossip siempre ha mantenido su inocencia en relación con el caso del asesinato de Barry Van Treese ocurrido en 1997. En aquel entonces, Glossip administraba un hotel en Oklahoma City del cual Van Treese era el propietario. La acusación, plagada de irregularidades, carecía de evidencia física que vinculara a Glossip con el crimen. Solo el testimonio del verdadero asesino, Justin Sneed, otro empleado del hotel que ya había confesado haber sido el autor material del asesinato, implicó a Glossip en el hecho. A cambio de ese testimonio, Sneed pudo evitar la pena de muerte.

El lunes pasado, Richard Glossip recibió lo que podría ser su último salvavidas: la Corte Suprema de Estados Unidos, después de conceder una suspensión de la ejecución en mayo de 2023, aceptó evaluar la apelación de Glossip. Hasta el fiscal general de Oklahoma, el republicano Gentner Drummond, se ha pronunciado a favor de esa apelación.

Al acceder a considerar los argumentos del caso, el alto tribunal estadounidense espera que las partes respondan varias preguntas, entre ellas, “si [el derecho] a un debido proceso legal requiere la anulación de un fallo condenatorio de pena capital, cuando este está tan plagado de errores que el estado ya no intenta sostenerlo”.

Además del fiscal general Drummond, un grupo bipartidista de legisladores estatales de Oklahoma también está abogando a favor de Glossip. Después de que el gobernador del estado, Kevin Stitt, y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma no aceptaran la recomendación de clemencia solicitada por los legisladores, estos decidieron acudir al estudio jurídico Reed Smith para que llevara a cabo una investigación independiente, por la que el estudio no cobraría dinero. Entre junio y septiembre de 2022, el equipo de abogados de Reed Smith publicó cuatro informes que exponen las deficiencias de la acusación, así como los intentos de Justin Sneed de retractarse de su testimonio incriminatorio contra Glossip y los esfuerzos de la fiscalía para impedir dicha retractación.

En su informe final de 343 páginas, el equipo legal de ReedSmith consignó en detalle muchas irregularidades del caso. Parte del informe expresa: “La destrucción y pérdida de evidencia crucial por parte del estado antes del segundo juicio que enfrentó Glossip por el caso impidió que la defensa utilizara dichas pruebas durante el proceso —y actualmente limita la capacidad de la defensa para llevar a cabo pruebas forenses mediante análisis de ADN y otros avances tecnológicos—. Además, el enfoque limitado y la deficiente investigación policial, así como el hecho de que la fiscalía no examinara adecuadamente las pruebas y luego las distorsionara para ajustarlas a su deficiente narrativa, sumado a una serie de errores y oportunidades perdidas por parte de los abogados defensores, plantean serias dudas acerca de la imparcialidad del proceso y de la confiabilidad indubitable del veredicto de culpabilidad contra Glossip por el cargo de asesinato”.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la ejecución de Glossip en mayo de 2023, un grupo de legisladores de Oklahoma, liderado por republicanos, confomó un comité para solicitar una moratoria general sobre la pena de muerte en el estado. La razón principal que impulsó esa iniciativa fue la posibilidad de que Richard Glossip, un hombre inocente, terminara siendo ejecutado.

Oklahoma ya impuso anteriormente una breve moratoria de las ejecuciones, después de que, en 2014, una ejecución mal realizada pusiera en tela de juicio el protocolo estatal para la administración de la inyección letal. Posteriormente, los legisladores de Oklahoma aprobaron una ley que permitiría al estado aplicar la pena de muerte mediante una técnica experimental conocida como “hipoxia por nitrógeno” o “asfixia por nitrógeno”, que nunca antes se había utilizado. Decenas de trabajadores han perdido la vida en accidentes industriales debidos a fugas de gas nitrógeno y derrames de nitrógeno líquido, entre ellos, seis personas que fallecieron en 2021 en una planta de procesamiento de carne avícola en la ciudad de Gainesville, estado de Georgia. Accidentes como ese han llevado a quienes diseñan los métodos de ejecución a considerar el nitrógeno como el último método infalible para matar.

Alabama se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en emplear gas nitrógeno para llevar a cabo una pena capital, cuando concretó la ejecución de Kenneth Smith este 25 de enero. En noviembre de 2022, Smith sobrevivió a un primer intento que realizó el estado de Alabama para ejecutarlo, previsto mediante inyección letal. Las personas encargadas de la ejecución de Smith buscaron de manera frenética una vena donde administrarle el cóctel mortal. En un momento dado, sometieron a Smith, quien estaba atado a una camilla, a una “posición de crucifixión invertida” mientras un miembro del equipo le clavaba, de manera repetida y dolorosa, una jeringa debajo de la clavícula. Incluso la gobernadora republicana de Alabama, la ultraconservadora Kay Ivey, consideró la necesidad de explorar métodos alternativos de ejecución. De ahí surge esta nueva incursión para matar personas mediante la asfixia por gas.

Abusos grotescos del poder estatal, como los de Oklahoma y Alabama, son los que llevaron al difunto juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Henry Blackmun a concluir que “la pena de muerte sigue plagada de arbitrariedades, discriminación, caprichos y errores”. Así lo expresó en un escrito de fundamentación de su voto en disidencia en un caso de 1994. Blackmun, quien era conservador cuando fue designado por el entonces presidente Richard Nixon en 1970, emitió fallos y comentarios cada vez más liberales durante su período como magistrado. A modo de ejemplo, fue quien escribió el dictamen de mayoría en el histórico fallo del caso “Roe contra Wade” de 1973 que determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos. En su constancia de disidencia sobre la pena de muerte en 1994, Blackmun prometió: “A partir de este día, ya no volveré a jugar a favor de la maquinaria de la muerte”.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, hay más de 2.300 presos condenados a muerte en Estados Unidos.

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