Arizona, Alaska y Vermont son los únicos estados donde se han aprobado leyes estatales que consideran un derecho constitucional portar armas, lo que permite a los residentes obtenerlas con mayor facilidad y portarlas en lugares públicos.
Arizona también aprobó una ley estatal que permite portar un arma de fuego dentro de un bar, lo que causó una gran polémica entre aquellos que proponen restricciones en el uso de ese tipo de armas.
De acuerdo con declaraciones hechas por detectives de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), Jared Lee Loughner, un anglosajón de 22 años de edad identificado como el hombre que disparó en contra de una multitud el pasado sábado en un centro comercial en Tucson, utilizó una pistola semiautomática de 9 milímetros modelo Glock 19 durante el ataque.
La balacera terminó con la vida de seis personas, entre ellas un juez federal y una niña de nueve años, y dejó gravemente herida a la congresista demócrata de Arizona Gabrielle Giffords, quien recibió un impacto en la cabeza.
Según la investigación, Loughner compró el arma el pasado 30 de noviembre en la tienda Sportsman’s Warehouse en Tucson, por la que pagó 550 dólares.
El joven cumplió con todos los requisitos establecidos por el Gobierno federal y el estado de Arizona para comprar la pistola.
En Arizona solamente aquellas personas que han sido encontradas culpables de un delito o declaradas mentalmente incompetentes están impedidas de comprar un arma.
El pasado mes de julio entró en vigor otra ley estatal en Arizona que permite a los residentes portar un arma de fuego oculta sin necesidad de haber terminado algún tipo de entrenamiento.
«Creo que este tipo de leyes estatales son una muestra de la psicosis que se vive en Arizona», dijo a Efe Raúl Aguirre, activista y director de la compañía de publicidad REA en Tucson.
Avivando aun más el debate sobre el control de la venta de armas de fuego, el senador estatal republicano Ron Gould anunció que presentará una iniciativa que otorgará más derechos a los dueños de ellas en el estado de Arizona.
En caso de ser aprobada, la nueva legislación permitiría a todas aquellas personas que cuentan con un permiso para portar armas llevarlas a centros de educación superior, como colegios comunitarios y universidades públicas.
Mientras, el grupo Arizona Citizen Defense League ha ido un paso más adelante a raíz del ataque ocurrido en contra de Giffords y anunció ayer que promoverá una ley que exija a los oficiales electos en Arizona llevar a cabo un entrenamiento en armas, incluyendo a su personal.
