Ibrahim dijo en rueda de prensa que esos documentos tenían un «alto nivel de confidencialidad», habían sido elaborados por distintos cuerpos de seguridad e inteligencia egipcios y procedían de las cajas fuertes del Gabinete General de la Presidencia. Según el ministro, el entonces secretario de Mursi, Amin al Sairafi, extrajo esos papeles y otros informes que fueron enviados al exmandatario por parte de los «servicios de información de los Hermanos».
Después de ser detenido el pasado 17 de diciembre, Sairafi supuestamente ordenó a su hija y al resto de sus ayudantes que enviasen las copias de esos documentos a Catar -país aliado de la cofradía- para enseñarlas a un alto cargo catarí. De acuerdo al Ministerio de Interior, ese responsable catarí pidió el traslado de los documentos originales de Egipto a Turquía, Líbano o Catar a cambio de 1,5 millón de dólares, si bien finalmente éstos no salieron del país árabe.
El ministro señaló que seis personas fueron detenidas en este caso junto con una gran cantidad de documentos secretos emitidos por el Ejército y diferentes órganos de seguridad.
Por otra parte, Ibrahim informó de que la policía detuvo a un responsable del grupo terrorista «Ansar al Sharía» (los seguidores de la ley islámica) en Egipto, Al Sayid Atalá, y dos de sus ayudantes, al tiempo que mató a otro miembro de la organización. Añadió que este grupo, recientemente creado en Egipto, había cometido 19 ataques terroristas en los que perecieron 19 policías y 7 soldados.
El ministro reveló que Egipto se enfrenta a un «plan terrorista de los Hermanos Musulmanes» dirigido por los responsables del grupo en el extranjero y que pretende sembrar el caos en el país para «mostrar» que el pueblo rechaza el proceso político actual y que el Gobierno ha perdido el control de la situación.
Desde la caída de Mursi, las autoridades han perseguido a los miembros y dirigentes de la cofradía, declarada grupo terrorista por el Gobierno en diciembre pasado, en medio de un aumento de los ataques contra las fuerzas del orden. Mursi afronta actualmente varios procesos judiciales, entre ellos uno por entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras como el movimiento islamista palestino Hamás.
