Tegucigalpa – El abogado Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, se pronunció sobre la posible fusión de la Secretaría de Transparencia con la Procuraduría General de la República (PGR), señalando que, según la información que maneja, el presidente Nasry Asfura ha indicado que lo que se está trabajando es una nueva Ley de Transparencia, y no necesariamente el traslado de dicha secretaría a la PGR.
– “La Procuraduría es el abogado del Estado. No tiene nada que andar haciendo en tareas de transparencia o control preventivo. La Constitución no le otorga esas funciones”, afirmó Orellana, al tiempo que recomendó leer bien la Constitución.
Orellana explicó que el mandatario habría mencionado que esta nueva normativa se elabora con el acompañamiento del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la propia Procuraduría, lo cual consideró positivo, ya que el país necesita actualizar su marco legal en materia de transparencia.
“El presidente no ha dicho expresamente que la Secretaría de Transparencia pasará a la Procuraduría. Lo que ha dicho es que se está trabajando una ley de transparencia, y eso me parece bien”, expresó.
En ese sentido, el exfiscal recordó que durante su gestión en el Ministerio de Transparencia se elaboró un proyecto de Ley de Control Preventivo de la Administración Pública, el cual fue remitido a la Presidencia de la República. Según indicó, ese documento aún se encuentra en la Secretaría y podría servir como insumo para la nueva propuesta, ya que fue desarrollado con el apoyo de expertos nacionales e internacionales y con la participación de auditores, jefes de presupuesto, personal administrativo y otros funcionarios públicos.
No a la fusión… sería violatorio a la Constitución
No obstante, fue enfático al rechazar la idea que ha presentado el nuevo procurador Dagoberto Aspra de trasladar la fiscalización preventiva del Estado a la PGR, asegurando que esa medida “no tiene pies ni cabeza” desde el punto de vista constitucional.
“El control preventivo de los ministerios corresponde al Poder Ejecutivo, así lo establece claramente la Constitución. No puede pasar a otro poder del Estado, porque sería una violación constitucional”, advirtió.
Según el jurista, la fiscalización preventiva de las municipalidades sí puede realizarse fuera del Ejecutivo, al igual que la de las instituciones autónomas, pero la del Estado central debe mantenerse bajo la órbita del Poder Ejecutivo, aunque con un órgano independiente que garantice objetividad.
Asimismo, sostuvo que en materia de transparencia ya existe una institución responsable: el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que debería ser fortalecido en lugar de crear nuevas estructuras.
Finalmente, Orellana señaló que cualquier intento de otorgar esas atribuciones a la PGR implicaría reformar la Constitución y, en ese caso, ya no se estaría hablando de una procuraduría como tal, sino de una nueva institución con otro nombre y naturaleza. LB
