Tegucigalpa – Luego que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal presentara el martes un informe en el que propone aumentar el castigo a menores infractores, la iniciativa de reducir la edad punible en Honduras pasó del debate público al análisis internacional.
– La comisión también propone un carné de identificación de menores.
– Además, recomendó creara un expediente digital y estudios de casos individualizados para los menores dentro del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora de la Ley Penal.
Este día organismos como la Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analizaron el tema al que instaron tratar desde una perspectiva con enfoque a los derechos humanos que asiste a la infancia en el mundo.
También se sumaron al análisis el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, el Comité de los Derechos del Niño y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asó como varias Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia hondureña.
Actualmente en Honduras son imputables los menores de 12 a 17 años, los que son llevados a centros de internamiento y con penas máximas de ocho años, no obstante, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal propone una reforma al Artículo 205 contenido en el Título III del Código de la Niñez y de la Adolescencia, incrementando la sanción máxima de 8 a 15 años.
“No es la solución”
A criterio de Luis Pedernera, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, reducir la edad punible en Honduras no es la solución a la problemática de adolescentes infractores.
«Bajar la edad de imputabilidad no es la solución, significaría un retroceso en lo que el Estado de Honduras se comprometió a hacer cumplir», dijo Pedernera en referencia a las recomendaciones emitidas por esté comité en el pasado.
En el momento en que la reducción de la edad punible de 18 a 16 años en Honduras forma parte del debate público, el defensor de los derechos de la infancia instó al presidente, Juan Orlando Hernández, a «revisar» el documento para que se apegue a las normas de estándares internacionales, y puso a disposición del Gobierno «la capacidad» del Comité de Derechos del Niño de la ONU para «avanzar en lo mejor que necesitan los niños de Honduras».
Combatir corrupción
De su lado, El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, manifestó que Honduras debe en primera instancia reducir la corrupción y utilizar ese dinero en programas de reinserción de los menores infractores.
“Si dicen que se falta recursos para educación, salud y desarrollo integral de los niños; hay que combatir la corrupción en lugar de que se privaticen términos ilegítimos del sector privado al sector público que roba dineros y tenemos que ver cómo incautamos estos fondos para políticas sociales” , arguyó el personero de la MACCIH.
En ese orden, enfatizó que Honduras no puede estar apostando a la construcción de más cárceles que escuelas.
Al analizar este tema se debe formular una pregunta ¿está es la vía adecuada para el país?, cuestionó el diplomático peruano.
“Todos fuimos niños”
Por su parte, Belinda Portillo la coordinadora del Movimiento Mundial por la Infancia, Capitulo Honduras solicitó recordar a las autoridades hondureñas que “todos fuimos niños” en algún momento y pensar siempre en la perfectiva del enfoque de los derechos de los menores de edad.
En ese sentido, consideró que la propuesta de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de incrementar la pena máxima a los menores infractores de 8 a 15 años es “totalmente desproporcional” y sin un enfoque total de derecho.
Acto seguido, reflexionó que todos los jóvenes hondureños tienen sueños y que no se pueden juzgar a todos 500 infractores menores de edad que tienen Honduras.
Ofreció su apoyo a las autoridades hondureñas para analizar la iniciativa antes que llegue a la Cámara Legislativa y pidió “pensar en positivo”.
Oportunidad
En representación del Gobierno hondureña y del ente que rectora la política de infancia en Honduras, la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Loli Salas, también se sumó al análisis internacional y consideró que el país centroamericano tiene «una oportunidad enorme».
Explicó que, el apoyo del Movimiento Mundial por la Infancia, para construir un sistema que promueva los derechos de los menores y la prevención, «privilegiando el enfoque de derechos de la niñez y no un enfoque de criminalización» es una oportunidad enorme para Honduras.
También expresó su «preocupación» por la recomendación de aumentar las sanciones penales, ya que establece un «marco restrictivo a la operatividad y respuesta» de los operadores de justicia.
Asimismo, se comprometió a hacer llegara hasta los oídos del presidente Hernández la serie de recomendaciones vertidas por los diferentes organismos internacionales que se dieron cita para dialogar sobre el tema en la Casa de la Naciones Unidas de Tegucigalpa.
Sentar bases
En el mismo contexto, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, Ángela Melo, instó a autoridades y organizaciones de sociedad civil a «sentar las bases» de un Sistema de Protección de la Infancia para fortalecer el mecanismo que garantice los derechos de los 3,5 millones de niños en el país.
Unicef señaló que las medidas privativas de libertad deben ser el último recurso, pues ello implica «una socialización de la violencia, la adopción de códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo».
Estadísticas de Unicef en Honduras, señalan que el número de adolescentes privados de su libertad en centros cerrados pasó de 181 en 2012 a 513 en 2016, lo que representa un incremento de 183.4 por ciento.
En su opinión, se le ha dado “una mensurada mención” a los delitos cometidos por los infractores hondureños los cuales dijo no son un representativo de la infancia de este país ya que solo son medio millar de infractores menores.
Testimonio: “necesitamos oportunidades”
Saúl Sánchez es un joven hondureño que a los 16 años fue recluido el Centro de Menores Renaciendo de Tegucigalpa y pudo pasar 8 años privado de libertad pero tuvo la oportunidad de reivindicarse y en la actualidad trabaja con la organización Orphan Helpers y ayuda en la parte espiritual de otros menores infractores.
“Alguien creyó en mí y tomé la decisión de cambiar”, relató el joven hondureño que reside en la ciudad de San Pedro Sula, la zona más violenta del territorio nacional.
“Si no ponemos una oportunidad a un joven, va seguir haciendo lo malo… debemos creer en nuestra juventud y en su capacidad de ser mejores”, reclamó.
Enfatizó que la juventud hondureña está necesitada de oportunidades, eso puede ser la variante entre el cambio o seguir delinquiendo, exclamó.
Establecimientos
El tema de la reducción de la edad punible no ha pasado de alto para Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, quien se pronunció hoy sobre la decisión de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de no reducir la edad punible y abogó por la urgente necesidad de contar con establecimientos mejor acondicionados para atender y brindar mayor seguridad a los jóvenes infractores.
El ombudsman hondureño destacó como un factor importante, establecer el tratamiento que debe darse en materia de rehabilitación y reeducación para los jóvenes que están privados de su libertad.
Indicó que, la finalidad que se busca es un tratamiento que vaya acorde con las facilidades que tenga la persona de rehabilitarse y de reincorporarse en la sociedad, teniendo en cuenta todos los factores que en la juventud influyen en tomas de decisiones muchas veces irracionales.
“Necesitamos que haya establecimientos mejor acondicionados, más seguros y propios para atender a los jóvenes infractores que se encuentran privados de su libertad”, concluyó.
