Washington – Dos hermanos del político hondureño Ángel Pacheco pidieron hoy a la CIDH que «de una vez por todas» se haga justicia y se ponga fin a la «impunidad» que ha cubierto durante 13 años el asesinato de este candidato del Partido Nacional, tiroteado en plena campaña electoral.
Ángel Pacheco, candidato nacionalista a primer diputado por el departamento de Valle, fue asesinado a tiros delante de uno de sus hijos por un desconocido en la madrugada del 24 de noviembre de 2001 en la ciudad hondureña de Nacaome.
En ese momento, representantes del Partido Liberal y del Partido Nacional -fuerza que ganó esas elecciones- descartaron que el motivo de la agresión fuera político.
«Estamos aquí para pedir justicia, que es lo que durante 13 años hemos solicitado al Estado. En todo este tiempo no se nos ha dado respuesta en absoluto. El caso está en total abandono e impunidad», denunció José Pacheco, hermano del político fallecido.
Pacheco aseguró que no ha parado de recibir amenazas desde la muerte de su hermano, un próspero empresario de 45 años que en el momento de su muerte dirigía la campaña del Partido Nacional en el departamento de Valle.
Una de las hermanas del fallecido, Marleny Pacheco, rompió a llorar en medio de la audiencia ante «los recuerdos» del asesinato de su hermano, un suceso que «destrozó» su vida y la de toda la familia, especialmente la de su madre.
Durante su relato recordó el momento en el que Ángel Pacheco la llamó por teléfono para contarle que iba a hacer campaña por el Partido Nacional.
«No te metas en política», recuerda que le dijo ella, quien entendió la vocación de su hermano cuando, en otro momento, él le explicó que había que movilizarse políticamente para ayudar a la gente que no tenía «ni una tortilla para comer».
Según ha relatado Berta Olivar, del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (COFADEH), un día después del asesinato de Pacheco, se inició un proceso penal en el que fueron acusadas del crimen tres personas.
Una de ellas fue puesta en libertad provisional, mientras que contra las otras dos se dictó auto de prisión, que fue revocado posteriormente ante la «inexistencia de evidencias del hecho».
Por eso, la familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación del derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva, recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
«Después de 13 años, no se ha investigado. Pedimos a la CIDH que emita un informe de fondo sobre el caso y diga que Honduras violó el derecho a la vida de Pacheco», resumió Olivar.
Ante estas denuncias, el Estado defendió que «la complejidad» del caso ha dilatado la fase de investigación y se comprometió a reunirse con la familia la próxima semana para estudiar las amenazas que presuntamente han recibido.
«Quiero reiterar el compromiso y responsabilidad estatal para continuar con las investigaciones y dilucidar la verdad», declaró uno de los representantes del Estado, entre los que se encontraba el representante de la Misión del Estado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leonidas Rosa Bautista.
Sin embargo, para la abogada Olivar, decir que se quiere seguir investigando después de trece años de «impunidad» es «una ofensa para los familiares».
«La familia está en una situación de indefensión absoluta y me parece una falta de respeto pensar que se puede llegar a un arreglo amistoso», añadió la abogada, que quiso poner en contexto los ataques a los representantes políticos en Honduras.
Según sus datos, en 2013 durante las elecciones generales hubo 670 ataques, 29 de los cuales resultaron en el asesinato de candidatos políticos, que también sufrieron acoso tras los comicios, muriendo 11 de ellos.
«Desde el asesinato de Pacheco se produjo un deterioro de la situación política. Y, en la actualidad, este deterioro permanece y se multiplica», alertó.
