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Dirigentes de juntas de agua cierran filas en contra de privatización del servicio

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Tegucigalpa – Dirigentes de juntas de agua de la capital anunciaron este lunes que emprenderán acciones de protesta en contra de la privatización de la fuente hídrica de El Picacho tal como se ha denunciado.

El dirigente Manuel Amador señaló que han tenido acceso a un oficio emitido por la alcaldía donde se hace el traspaso de la cuenca de El Picacho por parte de la alcaldía capitalina a la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo para que haga el manejo del agua.

“Esto nos viene a demostrar y nos viene a confirmar lo que hemos venido sosteniendo como Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua, traspasar estos sistemas del SANAA, es privatizar el servicio porque hasta la saciedad hemos dicho que la alcaldía no tiene la capacidad técnica ni administrativa ni financiera para manejar estos sistemas”, arguyó.

Aseveró que al traspasar el servicio a esa compañía extranjera los costos se van a elevar para los abonados porque esa empresa va a querer utilidades para ellos y lo mismo va a querer la alcaldía y también los costos de mantenimiento de redes, lo que representa que van a hacer tres cobros en un solo pago y eso es lo que les preocupa como asociación.

Por su parte, Manuela Rodríguez, otra dirigente de la junta de agua de la colonia Flor del Campo, manifestó que es preocupante lo que está sucediendo en el Distrito Central con el sistema de agua porque significa que vienen los costos más caros.

En ese sentido, si en la colonia Flor del Campo se pagan 130 lempiras ya no van a pagar esa cantidad por lo que la dirigente hizo un llamado a todas las juntas de agua de la capital para que se junten y se unan a la lucha al tiempo que apeló al alcalde capitalino Nasry Asfura para que se abstenga de hacer ese traspaso.

Los dirigentes de las juntas de agua indicaron que están trabajando con las bancadas representadas en el Congreso Nacional para reformar la Ley Marco del Subsector de Agua que se aprobó en 2003 y donde se establece que cualquier municipalidad puede hacer lo que quiera con el sistema de agua.

De lo que se trata es de detener la privatización del servicio de agua, porque consideran que va a traer consecuencias funestas para la población tomando en cuenta que el acceso al agua es un derecho humano y por lo tanto van a emprender manifestaciones y otras acciones para evitar que se traspase el servicio a empresas privadas.

En Tegucigalpa y Comayagüela, funcionan unas 347 juntas de agua, de las cuales 185 no aceptan la privatización del servicio y en conjunto esas asociaciones aglutinan a unos 700 mil abonados que pagan por el vital líquido, mientras que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), solamente cuenta con 257 mil abonados con un medidor en la casa.

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