Tegucigalpa – Una operación de alto impacto ejecutada en tres departamentos del país terminó envuelta en polémica, luego de que un sospechoso capturado con un arsenal de armas de guerra fuera dejado en libertad por un juzgado en Olancho, desatando la indignación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), denunciada por el propio director el general Ramiro Muñoz.
– Sospechoso liberado tenía un arsenal de guerra tras millonaria operación antidrogas.
– General Ramiro Muñoz estalla contra el sistema: “Es un insulto al pueblo hondureño”.
– El director de DLCN, anunció que vienen muchas operaciones como la del caso expuesto y no se permitirá ninguna violación a la ley.
El director de la DLCN, el general Ramiro Muñoz, alzó la voz con contundencia y cuestionó duramente la decisión judicial que permitió que el imputado, identificado como José Paguada Gómez, regresara a su casa, únicamente con la obligación de firmar semanalmente y pagar una multa de 100 mil lempiras.
“Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”, expresó Muñoz, visiblemente indignado, tras detallar que al detenido se le incautaron 36 armas de fuego, en su mayoría de uso prohibido y con silenciadores.
El gran golpe al crimen organizado
El general detalló que la operación en mención, coordinada por el Ministerio Público y ejecutada en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, permitió el aseguramiento de: 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego y 11 productos financieros
Según las autoridades, estas acciones estaban dirigidas a desarticular estructuras ligadas al narcotráfico y lavado de activos.
“Tres minutos borran meses de trabajo”
El general Muñoz lamentó que el esfuerzo de fiscales, detectives y agentes se vea debilitado por decisiones judiciales que, a su juicio, favorecen la impunidad.
“¿Sabe lo que cuesta llevar a cabo una operación de esta magnitud para que en tres minutos alguien quede libre?”, cuestionó, en su intervención en el noticiero TN5.
El jerarca también señaló que, aunque comprende que los operadores de justicia pueden enfrentar amenazas, no se puede permitir que el miedo se traduzca en resoluciones que debiliten el Estado de derecho.
En este punto dijo tener certeza de que la jueza pudo haber recibido amenazas, situación que no justifica que se haga lo más fácil, porque en estos casos se debe turnar los casos a otras jurisdicciones.
Preocupación por la institucionalidad
El director de la DLCN advirtió que este tipo de decisiones socavan la confianza ciudadana en las instituciones y envían un mensaje peligroso a las estructuras criminales.
“Si un fiscal no puede acusar y un juez no puede actuar, ¿cuándo vamos a corregir este problema?”, expresó.
Además, reveló que el imputado habría manifestado su intención de regresar a trabajar “normalmente” a una gasolinera vinculada a bienes asegurados, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.
Llamado urgente
Seguidamente, Muñoz fue enfático en que no permitirán que estos casos queden en el olvido y aseguró que continuarán las acciones legales correspondientes.
“No aceptamos este tipo de cosas. Ya es suficiente. No podemos permitir tanta violación a la ley”, concluyó.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la actuación del sistema judicial hondureño frente al crimen organizado y la presión que enfrentan sus operadores en medio de una lucha cada vez más compleja.LB
