Tegucigalpa – Luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia determinara declarar inconstitucional las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), desde el gobierno se empezó a señalar y pedir cárcel para los diputados que en las administraciones anteriores votaron a favor de este proyecto de ley.
En ese sentido, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, exhortó al Ministerio Público que persiga y enjuicie a los diputados que votaron en su momento a favor de las ZEDEs.
El delito por el que serían acusados sería traición a la patria, el cual determina una pena entre 15 y 20 años de cárcel.
Además los diputados que sean sentenciados serán sancionados con una inhabilitación de cargos públicos por 40 años, es decir el doble de la pena.
Así lo establece el artículo 555 del Código Penal, en su capítulo de “Delitos contra la Nación”.
“El hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, deben ser castigados con las penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión”, reza dicho artículo.
De su lado, la oposición de Honduras ha dejado claro que no permitirán la persecución política y mucho menos que se juzgue por cosas del pasado.
La propia presidenta de la República, Xiomara Castro, señaló como un delito de traición a la patria el decreto que daba vida a las ZEDEs
“Este día será recordado por siempre, como el día de la Dignidad y la Soberanía de Honduras recuperada con el fallo de la Corte que derogó el decreto de traición a la Patria”, escribió la presidenta hondureña en su cuenta de X.
Posteriormente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon pidió al Fiscal General, Johel Zelaya que inicie acciones penales contra los parlamentarios que aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) en 2013.
El congresista oficialista instó al jefe de la Fiscalía hondureña que impute a los diputados que aprobaron las ZEDEs hace 11 años, los que según Dixon deberán ser acusados por el delito de traición a la patria.
En ese sentido, corren riesgo de ser juzgados los diputados que aprobaron la ley orgánica de las ZEDE en los años 2012, 2013, y los que ratificaron su administración en 2017. PD
