Tegucigalpa – Esta noche en la sesión de los diputados autoconvocados se presentó un proyecto de resolución para desconocer el decreto 58-2025, aprobado en una sesión extraordinaria del Congreso Nacional el 09 de enero de 2026, y publicado en La Gaceta el mismo día.
– Maribel Espinoza pidió castigar a todos los que participaron en la sesión del pasado jueves que aprobó el decreto que pide recuento de los votos.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad por más de 70 diputados opositores.
Dicho decreto lo aprobó la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en sesión extraordinaria que se refiere al conteo de las actas pendientes después del escrutinio especial.
Se le ordena a varias instituciones que se desconozca el decreto 58-2025 de lo aprobado por el Congreso que lidera Luis Redondo y la bancada de Libre, señala la iniciativa.
En la sesión también se aprobó una iniciativa para que se sustituya al Secretario de Gobernación y Justicia sino se presenta voluntariamente a los actos de transición del poder.
En ese sentido, se aprobó que cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda sustituir en los actos protocolarios al Secretario de Gobernación y Justicia.
El decreto 58-2025 busca revertir los resultados electorales, generando advertencias internacionales, incluyendo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 marcaron un hito en la historia reciente de Honduras, con una participación de aproximadamente 3.8 millones de votantes.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo autónomo encargado de certificar los resultados, declaró a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como ganador el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados para cargos municipales y del Congreso Nacional el 30 de diciembre.
Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), solicitó un recuento total «voto por voto» durante una reunión del Consejo de Ministros el 11 de enero de 2026.
Este pedido se materializó en el decreto 58-2025, aprobado en una sesión extraordinaria del Congreso Nacional el 09 de enero de 2026, y publicado en La Gaceta el mismo día.
La sesión fue convocada por la Comisión Permanente, lo que ha sido calificado como ilegal por juristas, ya que el Congreso carece de facultades para certificar procesos electorales una vez declarados por el CNE. (RO)
