Tegucigalpa – “Pedimos al Gobierno que aclare e informe con responsabilidad sobre esta noticia”. No se puede negociar a espaldas del pueblo, mucho menos cuando se trata de recursos naturales que pertenecen a las comunidades indígenas de La Mosquitia”, expresó la diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho.
La reacción de Urtecho es en relación a la denuncia realizada por la defensora indígena Mirna Wood sobre la firma de un supuesto acuerdo pesquero entre Honduras y Venezuela, exigiendo al Gobierno transparencia y responsabilidad ante un tema que podría afectar directamente a comunidades indígenas del país.
La denuncia fue realizada por Wood, quien aseguró que la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, y la directora general de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), Kaina Alvarado, viajaron recientemente a Venezuela para suscribir un acuerdo pesquero como parte del lanzamiento del proyecto binacional “Agro Alma Azul”. Según la dirigente garífuna, este pacto comprometería el rubro de la pesca sin haber sido sometido a consulta previa con los pueblos indígenas de la zona.
Urtecho recordó que Honduras está obligado a cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que “toda medida administrativa o proyecto que pueda afectar los recursos naturales de los pueblos indígenas debe ser sometido antes a una consulta libre, previa e informada”.
Asimismo, la parlamentaria argumento que ignorar estas obligaciones constituye una violación de derechos reconocidos a nivel internacional. No se puede tomar decisiones desde un escritorio en Tegucigalpa sin considerar a quienes han vivido, cuidado y defendido estos territorios por generaciones, advirtió la diputada.
Hasta el momento, ninguna autoridad gubernamental ha confirmado la firma de dicho acuerdo con Venezuela. Organizaciones indígenas y ambientales han comenzado a pedir explicaciones públicas y demandan la inmediata divulgación del contenido del posible pacto.
La denuncia ha despertado preocupación entre defensores de los derechos de los pueblos indígenas, quienes advierten sobre el riesgo de entregar recursos estratégicos sin garantizar la participación de las comunidades involucradas.LB
