De esta radiografía de la inseguridad para la prensa, Francisco Morazán reporta el asesinato de seis periodistas, seguido por Cortés con cinco; Atlántida con cuatro; dos en Copán; dos en Olancho; dos en El Paraíso; uno en Santa Bárbara, uno en Colón; uno en Yoro y uno en Lempira.
Todos estos crímenes, 25 en total, se encuentran en total impunidad. Los registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos datan desde el 2003 al 2011 y en él se vislumbra la indefensión con que se ejerce el periodismo y la libertad de expresión en Honduras. Todos los comunicadores sociales asesinados fueron con armas de fuego, como parte del creciente mercado legal e ilegal de las armas en esta nación.
Incluso, muchas de las zonas en donde se cometieron las muertes son parte ya del corredor de la inseguridad y los llamados “territorios calientes” de la violencia y el crimen organizado, según reportes oficiales.
Radio y TV los más castigados De los 25 periodistas que asesinaron, nueve laboraban en radios locales o comunitarias, siete en la televisión y cinco combinaban su labor en la radio y en la televisión. Sólo cuatro del total de muertos, no existen registros en donde trabajaban o a qué se dedicaban antes de su deceso, indica el informe. Si ya 25 asesinatos en once años hablan de los malos tiempos que ha atravesado el periodismo nacional, el capítulo de los actos de represión y hostigamiento por parte de los cuerpos del Estado, ubican mejor a cualquier lector sobre la dimensión de problema, más allá de los “líos” que el presidente Lobo Sosa tenga con los dueños de medios de comunicación. El 2011 fue un año marcado por todo tipo de amenazas e intimidaciones contra los periodistas, en particular los que cubren la fuente policial y judicial, con énfasis a los hechos relacionados con la participación de la policía en el asesinato de personas, extorsiones, narcotráfico, secuestros, robos, entre otros. La cobertura de manifestaciones fue alguno de los escenarios que enfrentaron a los reporteros con la autoridad. Así se registra en marzo de 2011 una agresión contra un camarógrafo del Canal 36, otra en contra de otro reportero de ese mismo canal, para pasar a la zona de Colón donde un comunicador resultó con un rozón de bala producto de disparos hechos por la autoridad policial y militar que se mantienen en esa conflictiva zona. En tanto, en mayo de 2011, un fotógrafo de diario El Heraldo fue detenido en una posta policial capitalina porque llegó a solicitar información sobre un desalojo, mientras otra periodista-activista humanitaria denunció agresiones verbales y luego intimidaciones por la policía. No obstante, fue noviembre el mes de las agresiones e intimidaciones más fuertes recibidas por los periodistas por parte de la policía, a raíz del asesinato de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda, asesinados por la policía el 22 de octubre de 2011 y tirados en un matorral simulando una ejecución por “ajuste de cuentas”. |
Policía, la más denunciada De la represión a los periodistas no sólo se consigna a la policía, también a la Guardia de Honor Presidencial que toleteó a unas periodistas que protestaba por el asesinato de colegas y la impunidad de los crímenes. Luego, un comunicador social, docente de una universidad privada fue que es corresponsal de una cadena televisiva de Colombia, fue objeto de detención ilegal y despojado de su vehículo por parte de miembros policiales, según testimonio presentado ante el Comisionado. Del lado de la persecución, amenazas y atentados se registran tres casos de amenazas a muerte, tres persecuciones y amenazas; una extorsión, el asalto al hijo de un periodista; dos atentados a personas, un atentado a un medio de comunicación y un secuestro. La autoridad más denunciada fue la policía a quien los periodistas responsabilizaron de enviarles mensajes intimidatorios a las redacciones, teléfonos celulares. Así, el 21 de noviembre, un editor de un diario fue objeto de seguimiento por parte de un vehículo Kia Sorento. El vehículo era conducido por una persona que vestía de policía e iba en compañía de otra persona. Investigaciones preliminares indican que la placa pertenece a otro vehículo que aparece como bloqueado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Otro de los hallazgos investigados es que el carro fue decomisado por actividades vinculadas al crimen organizado y aparece bloqueado por una orden judicial. Ramón Custodio, comisionado nacional de los derechos humanos, que se ha dado a la tarea de registrar cada uno de los detalles de las agresiones a la prensa y la libertad de expresión, es contundente al indicar que Honduras vive un retroceso en este aspecto, donde la ocupación se traduce en un oficio de alto riesgo. “Hay un retroceso, una especie de salto atrás”, donde la miopía política pone en riesgo el ejercicio no solo de la libertad de expresarse, de opinar y de informar, sino que la democracia misma, comentó Custodio a Proceso Digital. La violencia que azota a Honduras, donde un promedio de 19 personas son asesinadas violentamente cada día, ha alcanzado también a la prensa, en particular a aquella que en forma profesional y responsable aborda el tema del crimen organizado y el narcotráfico, sentencia Custodio. El defensor del pueblo, llamó también la atención que en los últimos cuatro gobiernos, incluyendo el actual, el asesinato de periodistas ha venido en ascenso y que le preocupa el hecho de que se haya producido por parte de la actual administración, la expropiación de un medio privado de comunicación. De esta suerte, la radiografía de la inseguridad para la prensa no solo son estadísticas de muertes, también afloran otros rostros desconocidos con quienes el periodismo debe lidiar, al margen de los atropellos propios del Estado. Así lo advierte el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el más completo, hasta ahora. |
