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Diálogo cívico, en sociedad y Estado, sobre nuestro presente de pobreza y porvenir de bienestar

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

La consideración de Honduras como “país más miserable de Centroamérica” – según el Índice Anual de Miseria de Hanke (Hami) – es de valorar en cuanto a la realidad de la situación del grado de pobreza que impacta severamente sobre las condiciones de vida y de trabajo de alrededor del 70 % de nuestra población.

Reconocimiento de nuestra situación de pobreza y desigualdad social, y deber de materializar las esperanzas de mejores condiciones de vida digna y de trabajo decente, para toda la hondureñidad.

Esa realidad aflictiva y los otros males públicos que la acompañan los conocemos, sufrimos y luchamos cívicamente contra ellos, desde la sociedad civil incluyendo la empresa privada y la economía social de la empresa, buscando superarla mediante la transformación de Honduras, asegurando el desarrollo sostenible hacia un orden de dignidad y justicia social que, entre sus principales logros, nos libere progresivamente de la pobreza y desigualdad social, posibilite el crecimiento económico inclusivo con equidad, proteja el medio ambiente y fomente la resiliencia ante los efectos del cambio climático.

Por eso, hoy más que nunca, exigimos de quienes, desde nuestra sociedad, aspiran a ser electos a cargos públicos, que cumplan sus obligaciones ciudadanas de contribuir al sostenimiento moral y material de Honduras, acreditando haberlo hecho en el pasado y presentando su oferta política de planes vinculatorios de gobierno basados en un nuevo modelo de desarrollo que potencie procesos de cambio, desde los municipios.

Las elecciones generales, este año, coinciden con la crisis pandémica, la reconstrucción nacional y la  concertación del nuevo Proyecto de Nación que nos guiará, desde  el 2022, Dada la importancia de esta coincidencia de crisis y oportunidades, los resultados electorales deben hacer factible las esperanzas de mejores condiciones de vida y de trabajo de la población: por lo que llamo fraternalmente a los conciudadanos, hombres y mujeres, a que ejerzan su derecho, como electores, a hacer la demanda política de la presentación y explicación del plan de ese nuevo modelo de desarrollo que debe ser presentado por los aspirantes a dirigir nuestro Estado; y a verificar si ese plan de gobierno puede atender debidamente las necesidades sociales de las comunidades y dar seguridad de cumplimiento con instrumentos fiables de desarrollo y la probidad e integridad cívica de quien lo propone.

Lo anterior, posibilitará cumplir nuestro deber ciudadano, como partes del pueblo soberano, de ejercer responsablemente nuestro derecho de elegir, por medio del voto consciente, en elecciones libres y democráticas, a quienes valoremos como dignos de confianza para hacer viable nuestra legitima esperanza de bienestar general. Recordemos siempre que los puestos públicos son del Estado, no de las personas particulares y que todo servidor público debe actuar siempre en favor de la dignidad humana y el bienestar de la población; y que, en consecuencia, quienes aspiran a dirigirlo o a desempeñar otros cargos estatales deben tener las cualidades y la devoción social que se necesita para ello

Al actuar así, ante esta emergencia por COVID 19 y crisis nacional por otras amenazas humanas, mostraremos también al mundo que hemos despertado y que nos levantamos dignamente, en los difíciles tiempos que vivimos en Honduras. Tiempos que requieren, de nuestra República democrática ser constructora de una nueva y diferente realidad, en la cual todas y todos contribuyamos a mejorar progresivamente las condiciones de vida y de trabajo de toda la hondureñidad.

Para ello, necesitamos solidaridad concreta para el desarrollo y bienestar de toda la sociedad, afianzando la cohesión social para superar la crisis actual y construiruna edificante y diferente nueva realidad de dignidad humana y justicia social.

Dignificación del trabajo, realización de la persona humana, solidaridad y justicia social: posibilitarán exitoso crecimiento económico con equidad y bienestar nacional.

El trabajo decente, productivo y responsable es piedra angular para una sociedad y Estado con calidad democrática, por ser bien público del cual, por nuestra propia dignidad humana, todas y todos debemos responsablemente gozar, en condiciones de equidad, justicia social, seguridad y libertad.

Está señalado expresamente, en la Constitución de la República, que: “El Sistema Económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana”. Esa norma constitucional debió y debe servir de guía de acción a seguir por quienes dirigen tanto la institucionalidad pública como la privada y, en general, por toda la sociedad.

Esa forma de interactuar (con respeto mutuo y previniendo o resolviendo equitativamente los conflictos entre las diversas personas que aportan el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología), traerá consigo la solidaridad necesaria para la cohesión social, con consecuencias positivas de utilización de los recursos de manera racional, de aprovechamiento pleno de todos los potenciales existentes, de logro del máximo de producción con el mínimo de recursos; y de progreso social de las personas, familias, comunidades municipales y de la sociedad nacional.

El Estado de Honduras debe proteger a todas y todos los habitantes en su derecho al trabajo decente y productivo y a recibir oportunas capacitaciones y actualizaciones, y debe fomentar constantemente posibilidades de trabajo para todas y todos, en seguimiento de una política nacional activa de pleno empleo productivo y trabajo decente, con una estrategia clara conducente al desarrollo sostenible, con activa participación social.

Por eso, como ciudadano activo, reitero respetuosamente también al Estado, la recomendación de promover y apoyar concretamente el bienestar de las comunidades municipales, mediante la implementación transparente y verificable de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la seguridad humana para el Desarrollo Local Sostenible que, complementando la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo, incluya una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable, en cada municipio.

En esa dirección, en ejercicio democrático representativo y participativo e inclusivo del Estado: necesitamos atraer apoyo directo a los municipios, por la cooperación nacional e internacional vinculada por la Agenda mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos está el de “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

 Ese apoyo deberá comprender a todos los trabajadores y trabajadoras hondureños de la economía formal e informal, los trabajadores independientes, los que trabajan a domicilio, los que trabajan en las ciudades, y las otras personas que laboran en las zonas rurales. Con el mismo interés cívico – y porque esta situación tiene que ver también con su vida y dignidad – se debe atender a los hondureños y hondureñas actualmente desempleados y en edad de trabajar, entre ellos y en especial: jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas, incluyendo a trabajadores en la economía informal y a egresados de centros de educación superior que no encuentran posibilidades de trabajo. Todos ellos tienen el derecho a ser protegidos contra el desempleo, a ser capacitados y a tener oportunidades y reales posibilidades de trabajar.

 En fin, es necesario tomar consciencia de la necesidad real de fomentar la armonía laboral, la solidaridad con los trabajadores – en su salud, empleo y condiciones de vida- y de generar oportunidades de trabajo para quienes lo necesiten. Ello es un determinante social para superar la crisis actual y construir una diferente nueva realidad democrática de dignidad humana y justicia social, mediante la dignificación del trabajo, la realización de la persona humana, la solidaridad y la justicia social, que posibilitarán el crecimiento económico con equidad y el desarrollo sostenible nacional.

  A mayor solidaridad con la mejora progresiva de las capacidades, responsabilidades laborales y condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, y con quienes deben ser protegidos del desempleo: corresponderá mayor cohesión social para el desarrollo y bienestar de toda la sociedad, superando la crisis actual y construyendo una edificante y diferente nueva realidad.

 Quienes dirigen actualmente el Estado, deben rendir cuentas de lo que han hecho. en ocho años, en esa dirección. En el caso de los candidatos actuales que aspiran a ocupar cargos públicos: están llamados a exponer su propuesta racional de gobierno que de fe, ante el pueblo, de la validez cívica de sus aspiraciones, en cuanto a tener una idea clara del propósito superior de dignidad humana y  justicia social de la gestión democrática y del ejercicio de las funciones y atribuciones públicas; así como de tener probidad, integridad y capacidad para ello, y para dar respuesta a otros aspectos cruciales en materia de participación social, transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza para el fomento del desarrollo sostenible y de la democracia genuina, en Honduras.

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