Guatemala – Las autoridades de Guatemala detuvieron hoy al titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, y su antecesor, Carlos Enríquez Muñoz Roldán, por cobros ilegales en aduanas.
El Ministerio Público informó de que este jueves también fueron detenidas, hasta el momento, 20 personas, acusadas de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los distintos servicios aduaneros del país.
El caso de supuesta defraudación tributaria involucra además a Juan Carlos Monzón, un secretario de la vicepresidenta de la República de Guatemala, Roxana Baldetti, quien se encuentra fuera del país y sobre el cual pese una orden de búsqueda y captura.
Las autoridades indicaron este jueves que los detenidos integran una estructura criminal, por lo que el Ministerio Público los acusa de asociación ilícita para contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria.
El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, indicó este jueves que con base en las escuchas realizadas durante la investigación, se estableció que el nombramiento de Omar Franco «fortaleció» la estructura criminal, ya que antes de ser titular de la SAT pertenecía a esta red.
Velásquez calificó como importantes estos operativos y dijo que no se necesitará ni «un solo testimonio» para poder condenar a los acusados, ya que hay pruebas muy documentadas de toda esta trama.
«Hay vergonzosas conversaciones» en las que los involucrados, que forman parte de un «gran andamiaje», solo hablaban de incrementar el monto a recaudar porque «estaban bajo mínimos», resaltó el jefe de la comisión creada por la ONU en 2007.
Aunque por el momento no hay una cantidad aproximada del dinero que esta red pudo desfalcar al Estado, se estima que es muy elevada porque solo en un allanamiento decomisaron más de un millón de quetzales (más de 100.000 dólares).
El fiscal contra la impunidad, Óscar Shaad, aseguró que las detenciones realizadas hasta el momento, ya que la operación continúa abierta, son fruto de una investigación que empezó hace más de un año.
El objetivo de la supuesta banda criminal era «defraudar al erario nacional» a través de las aduanas, haciendo declaraciones inexactas del monto o de las mercancías, «además de la omisión total o parcial de los impuestos».
Shaad añadió que este tipo de delitos es algo habitual en la nación centroamericana, aunque reconoció que el Ministerio Público (MP) lleva dos años sin recibir ningún tipo de denuncias en las aduanas.
La investigación estuvo coordinada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la CICIG y la Policía Nacional Civil (PNC).
