Tegucigalpa – Las amenazas, asesinatos, la extorsión, la tentativa de homicidio, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, intrafamiliar y doméstica, atentados a la propiedad, rapto, lesiones, despojo de tierras, secuestros, usurpación de propiedad, el cambio climático y la discriminación, son las raíces que ponen en riesgo y provocan el desplazamiento forzado de personas en Honduras.
– Las víctimas de desplazamiento forzado por violencia figuran las amas de casa con el 48% de los casos, a ellas se suman las comerciantes con el 18%, las docentes con el 17%, las profesionales del derecho con el 9%, las enfermeras con el 4%, las estudiantes y periodistas con el 2% cada una.
El desplazamiento forzado es un problema altamente complejo, afecta a los niños, niñas, adolescentes y mujeres que tienen que abandonar la comunidad, la escuela y a sus amigos.
La amenaza es constante y el desplazamiento se sigue registrando en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Atlántida y Olancho.
En el 2022, el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente”, esta normativa tiene la finalidad de responder al desplazamiento interno.
Pese a su aprobación, aún se sigue esperando que se apruebe el reglamento para que entre en funcionamiento plenamente.
Desplazados suman a diario
Las familias desplazadas en su mayoría huyen de la violencia entre pandillas, las familias dejan atrás sus hogares por la violencia que impera en diferentes sectores de las principales ciudades del país.
Testimonios relatan cómo tuvieron que abandonar sus hogares, dejando atrás años de vida, donde el miedo, la pérdida y la incertidumbre que enfrentaron día a día los orilló a dejar sus viviendas abandonadas.
Ha sido muy difícil
“Tuve que salir de inmediato, tuve que dejar mi casa y venirme a vivir casi a una montaña, ha sido muy difícil para mí porque la vida me cambio”, relató una de las afectadas por el desplazamiento forzado en la colonia Ebenezer de Chamelecón, en San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras.
Detalló que antisociales llegaron a su casa, botaron la puerta y por la voluntad de Dios que nos dio la oportunidad de seguir con vida, ellos dijeron -tienen una hora para desalojar la vivienda-, esa gente no juega.
“Esa acción hizo que huyera de la zona, no quiero retroceder el tiempo, solo quiero tener una vida tranquila, las cosas materiales se recuperan, la vida no y mis hijos corrían peligro”, apuntó.
Las pandillas amenazan para que la gente honesta se vaya de sus casas y poder ellos apoderarse o simplemente quedan abandonadas las viviendas, es la dura realidad que viven cientos de familias en este país centroamericano.
Cinco departamentos con el mayor número de casos
En la última década, la violencia contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes en Honduras es una de las principales causas de desplazamiento forzado en el país, al registrar entre el 2016 y octubre del 2025 alrededor de 9 mil 401 quejas relacionadas a este fenómeno, de las cuales, el 50% fueron presentadas por mujeres.
La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló que, del departamento de Francisco Morazán, en la zona central del país, salió el 43 % de mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno, de Choluteca en la zona sur el 16 %, de Cortés en la región norte el 14 %, de Atlántida el 15 % y de Olancho el 12 %.
Estos mismos departamentos también dieron recepción a otras mujeres que fueron víctimas de desplazamiento forzado, para el caso, Francisco Morazán recepcionó el 21 %, Cortés el 13 %, Olancho el 9 %, Choluteca el 11 % y Atlántida el 9 %.
El incremento de mujeres desplazadas por violencia comenzó a agudizarse en el año 2022 al registrar 648 casos, un año después, alcanzó su pico más alto con 843 quejas, para el 2024 el número de casos fue de 559, en 2025, el Conadeh atendió 313 quejas de mujeres, de las cuales, el 71% estuvieron en riesgo mientras que el 29% fueron víctimas de desplazamiento. Del análisis de los casos se desprende que las personas afectadas, durante este periodo, fueron 644 mujeres y sus familias.
De acuerdo con la actividad que realizan, entre las víctimas de desplazamiento forzado por violencia figuran las amas de casa con el 48% de los casos, a ellas se suman las comerciantes con el 18%, las docentes con el 17%, las profesionales del derecho con el 9%, las enfermeras con el 4%, las estudiantes y periodistas con el 2% cada una.
Mujeres y niñas las más afectadas
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, declaró a Proceso Digital que la violencia contra las mujeres y las niñas es de las principales causas que está provocando su desplazamiento forzado y que tengan que salir huyendo de su lugar de residencia.
Con el 38% de los casos, las amenazas figuran como una de las principales causas de desplazamiento forzado de mujeres, a las que se suman casos de violencia, muerte violenta de parientes, lesiones y tentativas de homicidios, despojo y destrucción de viviendas.
El 27% de las mujeres, que interpusieron denuncias ante el Conadeh, responsabilizan a personas conocidas, el 25% a su pareja o ex pareja, mientras que el 16% a estructuras criminales y el 15% a personas desconocidas, mientras que el 7% son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Urge aprobar reglamento
Reyes agregó que se necesita, lo más pronto posible, que se trabaje, a nivel de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas, especialmente desde de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene la Secretaría Técnica, para presentar el Reglamento para su aprobación, el cual ya fue trabajado, ya está elaborado con organizaciones de sociedad civil, con instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional.
Indicó que el Reglamento está listo, solo se necesita, por un lado, que a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos se impulse su aprobación para que la Ley entre en vigencia plenamente, y por otro, que se le asignen los recursos necesarios para su implementación.
Asignación presupuestaria
Ese es el desafío, porque la Ley está, pero no existe la asignación presupuestaria para la atención a las víctimas, expresó.
Explicó que una persona desplazada necesita, necesariamente, que se le apoye en temas básicos como su alimentación, alojamiento temporal, una reubicación y el resto de derechos que ya establece la misma Ley.
Añadió que, en el 2026, el desplazamiento forzado seguirá siendo una realidad en el país, ya que las personas siguen llegando al Conadeh de manera individual, pero también de manera familiar. IR
