Tegucigalpa – Las más recientes operaciones militares al interior del principal centro penitenciario de Honduras, confirmó los hallazgos encontrados por misiones internacionales humanitarias, al señalar que la delegación del control interno de las cárceles ha sido traspasada por las autoridades a los propios reclusos, de ahí que no sea extraño que se hayan encontrado además de armas, televisores plasmas, teléfonos satelitales, lavadoras automáticas, combustibles, tabletas o iPad y hasta animales.
La operación en dos fases ejecutada por los uniformados, junto a las autoridades penitenciarias, develó el poder y los privilegios que ostentan las dos principales maras o pandillas que operan en el país como son la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha MS-13.
El malestar de los líderes de estos grupos delictivos no se hizo esperar, al trascender en algunos medios de prensa, llamadas anónimas que contenían presuntas amenazas hacia la autoridad por haber tocado sus territorios, más allá de lo permitido.
Esas llamadas telefónicas confirmaron que la comunicación telefónica sigue existiendo desde las cárceles en un hecho que además fue confirmado esta semana por uno de los más altos jefes policiales.
El poder del control interno que tienen los reclusos en las cárceles del país, apenas fue evidenciado por esos operativos, dejando dudas acerca de cómo se introdujo a esos centros los aparatos electrodomésticos, los animales como perros de raza y guaras, los teléfonos satelitales y otras prebendas, que para algunos grupos humanitarios, son parte de las terapias de rehabilitación y vacaciones profilácticas a que deben ser sometidos los privados de libertad.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández recientemente otorgó una nueva función a los militares al descabezar a parte de las autoridades que manejaban la comisión de transición de cara a la entrada en funciones del Instituto Penitenciario que tendrá a su cargo el desafío de devolver la gobernabilidad en las cárceles.
La decisión se tomó ante una serie de fugas de los centros penales, en especial en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en Támara, al norte de la capital, en donde los privados de libertad burlaron no sólo la vigilancia interna del recinto, sino que también el centro perimetral custodiado por elementos militares.
El poder de facto del crimen
Un informe de 2013 presentado por una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo una visita a los centros penales del país, reveló que la situación de abandono en que se encuentran los reclusorios ha traído como consecuencia, entre otras cosas, que el Estado haya delegado de facto aspectos fundamentales en la administración de las cárceles en los privados de libertad, instalándose así los llamados “autogobiernos” o “gobiernos compartidos”, que son ejercidos por medio de la figura de los “coordinadores”.
“Esta forma de organizar las relaciones de poder en las cárceles, sin una debida supervisión por parte del Estado, es la causa de muchos de los graves hechos de violencia carcelaria, y de otra serie de abusos, agresiones, irregularidades y delitos que se cometen rutinariamente en y desde las cárceles”, señala el informe oficial de la CIDH.
El informe atribuye esta crisis a la ausencia por décadas de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines humanitarios de reformas y readaptación social de los privados de libertad.
De ahí que al delegar el poder interno en el control de las cárceles a los privados de libertad, son éstos quienes imponen normas disciplinarias al resto de los reclusos, cobros ilegítimos por prebendas, fijar el precio de los alimentos y resolver conflictos de convivencia, entre otros, destaca el informe oficial.
Los “coordinadores” de las cárceles son, a su vez, los portavoces o interlocutores entre los reclusos y las autoridades penitenciarias, gozando así de enormes privilegios, al grado de poner las cuotas que deben pagar los reclusos que tienen a lo interno de las cárceles negocios informales.
Toda estructura de poder y de desgobierno por parte del Estado, son algunos de los enormes desafíos que debe enfrentar la actual administración, que busca con operativos a lo interno de los cárceles, palpar cuán grande es el control y que tan fácil o difícil será el desmontaje de las estructuras de poder.
Las cárceles hondureñas siguen siendo un polvorín a punto de estallar por el hacinamiento y por los problemas internos que allí se presentan. El traslado de las cárceles a un Instituto Penitenciario sigue siendo el modelo más adecuado, pero falta mucho en cuanto a la formación de los custodios penitenciarios, la construcción de más reclusorios, el problema de la mora judicial que permite el hacinamiento, entre otros aspectos.
Los primeros pasos
Las autoridades gubernamentales informaron que desde las cárceles se estaban ocasionando los mayores reportes del cobro de la extorsión a los hondureños, al tener evidencias que gran parte de las llamadas extorsionadoras procedían de los reclusorios.
En un primer paso por desmontar ese control delictivo, se procedió a bloquear las señales que permiten el uso de los teléfonos móviles desde los centros penales, una medida que al parecer ha empezado a dar resultado, pero que al encontrar en estos operativos teléfonos satelitales, todo indica que desde el interior de las cárceles, el crimen también muta en su forma de operar para seguir con la extorsión.
Esta semana jefes policiales han denunciado las llamadas que siguen saliendo desde las cárceles y han solicitado un mejor control de los mecanismos de regulación impulsados por el propio presidente Hernández.
Al par de este tipo de acciones de contrarrestar el poder a lo interno de las cárceles, las autoridades hondureñas presentaron recientemente lo que será el reglamento que regirá la Ley del Sistema Penitenciario, que busca, en el fondo, contribuir a devolver la gobernabilidad en los centros penales.
El reglamento es un instrumento jurídico que regula el funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y que incluye el régimen de visitas a privados de libertad, trabajo de internos penales, acceso a información, educación y salud, así como la rehabilitación y reinserción social de quienes se encuentran en condiciones de recuperar su libertad.
La concreción de estos resultados, el desmontaje de las estructuras de poder a lo interno debe pasar a otra fase más allá de los operativos que evidenciaron que hasta ahora, nadie se atrevía a ir más allá de una franja imaginaria diseñada por las pandillas para indicar a la propia autoridad: hasta aquí no lleguen.
El informe de la CIDH indica que en tanto no se desmonten esos privilegios de los llamados “coordinadores” de los internos que comparten con las autoridades de los centros penales, la recuperación de la gobernabilidad será cuesta arriba. Según el informe, la misión de la CIDH para poder hacer su trabajo a lo interno de las cárceles, tuvo que obtener -en más de una ocasión- el permiso o visto bueno del “coordinador” de los reclusos internos, que no es otro, que un privado de libertad.
