Tegucigalpa. – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) propuso recientemente al Congreso Nacional una serie de recomendaciones para impulsar una reforma integral en el sistema penitenciario que va desde una desmilitarización gradual de las cárceles, adecuar protocolos de seguridad a los estándares internacionales, hasta una mejor selección y capacitación del personal penitenciario.
La falta de identificación de la población reclusa, los traslados, la fuga de presos, las violaciones a los derechos humanos, así como la muerte violenta en los centros penales, son algunos de los aspectos que aborda en su informe la MACCIH, tras señalar que en los últimos días “las cárceles de máxima seguridad se han convertido en escenarios de hechos escalofriantes donde se han cometido asesinatos selectivos”.
En esos asesinatos selectivos “puede observarse (mediante videos públicos enviados desde las mismas cárceles) claramente la colusión de algunos funcionarios penitenciarios en estos crímenes”, agrega el informe.
En Honduras existen 25 centros de reclusión (1 de mujeres) y 3 centros anexos que sirven para internar a imputados que, por el ejercicio de sus funciones no pueden permanecer recluidos en los centros penitenciarios comunes.
De acuerdo con el informe de la MACCIH, al 8 de noviembre de 2019, la cifra de reclusos, hombres y mujeres ascendía a 21 mil 727 personas. Para el mes de marzo de 2019, la población reclusa estaba disgregada en 11,465 procesados (10,690 hombres y 775 mujeres), 9,381 condenados (9,005 hombres y 376 mujeres) 99 extranjeros procesados (91 hombres y 8 mujeres) y 59 condenados (54 hombres y 5 mujeres).
A ello se suman las dos cárceles de máxima seguridad El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
No obstante, pese a estos esfuerzos, el sistema penitenciario ha representado un problema no solo con el hacinamiento, sino en una gama de situaciones, como la falta de identificación de la población reclusa, traslados arbitrarios, fugas de presos, violaciones a los derechos humanos, así como muertes violentas en los centros de máxima seguridad, en donde se supondría que los estrictos protocolos de vigilancia y control sobre la población penitenciaria, así como la adquisición de instrumentos de alta tecnología como el Spectrum Bodyscan que permite detectar droga, armas, chip, teléfonos, la inseguridad en las cárceles no ha disminuido en proporción de lo esperado.
Desmilitarización gradual de las cárceles
En este sentido, la MACCIH recomienda citando los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos especializados de la ONU, que la reforma integral del sistema penitenciario debe ir encaminada a fortalecer las capacidades del Sistema Penitenciario Nacional y sus instituciones.
Para ello, “la desmilitarización de los centros penales es un imperativo que debe ir produciéndose de una forma gradual, para empoderar a las autoridades y funcionarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, a fin de encaminar las estrategias de seguridad en los centros penales con elementos sustantivos de seguridad ciudadana”, señala la propuesta de la Misión entregada recientemente al Congreso Nacional como parte de sus funciones establecidas en el convenio suscrito con el Estado de Honduras.
Asimismo, se propone que el sistema carcelario debe adecuar todos sus reglamentos y protocolos a los estándares internacionales relacionados con la materia penitenciaria y las convenciones y tratados firmados y ratificados por Honduras relativos al respeto de los derechos humanos y en especial de los privados de libertad.
Otra de las reformas que debe contemplar el sistema penitenciario es reglamentar los concursos para poder acceder a la carrera penitenciaria, mediante un proceso transparente y que contenga elementos selectivos de idoneidad y meritocracia.
Los centros penales deben también contar con un reglamento que permita clasificar la peligrosidad de los privados de libertad y este reglamento debe ser articulado mediante un análisis científico, que procure la efectividad y certidumbre en la clasificación, traslados y régimen de visitas de los privados de libertad.
Depurar el personal carcelario, es prioridad
“Entendemos la gravedad de la situación carcelaria, en donde la violencia ha venido actuando de manera desmesurada según ha podido apreciar la colectividad. Aun así, de no tomarse medidas respecto al hecho planteado, las expectativas de desarrollar un sistema de personal penitenciario civil, que atienda a las necesidades del país, se habrán evaporado”, señala en una de sus partes el informe de la Misión, elaborado por su División de Seguridad Pública.
La MACCIH propone incluir dentro de las reformas en el sistema penitenciario a instituciones estatales claves como la Secretaría de Derechos Humanos, además de incluir medidas orientadas a la rehabilitación y reeducación del personal que atiende a los reclusos, con controles permanentes y constantes que puedan dar fe de su eficiencia y cumplimiento de sus funciones.
Es preciso identificar a profundidad los antecedentes del personal penitenciario, y ello pasa por controles efectivos en los concursos a fin de iniciar un proceso de depuración que dé resultados orientados a fortalecer la idoneidad de quienes son parte del sistema penitenciario hondureño.
Las cárceles hondureñas, son también según la MACCIH, un foco de corrupción que obedece a la discrecionalidad con que se manejan, la conformación de “gobiernos internos” en donde según los privados de libertad, ahí por “todo se paga”.
