Tegucigalpa – Desde teléfonos inteligentes hasta carros blindados, se contemplan en el anteproyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operares de Justicia, según se informó luego de una reunión sostenida este jueves entre los miembros de la comisión de dictamen y representantes de distintos entes de seguridad del Estado.
El diputado Renán Inestroza, miembro de la comisión ordinaria de justicia y derechos humanos, indicó que se ha continuado este día con el proceso de socialización del anteproyecto de ley, al escuchar a los representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado, Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y las secretarías de Seguridad y Defensa.
“La preocupación de ellos, es el tema económico porque en virtud de la gran cantidad de beneficiarios, el presupuesto podría no alcanzar y ellos podrían ser denunciados por incumplimiento y después demandados y es así que nosotros les hemos pedido que nos den un estimado mínimo en función de los tres niveles de riesgo de los cuales podrían ser objeto cada una de las personas y que nos digan la cantidad de cuánta gente podría ser beneficiada en cada uno de esos niveles de riesgo”, señaló Inestroza.
Agregó que en ese sentido, los representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, se han comprometido que en un plazo de una a dos semanas, harán llegar esa primera estimación que se deberá sumar a la petición que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Explicó que se manejan tres niveles de riesgo y en primera instancia figura el preventivo, el que necesita medidas de protección y el que necesita medidas de protección urgentes que es cuando una persona tiene que ser reubicada dentro o fuera del país y que requiere una protección de simples policías sino de cuerpos especializados y hasta de un carro blindado para proteger sus vidas.
Indicó que no se puede precisar aún cuántas personas podrían ser beneficiadas con la ley y el monto que se requeriría para protegerlas, aunque se conoce que actualmente en el país hay 107 personas que gozan de medidas de protección, pero ahora se amplía el espectro al incluir a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia donde se incluyen jueces, magistrados, fiscales y policías.
Señaló que para la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, es fácil determinar cuánto necesita para el funcionamiento de la unidad que recibirá las denuncias que hará los análisis sobre los niveles de riesgo y otra que es preventiva, pero para la Policía es difícil porque ya involucra muchos aspectos de protección en el campo de operaciones para las personas.
Por su lado, el diputado Miguel Edgardo Martínez, miembro de la comisión dictaminadora, indicó que se ha hablado sobre diferentes temas para echar a andar la ley y en la reunión de hoy salieron muchos elementos, especialmente del tema presupuestario para la Policía ya que para que esa legislación sea efectiva, se necesita de un presupuesto.
En ese sentido, se está trabajando en conjunto la Secretaría de Derechos Humanos y la Policía para poder determinar a cuántas personas se les estaría brindando protección, según sea el caso y qué tipo de protección, y dentro de un par de semanas a más tardar ofrecerán un dato sobre el presupuesto.
Recordó que en septiembre próximo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional, el proyecto de Presupuesto General de la República para 2015, cuando esa ley ya estaría entrando en ejecución.
Añadió que en la reunión se hablaron detalles técnicos de lo que será la operatividad de esa ley lo que va desde la utilización de teléfonos inteligentes hasta carros blindados, vehículos normales, agentes policiales y armas, entre otros, lo que pasa por el tema presupuestario que se deberá incluir en la asignación de recursos de la República para el año 2015.
Entre tanto, el representante de la Policía Nacional, subcomisionado Orlin Cerrato, valoró la intención que tiene el anteproyecto y dijo que cuando se habla de seguridad, es importante poder observar los grupos vulnerables en el país y es una discusión permanente para ver cómo el Estado puede disminuir las amenazas que tienen ciertos gremios especiales en Honduras.
“Como institución tenemos que ser consecuentes con la realidad y hemos observado y analizado algunos aspectos dentro del anteproyecto y la forma en que se presenta, el aspecto de presupuesto para ver si va a haber la capacidad financiera para hacer operativa la ley, las capacidades que puede tener la institución policial a través de un diagnóstico de la posible cantidad de beneficiarios que puede tener la ley con la capacidad que tiene la institución y realmente hacer una evaluación a profundidad de este tipo de aspectos y analizar la dispersión de órganos en las diferentes secretarías de Estado para establecer la efectividad en la operatividad de esa ley”, argumentó el oficial.
Cerrato quien se desempeñó como portavoz de la Secretaría de Seguridad, indicó que se trata de un trabajo especializado por lo que se contempla la creación de escuelas especiales, entrenamiento y especialización del recurso humano involucrado en ese tipo de programas y hacer un análisis comparativo con la Ley de Testigos Protegidos, las medidas cautelares dictadas por órganos jurisdiccionales a nivel nacional o por organismos internacionales de derechos humanos y todo eso hay que valorarlo a efecto que la ley sea efectiva y consecuente con la realidad.
En la reunión participaron los diputados Miguel Edgardo Martínez, Jari Dixon y Renán Inestroza, miembros de la comisión dictaminadora además de Kenia Irías y Paolo Tavarone, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Asimismo, el subcomisionado Orlin Cerrato de la Policía Nacional; el representante de las Fuerzas Armadas, los coroneles Mario Alberto Ramírez y Óscar Edgardo Cerrato; el coronel Serbio Tulio Arista López de la Fusina; y el director nacional adjunto de Investigación e Inteligencia del Estado, comisario Gerson Velásquez, el coronel Guillermo Thumann Cordón y el comisario Rommel Martínez Torres.
