Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, cuestionó este viernes que el Estado haya desatendido, desde hace varios años, el manejo adecuado de los centros de privación de libertad para adolescentes infractores de la ley y que ahora éstos tengan el control de los mismos.
Reveló que hay una serie de dificultades que la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) puso de manifiesto desde el año 2006.
Mencionó para el caso que, en varios centros de detención no se distingue entre los menores que están sujetos a prisión preventiva y aquellos a los que ya se les ha dictado sentencia condenatoria.
Agregó que lo más preocupante es que los centros están bajo el control de los menores infractores cuando es el Estado es el que debería de asumirlo para hacer efectivas las medidas de rehabilitación.
El Ombudsman hondureño lamentó los hechos violentos suscitados en los últimos días que dejaron como saldo personas muertas y otros heridos y lesionados en su integridad física.
Entendemos, dijo Herrera Cáceres, que todo el manejo de un centro de internamiento de menores debe implicar la seguridad de quienes allí se encuentran recluidos, de los custodios y de la comunidad que rodea el centro de detención.
Explicó que el objetivo es que esos centros de privación de libertad de adolescentes no sean centros de violencia sino que, socio educativos, que permitan a esa juventud, que ha afectado intereses de la sociedad, rehabilitarse y poderse reinsertar en el sentido productivo de la sociedad.
Añadió que la manifestación de violencia siempre es una expresión de causas que no sólo obedecen a circunstancias del momento sino que a formas, procedimientos y estructuras que han sido condicionadas y han venido progresando lamentablemente a través del tiempo.
Recordó que los problemas de los centros de detención datan aún antes de 2000, pero que después de ese año se han ido acrecentando.
Expresó que el Conadeh ha verificado una serie de hechos como la falta de personal capacitado para dirigir los centros.
Ante una posible militarización de los centros de internamiento, el defensor del pueblo, es del criterio que se deben respetar las normas internacionales para asegurar que, en todo caso, como se va a manejar el uso de la fuerza y utilizar la fuerza, si hay que utilizarla, únicamente en los casos en que no exista otra alternativa.
Nos preocupa, dijo Herrera Cáceres, la vida de los policías, de los militares, de los internos y de cada uno de los ocho millones y medio de hondureños.
