Tegucigalpa – La depuración en la Policía Nacional cumplió 30 meses con innumerables desafíos, a un ritmo sin prisas, pero sin pausas, tras conocer esta semana que una red de oficiales cobraron millonarios sobornos a ganaderos en el sur de Honduras.
– En EEUU, ocho exmiembros de la carrera policial enfrentan la justicia por delitos de narcotráfico, de los que cuatro ya fueron condenados.
– Al menos 20 oficiales de la policía son investigados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, reveló esta semana el Tribunal Superior de Cuentas.
– La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) deberá empujar con más ahínco el proceso de depuración.
Cuando empezó el tortuoso camino de la depuración, el cuerpo del orden estaba totalmente desprestigiado y muchos de sus miembros tenían ligues con el crimen organizado, delincuencia común y otras formas de delitos.
Las acciones inmediatas de la Comisión Especial apartaron a oficiales que habían sido cuestionados y otros que simplemente habían cumplido su ciclo en la institución. Vergonzosas historias protagonizadas por malos policías eran el pan de cada día, como el de una vendedora de tortillas que era extorsionada por agentes activos hasta los que usaron el uniforme y el arma de reglamento para asesinar a dos jóvenes universitarios en octubre de 2011.
En ese duro y doloroso trayecto de pretender limpiar la imagen de la Policía hondureña otros uniformados se aliaron con bandas de narcotraficantes y hasta halaron el gatillo para asesinar a operadores de justicia y otras personalidades del país.
Depuración en cifras
Uno de los cuestionamientos que se le hace al proceso de depuración es que muchos, altos oficiales especialmente, salieron con un rosario de delitos y aún no son acusados ante los tribunales de justicia.
Los números de la depuración dan cuenta que cinco mil 218 miembros de la carrera policial han sido apartados -desde abril de 2016-, de los que cuatro mil 519 eran oficiales y agentes de escala básica, en tanto 699 formaron parte del personal auxiliar.
Bajo ese mismo esquema han sido incorporados al cuerpo del orden público, cinco mil 487 agentes y policías egresados de la Academia Nacional de Policía (Anapo) y el Instituto Técnico Policial (ITP).
La Comisión de Depuración de la Policía ha remitido a la Fiscalía 147 expedientes con pruebas que involucran más de 500 oficiales y esta misma semana el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló que investigan a 20 altos cargos de la institución por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Estas acciones han permitido golpes como el de la última semana, mediante el cual el Ministerio Público ejecutó varias capturas y el aseguramiento de 31 propiedades del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, éste aún prófugo de la justicia.
La red de policías -seis activos y tres depurados- son acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Cuatro ya fueron detenidos y enfrentan causa penal.
El expediente judicial establece que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, no se justifica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que es de 55 mil 395.20 lempiras.
Cabe señalar que el 17 de mayo de 2016 -hace 28 meses- el oficial Lorgio Oquelí Mejía Tinoco fue ratificado por la Comisión de Depuración junto a 68 subcomisionados. En esa misma oportunidad fueron cancelados 30 subcomisionados y se abrió expediente para los oficiales Mario Guillermo Mejía Vargas, actualmente preso en EEUU y ligado al crimen del Fiscal de Oro Orlan Chávez; así como para José Orlando Leiva Natarén, quien en junio de este año fue detenido en Estados Unidos por tener alerta roja acusado por lavado de activos y según la Fiscalía hondureña movió 913 millones de lempiras en dos años.
Trabajo aceptable
Para Carlos Hernández, coordinador de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Comisión Depuradora ha realizado un trabajo aceptable, al tiempo que consideró que el proceso debe ser constante, que además se deben proteger los avances y que de alguna manera hay que seguir apoyando esta labor que es referente en la región porque es única.
“La depuración policial es el resultado del deseo de la población que anhela una Policía transparente, creo que en los últimos acontecimientos demuestran que hay un cambio de cultura en la Policía cuando los hemos visto capturar a sus propios compañeros que no han ocultado información respecto a las últimas denuncias que ha habido, eso es bueno y positivo”, dijo Hernández.
Consideró que “es un proceso largo que debe ser permanente, nosotros desde la sociedad civil lo que queremos es que no se termine lo ya ha empezado, sino que pueda haber una institución fuerte con protocolo con temas que permitan excluir de la institución policías vinculados en situaciones irregulares o actos criminales”.
Según Hernández “cualquier fuerza de seguridad que esté en contacto permanente con la población siempre hay riesgos de corrupción en cualquier policía en el mundo, lo importante es que las instituciones tengan los mecanismos para identificar esas faltas y las sanciones oportunas, ya sean administrativas o penales”.
“Lo que teníamos antes es que los policías cometían delitos y no se conocían, se ocultaban, había solidaridad equivocada porque eran solidarios con el mal, lo que necesitamos es que Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) pueda ser fortalecida y tenga los recursos necesarios para que haya seguimiento al trabajo de la Comisión Depuradora”, externó.
En ese sentido, externó que “la Depuradora hizo un trabajo muy relevante, valiente, radical y bastante fuerte, pero se requiere que la institucionalidad pueda funcionar y que Didapol haga su trabajo, apenas son dos meses de su nombramiento. La Comisión tuvo asesoramiento de expertos, obviamente los malos policías tenían poder y la capacidad hasta de pagar abogado y penetrar políticos”.
Y en “los tribunales han resuelto favorable algunos recursos que se han interpuesto, confiamos en que se siga actuando de la misma forma, se han tomado la previsiones y las lecciones del pasado, que se sacaron policías sin debido proceso y fueron reintegrados en este caso la mayoría salieron por un proceso de restructuración, que tiene los argumentos legales para evitar los errores que se cometieron en el pasado”.
Finalmente, indicó “queremos una Policía que le cumpla al pueblo, transparente, sólida, fuerte, eficiente y respetuosa de los derechos humanos. Es un proceso que ha sido fuerte y radical, único en las Américas, cinco mil policías en 30 meses, es un modelo que está sirviendo de ejemplo, el proceso por el que pasa la policía hay que cuidarlo y protegerlo. Hay adversarios, enemigos del proceso, pero es normal lo importante es asegurar que se hagan la cosas conforme a derecho de ley”.
Depuración cuestionada
Por su parte, la comisionada en condición de retiro de la Policía Nacional y actual diputada, María Luisa Borjas, las cosas no están bien para una Comisión que se tomó las cosas a la ligera, ya que no se respetaron algunos procesos y eso le puede costar demandas caras al Estado. “Parece que el mandato es destruir y no construir una policía”, señaló.
Borjas, expresó “yo lo pronostique, la Comisión no iba a funcionar porque no seleccionaron las personas apropiadas, que conocieran el quehacer policial y el perfil de oficiales; en la Policía todos sabemos quién es quién, lo que han venido haciendo es proteger a los que tienen padrino para poner en evidencia y sacar de la institución a los que no tienen padrinazgos, quienes con su honradez, trayectoria dentro de la ley les estorban para la comisión de actos ilícitos”.
“Pareciera que el mandato de la Comisión, es el de destruir la Policía, entonces se ve como en los últimos meses ha habido captura de policías liderando bandas, cometiendo actos ilícitos hasta han hecho películas de mal gusto para darle preponderancia a lo que es la Policía Militar, quienes dicen que en menos de 5 minutos llegan a los lugares donde se reportan problemas cuando todos sabemos que uno lo llama y llegan hasta después de dos o tres horas”, cuestionó.
“Vemos que le han quitado prácticamente todas las funciones la Policía Nacional, en tanto la Policía Militar está usurpando funciones de investigación; hasta en el 911, pues quienes están ahí, deciden qué denuncias proceden y cuáles no. El caso es que ellos desconocen la mayoría de las leyes y procedimientos para atender los problemas ciudadanos. La Comisión depuradora cometió delito de abuso autoridad”, sentenció.
Asimismo, indicó que “sin observar el debido proceso se empezó a despedir policías sin darles el derecho a la defensa, sin el procedimiento establecido. Ahora lo que maneja en la Corte Suprema de Justicia, es que la mayoría de esos policías van a ser reintegrados y el Estado va a tener que pagarle sueldos caído y todos sus derechos. Esto sucede porque nuestro país no se deducen responsabilidades civiles y penales a los funcionarios que cometen el abuso”.
Y recalcó que “la ley establece cuál es el procedimiento, y cuando sean falta administrativas, pues hay que someterlo al proceso a una audiencia de descargo, claro cuando esta acción constituye delito y deja de ser potestad policial y de la comisión, y tiene que remitirlo a la fiscalía que es el ente encargado de investigar y judicializar los casos”.
“Este proceso terminará, como termina todas las comisiones en el país porque lo que menos van a hacer es proteger los intereses de los ciudadanos, lo que pasa es que son las mismas personas las que nombran en todas las comisiones. Por ejemplo el caso del Seguro Social, no ha beneficiado en nada, pues no se ha podido restituir los daños económicos que sean hicieron”, aseveró.
Operaciones contra policías
En los últimos años la Fiscalía hondureña ha ejecutado varias operaciones contra miembros de la carrera policial, acusados por delitos de criminalidad organizada.
En julio de 2017, a través de la Operación Perseo se aseguraron 42 bienes inmuebles, 332 bienes muebles en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Copán, Colón y Atlántida, relacionados al caso de lavado de activos que involucró al exoficial Jorge Alberto Barralaga.
Luego mediante Operación Dignidad -febrero de 2017- se logró la captura de los presuntos responsables del asesinato del Fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, hecho ocurrido en abril de 2013.
En noviembre de 2016, durante la ejecución de la Operación Panamericano se logró la captura de tres oficiales de la Policía hondureña.
A finales de septiembre de 2016 también se golpeó a empleados de la carrera policial. Mediante la Operación Medusa se capturó a media docena de operadores de justicia, entre ellos a Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó como administrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional.
En julio de 2016 se desarrolló la Operación Ariete con el afán de asegurar bienes ligados a los policías acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
En febrero de 2016, mediante la Operación Avalancha fue detenido el subcomisario de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, acusado por asociación ilícita.
Más expolicías detenidos por sonados crímenes
En diciembre de 2016, a través de la Operación Tifón III, fue capturado un elemento policial señalado de haber participado en el crimen contra el hijo del exgerente financiero del Seguro Social, Ramón Bertetty.
Es así que fue aprehendido el expolicía Saúl Medina como sospechoso del crimen.
Mientras en octubre de 2016, la ATIC capturó a otro expolicía por suponerlo responsable de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, hecho ocurrido en octubre de 2014 en San Pedro Sula.
El imputado fue identificado como Roberto Armando Carranza Romero, alias “Carranza”. Sin embargo, un día antes fue detenido Jacinto Mendoza García, alias el “Kamuma”, un expolicía vinculado al crimen de las dos abogadas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la extradición hacia Estados Unidos del expolicía, Wilmer Alonso Carranza, a quien se le acusa por varios delitos de narcotráfico.
Policías ante justicia de EEUU
Aunque son ocho elementos policiales que enfrentan la justicia en cortes de EEUU, solo dos han sido extraditados mediante la figura del auto acordado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Los restantes cinco se entregaron en forma voluntaria.
Wilmer Carranza Bonilla y Ludwig Criss Zelaya Romero fueron entregados por el gobierno de Honduras a su par de EEUU, en tanto Mario Guillermo Mejía Vargas, Jorge Alberto Cruz Chávez, Juan Manuel Ávila Meza, Víctor Oswaldo López Flores, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares Zúniga, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todos son señalados por delitos de narcotráfico. Los últimos tres ya fueron condenados a 5, 12 y 14 años de cárcel, respectivamente.
Así pues el proceso de depuración en la Policía de Honduras transita momentos escabrosos y se prevé más acciones de las autoridades para desarticular redes criminales lideradas por oficiales.
