Denunciaron que en los últimos cuatro años se registran más de 4 mil 500 campesinos que enfrentan procesos judiciales en su lucha por el acceso a la tierra.
“Este derecho constitucional no se respeta y en cambio el Estado criminaliza a la población campesina. 140 campesinos y campesinas han sido asesinados a nivel nacional y los actores materiales e intelectuales siguen gozando de total impunidad”, reza el comunicado de la Plataforma Agraria.
Además, señalan que el asesinato del abogado José Antonio Trejo en septiembre de 2012, quien era apoderado legal del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), fue parte del plan para despojarlos de la tierra, hecho que se complementó con los desalojos ilegales de la Cooperativa San Isidro en septiembre de 2013 y de las cooperativas El Despertar y La Trinidad el pasado 21 de mayo.
Acusan que la Finca Paso Aguán de la comunidad de Panamá que está en disputa, ha sido utilizada como cementerio clandestino por los guardias de seguridad del señor Miguel Facussé.
“Denunciamos que la Fiscalía del Ministerio Público a través de la Unidad Especial de Investigación para los asesinatos en el Bajo Aguán, dirigida por el fiscal Javier Guzmán, no ha realizado un proceso trasparente, ni participativo, ni autorizado, por los familiares de las víctimas de las campesinas y campesinos asesinados, por lo que este proceso se vuelve dudoso e irregular”, subraya el comunicado.
Puntualizan que “la crisis agraria y alimentaria que actualmente vive nuestro país fue generada por la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, la que ha provocado la concentración de un 56% de la tierra para el desarrollo del monocultivo y biocombustible por encima de la necesidad alimentaria de la población, priorizando en los intereses de terratenientes y corporaciones como Dinant que sólo buscan limpiar su imagen ante organismos financieros internacionales, para continuar acumulando capital”.
