Buenos Aires – Un abogado denunció hoy a ocho senadores opositores de Argentina por presunta sedición debido a que se negaron a iniciar el proceso de selección para cubrir la vacante en la Corte Suprema de Justicia.
La demanda fue presentada ante la jueza federal María Servini de Cubría por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, ligado al oficialismo.
La denuncia alcanza a Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando ‘Pino’ Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez, de diversos partidos de oposición.
Estos parlamentarios habían suscrito un «compromiso público» para no habilitar el proceso de selección para cubrir la vacante en el Supremo hasta que se celebren las elecciones generales de octubre de 2015, en las que se elegirá presidente y se renovarán ambas cámaras del Parlamento, hoy controladas por el oficialismo.
En su denuncia, Barcesat citó a un artículo del Código Penal que prevé hasta cuatro años de prisión para quienes se alcen «públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales».
En octubre pasado, el juez supremo Eugenio Zaffaroni presentó su renuncia a la Corte a partir de enero de 2015, dimisión que dejará al Supremo Tribunal con cuatro miembros, ya que a esta renuncia se suman el fallecimiento este año de los jueces supremos Enrique Santiago Petracchi y Carmen María Argibay, por lo que se deberá iniciar el proceso para designar a un nuevo integrante.
En virtud de una reforma legal aprobada en 2006, el número de miembros de la Corte fue reducido a cinco, sin que ello modificara la entonces composición del tribunal, cuya cantidad de integrantes se iría reduciendo por renuncia o fallecimiento hasta llegar a las cinco sillas.
Los miembros del máximo tribunal son elegidos a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado.
De momento, el Gobierno no ha presentado un candidato.
Según la denuncia de Barcesat, el compromiso firmado por la oposición constituye «una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo nacional cumplimente la manda constitucional» de cubrir la vacante en la Corte.
Para el denunciante, la decisión de los senadores opositores «denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático».
