Tegucigalpa – El comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, denunció hoy que entre 2014 y lo que va de 2018 el organismo estatal ha recibido 1.676 casos de vulneraciones graves del derecho a la salud.
En una rueda de prensa, Herrera indicó que entre los problemas más graves que enfrentan las personas son «negligencia o mala práctica médica, así como la negativa a prestar servicios eficientes o proporcionarlos con una calidad inferior a la requerida».
A ellos se suman acciones u omisiones que atentan contra la salud preventiva y la inmunización, la denegación, deficiencia o maltrato en la prestación del servicio de salud y la ausencia de medicamentos en el sistema, añadió.
El 30,4 por ciento de las denuncias se registraron en el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa; Atlántida (10,9 por ciento), Cortés (9 por ciento), Olancho (7,1 por ciento) y Choluteca (6,9 por ciento), según un informe del organismo hondureño de derechos humanos.
El defensor del pueblo hondureño dijo que las instituciones más denunciadas son la Secretaría de Salud con 827 quejas, centros penales (261), particulares (132) y clínicas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (73).
El estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) ha realizado este año una supervisión en 31 hospitales públicos, 73 centros de salud y 14 clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Según el informe del Conadeh, una de las novedades de la supervisión fue la incorporación de representantes de las Redes Multisectoriales de grupos en condición de vulnerabilidad que ejecutan en todo el país una estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible.
La inspección cubrió aspectos básicos como la asistencia sanitaria esencial disponible y accesible a todas las personas y familias de la comunidad (atención primaria de la salud), así como la disponibilidad de medicamentos esenciales y vitales.
Además, la distribución equitativa de las instalaciones, bienes y servicios de salud, la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e infantil, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas en la comunidad y el acceso a la información relativa a los principales problemas de salud.
El ombudsman hondureño considera «urgente organizar el sistema de salud para solucionar los problemas que dificultan su funcionamiento» y ampliar la cobertura de centros de atención hospitalaria.
La ausencia de una administración especializada en establecimientos de salud, una consecuente gerencia efectiva y una infraestructura obsoleta y sin mantenimiento, son los principales obstáculos hallados por el organismo hondureño durante la inspección.
Asimismo, el permanente desabastecimiento de medicamentos e insumos, equipo y mobiliario insuficiente, deteriorado y sin mantenimiento, la insuficiencia de personal médico y trabajadores de salud, la baja calidad en atención y la falta de financiamiento.
Herrera señaló que estos obstáculos y limitantes deben «ser superados con la prioridad y la urgencia requeridas a fin de garantizar el acceso básico y oportuno de la población a la salud».
Destacó la necesidad de proveer recursos y suministros básicos de calidad, reducir los gastos privados o del «bolsillo» del pueblo, mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipo hospitalario, así como ampliar la cobertura de personal médico y trabajadores de la salud.
El defensor del pueblo hondureño señaló que «la persistencia» de esos problemas evidencia que «no se han cumplido todavía las recomendaciones» que presentó al Estado de Honduras en 2014.
