La jueza Lilian Maldonado del Juzgado Unificado de lo Penal de Francisco Morazán tomó la declaración inicial a Espinal y posteriormente ordenó su reclusión en una instalación militar de esta ciudad por los seis días que manda la ley.
Testigos y periodistas relataron que la fiscal irrumpió en llanto cuando la jueza le decretó la prisión preventiva.
Familiares, amigos y compañeros de trabajo de la acusada llegaron hasta el tribunal para solidarizarse con ella.
Dentro de los seis días que establece la ley, la imputada deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para la celebración de la primera audiencia y ahí se decidirá si continúa o no en prisión.
Espinal fue presentada hoy mismo a los juzgados unificados de Francisco Morazán para tomarle la declaración de imputada y deducirle las responsabilidades del caso.
La acusación formal fue presentada al filo del mediodía por la fiscal especial contra la corrupción Karla García.
Espinal fue detenida el martes por agentes de un grupo especial contra el crimen organizado en un centro comercial de Tegucigalpa, donde se había citado con el empresario al que investigaba.
El empresario, no identificado, denunció a Espinal esta semana ante el propio Ministerio Público porque le pedía 1,5 millones de lempiras (unos 79.365 dólares) para no elevar a los tribunales de justicia la investigación en su contra.
Inmediatamente después de la denuncia, las autoridades del Ministerio Público ordenaron la investigación contra la fiscal y el seguimiento de sus contactos con el empresario, hasta culminar con su captura.
El fiscal general adjunto, Omar Cerna, lamentó que una funcionaria del Ministerio Público haya sido detenida por delinquir, pero dijo que su detención es una muestra de que las autoridades están trabajando para adecentar la institución.
Cerna no quiso ofrecer mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, ya que, según dijo, se indaga si operaba con otros funcionarios o lo hacía sola.
Por lo pronto, indicó que Espinal fue suspendida y puesta a las órdenes de la policía, mientras se evacuan los medios de prueba.
Indicó que a raíz de este hecho, las autoridades del Ministerio Público determinaron someter a revisión los casos que la fiscal tenía a su cargo, incluso uno relacionado con el atropellamiento de cuatro jóvenes universitarios en la colonia San Ángel al oriente de la capital.
En este último caso, el imputado, que el día del accidente conducía su vehículo a exceso de velocidad, fue dejado en libertad
