Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – A escasos días para la asunción de un nuevo gobierno en Honduras, donde la izquierda fue derrotada en los comicios del 30 de noviembre de 2025, la historia que antecede al proceso electoral está llena de matices que dibujan la crónica de un sabotaje fallido que aspiraba a que no hubiera declaratoria oficial ni instalación de una nueva administración por los próximos cuatro años. Así lo plasma en su Declaratoria Electoral el Consejo Nacional Electoral (CNE), como órgano rector de los procesos electorales en Honduras.
En los Considerandos que certifican la Declaratoria de las Elecciones Generales en Honduras, el CNE describe los obstáculos y sabotajes que tuvo el proceso a lo interno y a lo externo en un afán por evitar que las elecciones del 30 de noviembre culminará con una declaratoria para dar paso a un nuevo gobierno como resultado del voto popular en las urnas.
La persecución del Ministerio Público, el boicot a lo interno por parte del consejero Marlon Ochoa, el papel de dos partidos políticos obstaculizando el conteo de actas a través de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento de Votos que para escrutar una mesa se tomaron 12 horas cuando lo ideal era de 40 minutos—según tiempo cronometrado por los expertos—la injerencia del Congreso Nacional y la negativa de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) a querer publicar en La Gaceta la Declaratoria de las Elecciones, son algunos de los obstáculos enfrentados por las autoridades del CNE como parte del sabotaje promovido desde el oficialismo y del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre).
La estrategia, advierte el CNE en el relato que hizo de los hechos, era anular las elecciones, al desconocer la autonomía del ente rector electoral y tratar de suplantar sus funciones constitucionales a través del Congreso Nacional con interpretaciones jurídicas fuera de su competencia y legalidad.
A lo largo del proceso electoral, las elecciones del 30 de noviembre estuvieron marcadas por la incertidumbre y la controversia, el preámbulo al escenario final que terminó con la declaratoria de los comicios se vivió en los elecciones primarias e internas del 9 de marzo, con el paseo por más de 8 horas por la ciudad capital de las maletas electorales para evitar que la gente ejerciera el sufragio, y que evidenció la politización de las Fuerzas Armadas bajo el mando del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, ahora ministro de Defensa en los días que restan del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
El papel de las Fuerzas Armadas—altamente cuestionado en las primarias y la constante confrontación del general Hernández con las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López—llevó a la institución castrense a replantearse su rol ante la pérdida de confianza y credibilidad en que había caído, obligando a la nueva cúpula castrense al mando del general Héctor Valerio Ardón, a cumplir el rol constitucional del ente armado de garantizar la alternabilidad en el poder y alejarse de las posiciones político-partidarias. Fueron al final del proceso, los garantes para que se respetara la declaratoria del CNE y el país se encaminara a un traspaso de mando, anunciado a regañadientes por la presidenta Xiomara Castro.
El CNE como lo reitera en la Declaratoria de las Elecciones Generales del 30 de noviembre, es un organismo constitucional, especializado, autónomo, técnico e independiente sin relaciones de subordinación con los Poderes del Estado, creado en la Constitución con competencia exclusiva para efectuar los actos y procedimientos administrativos y técnicos de las elecciones internas, primarias, generales, plebiscito y referéndum o consultas ciudadanas.
El constante sabotaje del CN
Pero, en el actual proceso electoral que recién culmina, el CNE ha estado siendo objeto de amenazas y constantes sabotajes, obstrucciones y presiones durante el proceso electoral que los llevó a adoptar medidas que evitaran la continuación de retrasos operativos que darían “eventualmente la habilitación para la sustitución de su competencia, vaciando de contenido dicha autonomía, politizando la declaratoria, quebrando el principio de separación de funciones al usurpar las que corresponden exclusivamente al CNE”.
Se refiere así a los intentos del Congreso Nacional por usurpar esas funciones y desconocer los resultados de la elección. Según el Consejo Nacional Electoral, “el Congreso Nacional no es un órgano que sustituye al CNE en sus atribuciones sobre la declaratoria, mucho menos en los aspectos procedimentales de escrutinio general. Salvo, sostiene, en escenarios de imposibilidad objetiva, absoluta y verificable “que son totalmente inexistentes en este caso”, asegura el máximo ente rector en materia electoral. Existen, asegura, límites constitucionales a la intervención del Congreso Nacional en una declaratoria de Elecciones, debiendo valorarse las diferencias jurídicas entre una imposibilidad legal y material objetiva, que hasta este momento es inexistente.
La Declaratoria del CNE registra cómo el consejero Marlon Ochoa, no solo torpedeó el recuento de votos relacionados con las alcaldías, en especial la del Municipio del Distrito Central, al recular en una determinación tomada en pleno y enviar, de forma inconsulta, una propuesta al Congreso Nacional para que se extendiera el plazo de la declaratoria hasta concluir el conteo de votos en los niveles electivos de diputados y alcaldes.
El consejero Ochoa, “remitió propuesta de iniciativa de ley dirigida al Congreso Nacional para ampliar el término de la declaratoria para los niveles electivos de Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales. Debe resaltarse que esta propuesta se hace en medio de un contexto crítico, donde quien ejerce la titularidad del Poder Legislativo ha venido realizando manifestaciones escritas y comparecencias públicas excediendo sus facultades y atacando directamente a las consejeras y al proceso electoral, donde él no resulta electo”, destaca en su declaratoria el CNE.
“Otro elemento fundamental de ese contexto crítico es que, durante las últimas horas, ha convocado exclusivamente a diputados propietarios y suplentes de una bancada en calidad de pleno; ante lo cual, las otras bancadas realizaron convocatoria urgente para prevenir posibles acciones inconstitucionales e ilegales a realizar por un pleno constituido irregularmente para tomar decisiones contra el proceso electoral y las bases democráticas del país. Resulta evidente que no se dan las condiciones mínimas de certeza y seguridad jurídica para realizar solicitud alguna al Congreso Nacional y menos aún, encontrándonos en las últimas horas del plazo máximo otorgado al CNE para la emisión de la declaratoria, que no puede detenerse por la expectativa de una prórroga, que además de pretender que se remita tardíamente, se dirigiría a funcionarios que han sido sujetos activos de gran parte de los ataques al proceso, con condiciones adversas para aprobarse en sesión legalmente constituida en el Congreso Nacional”, agrega.
“Que resulta evidente que la propuesta del consejero Propietario se realiza porque es consciente de los hechos objetivos, según los cuales es materialmente imposible realizar los escrutinios especiales pendientes (debido al sabotaje ya referido) en el remanente del tiempo disponible. Con lo cual, en realidad, es el mismo consejero quien prácticamente admite las consecuencias derivadas de la pérdida de tiempo intencional realizada por miembros de JEVR. Lo razonable, en todo caso, considerando el bien mayor es admitir con transparencia que habrá casos que tendrán que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Electoral, órgano al cual este CNE se encuentra en la disposición de apoyar logísticamente para que realicen los recuentos que se consideren procedentes y se culmine de forma total y justa los casos puntuales que deben terminar de alimentar la plataforma de divulgación”.
Se quería instalar un Gobierno de Transición
En el intento de suplantar de funciones al CNE, éste advierte de las manipulaciones para desplazarlo de sus funciones y atribuciones, y que “incluso se anuncie con antelación la existencia de un gobierno de transición y de celebración de nuevas elecciones, sin que concurra fundamento alguno para ello; estos hechos son de público conocimiento y resulta evidente que de materializarse se vulneraría la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025”.
En el documento de la Declaratoria, el CNE aborda los problemas obtenidos en el escrutinio especial y el papel de dos partidos políticos por boicotear el conteo. “La dificultad operativa que ha sido implantada en el CNE a través del ejercicio de atribuciones de personas que integran otros organismos electorales (Juntas Especiales de Verificación y Recuento JEVR), designadas por los partidos políticos, genera retrasos, desacuerdos y controversias, más no impide legalmente y de forma material y objetiva reconocer la existencia del CNE, el respaldo físico documental, la existencia de Quórum de Ley, el marco legal suficiente y sobre todo, la existencia de resultados electorales del 30 de noviembre”, asevera.
Según el CNE, “de no haber existido un retardo malicioso y dirigido a realizar un veto político a la decisión soberana del pueblo desde algunos sectores de Partidos Políticos a través de sus representantes en las JEVR ya se contaría con la totalidad del procesamiento de escrutinios especiales. El promedio diario de Juntas Especiales de Verificación y recuento integradas por turno fue de noventa y cinco (95), a pesar de que la logística prevista tenía una ocupación de hasta ciento cincuenta (150) JEVR simultáneas y se acreditaron doscientos (200) miembros por partido político para cada uno de los dos turnos”.
“El partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y Refundación acreditaron el 100% de los representantes en ambos turnos según datos reportados por el Sistema de Gestión de la Información de los Partidos Políticos, sin embargo, durante ninguna jornada se tuvo la cantidad de miembros para habilitar el total de estaciones para JEVR, en vista de que los miembros del Partido Liberal de Honduras y Partido Libertad y Refundación manifestaron no tener la totalidad de miembros disponibles”, revela el Consejo Nacional Electoral.
Los hechos de sabotaje electoral—sostiene—al interior de las JEVR, la violencia interna sin precedentes en el Centro Logístico Electoral y en trayectos, de miembros de JEVR hacia el mismo, el ataque permanente sostenido en el tiempo durante meses, que constituye un concurso complejo de delitos continuados que incluyen violencia de género, delitos contra el honor, la integridad física y psíquica, “la libertad de las consejeras suscritas y nuestras familias es un escenario sin precedente alguno en la región que no debe minimizarse y que pudo tener un impacto directo en no realizar las Elecciones y la declaratoria, como hasta el último momento se sigue intentando por personas que instrumentalizan instituciones estatales y presuntamente autónomas como el Ministerio Público”.
Las autoridades del CNE destacan que el proceso electoral del 30 de noviembre fue pacífico y limpio y que no hubo falseamiento de la voluntad popular y así lo reflejan en sus informes las distintas Misiones de Observación Nacional e Internacionales, así como por organismos multilaterales “donde se ha resaltado que las Elecciones fueron pacíficas, participativas y que, a pesar de no haber sido perfectas por existir defectos procesales que afectan algunos aspectos, más no la totalidad del proceso electoral, ni mucho menos sus resultados. Dichas aseveraciones se han realizado desde la neutralidad política, su imparcialidad, perspectiva técnica y que responde a estándares internacionales que rigen la observación”.
El boicot de la ENAG
Otro acto del boicot que sorteó el CNE fue la negativa de la ENAG para publicar los resultados en el diario oficial La Gaceta. “Actualmente, no existen condiciones que favorecen ni la transmisión en cadena nacional de la declaratoria, ni su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Tal como ha sido demostrado con hechos, cuando personal de Secretaría General del CNE ha acudido en repetidas ocasiones a la Secretaría de Presidencia con el fin de entregar (para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta) la Certificación contentiva de la Declaratoria del nivel electivo Presidencial, Elecciones Generales 2025; sin embargo, tal como consta en actas notariales, el documento no ha sido recibido por negativa expresa, ni en la Secretaría de la Presidencia, ni en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, que es la entidad desconcentrada dependiente de la Presidencia de la República encargada del tiraje de dicho diario oficial”.
No obstante, “el CNE publicó la declaratoria a nivel presidencial en la página web oficial de la institución y en los diarios de mayor circulación nacional y así se hará en esta ocasión de persistir la negativa” señala al referirse a la declaratoria hecha a nivel de diputados y alcaldías. Al igual que en la declaratoria a nivel electivo presidencial, la Secretaría de la Presidencia y la ENAG se negaron a publicar la certificación del CNE.
En tal sentido, las autoridades del CNE indicaron que la publicación en el Diario Oficial La Gaceta no condiciona la validez del acto, siendo la publicación un requisito con la finalidad de conocimiento público y oponibilidad, más no de validez, y que por tanto, no crea el acto, sino que simplemente lo hace público, en virtud de que los resultados ya existen y el CNE se limita a procesar y publicar como un acto de formalización que puede ejecutarse por medios de publicidad oficial alternativa (Arts. 59, 80 y 221 Constitucionales y artículo 4 Carta Democrática Interamericana), así como comunicación formal a organismos internacionales y órganos del Estado hondureño (Arts. 16 y 245 numeral 11 de la Constitución) que den lugar al cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia.
El Consejo Nacional Electoral señala que la declaratoria no es una decisión política ni colegiada, sino una certificación institucional de hechos verificados que no es debate ni se somete a votación. El debate ocurre antes, durante los escrutinios especiales de oficio, impugnaciones, nulidades. Una vez cerrado ese ciclo, la declaratoria es obligatoria, no discrecional ni negociable.
“Reabrirla implicaría violar el principio de preclusión, convertir al CNE en un órgano revisor político del voto, lo cual la Ley no solamente no permite, sino que prohíbe”, acota.
En la declaratoria, el Consejo Nacional Electoral se refiere al tema de las alcaldías y señala lo siguiente: Que la noche del 29 de diciembre se intentó realizar los escrutinios especiales de las sesenta y seis alcaldías en cuestión, cesando el nivel electivo de diputados, cuyas actas habían iniciado a procesarse dos días antes por contar con los informes correspondientes que sustentan su traslado a recuentos, pero además por razones inherentes a su importancia en la alternancia en el ejercicio del poder conforme la Constitución de la República.
Dicho procesamiento otorgaba incluso prioridad al Distrito Central, asignando a la mitad del total de estaciones ocupadas por las JEVR, actas exclusivamente del Distrito Central por su carga electoral; sin embargo, no se pudo ejecutar debido a que el consejero propietario (Marlon Ochoa) retiró su voto aduciendo que existía mala fe por parte de las consejeras.
El retiro del voto—agrega– implicó que se detuviera el procesamiento: ni las actas del Distrito Central ni las correspondientes a otros municipios, sobre los cuales hay diferencias, por ejemplo, de 3, 11 y 23 votos entre primer y segundo lugar pudieron ser evacuados, pese a que podía ser resueltos mediante la revisión de sus actas en una sola jornada.
A horas del vencimiento del plazo constitucional y legal para realizar la declaratoria de las Elecciones Generales, Ochoa remite la propuesta de iniciativa de ley dirigida al Congreso Nacional para ampliar el término de la declaratoria para los niveles electivos de Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales, en un último intento por evitar que se diera una declaratoria electoral, entrar en un vacío legal y habilitar al Congreso Nacional para que metiera las manos en un acto que no le corresponde: manejar las elecciones.
Otros detalles como la decisión de la Corte Suprema de nombrar un juez para que conozca la situación de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, a quien la Procuraduría General de la República interpuso un recurso de Hábeas Corpus, porque laboraban bajo la modalidad virtual, dado que pendía sobre ellas acciones de requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, constan en los hechos del fallido sabotaje hecho desde el oficialismo y el partido Libertad y Refundación, por evitar que se llegara a una declaratoria oficial en el plazo comprendido en la ley: 30 de noviembre de 2025.
La Declaratoria del CNE que certifica las elecciones generales en Honduras, más que un documento formal y oficial de un proceso eleccionario en Honduras, es una crónica de una serie de hechos que evidencian como una de las elecciones más vigiladas, más competitivas e inciertas, terminaron, bajo niveles críticos no previstos, cerrando un ciclo electoral que da paso a un nuevo gobierno y al paso de una nueva hoja en la historia de la democracia formal en Honduras. (PD)
