Tegucigalpa, Francisco Morazán. El juicio político puede ser un instrumento constitucional. Nadie discute eso. Lo que Honduras discute de verdad es quién escoge al acusado, quién administra el escándalo, quién reparte la culpa y quién convierte todo en espectáculo… Y del bueno.
El Congreso Nacional admitió denuncias de juicio político contra funcionarios del CNE y del TJE. Y desde entonces volvió la liturgia conocida, los defensores del mecanismo hablan de control constitucional; sus detractores hablan de selectividad política. Ambos, en parte, tienen razón. Porque el problema hondureño nunca ha sido solo la existencia de la figura. El problema ha sido siempre la mano que la activa, el momento en que aparece y el libreto que la acompaña.
Aquí casi nada llega desnudo a la institucionalidad. Todo llega vestido de bando, de cálculo, de urgencia fabricada, de épica parlamentaria. Se abre un juicio y, al mismo tiempo, se abre una campaña. Se cita a un funcionario y, al mismo tiempo, se incita al público a tomar partido. Se invoca la Constitución y, al mismo tiempo, se mueve la maquinaria del castigo simbólico. El expediente corre en una mesa. El juicio social corre en mil pantallas. Y todos sabemos cuál corre más rápido… Y también cuál tarda cuatro años.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, dijo públicamente que hay votos para empujar más procesos y que incluso podrían impulsarse eventuales juicios contra integrantes de la anterior Comisión Permanente (QEPD la anterior y las futuras).
Esa afirmación dice más de lo que parece. Dice que el juicio político, además de un procedimiento, funciona como mensaje, como advertencia (saludos a Rebeca Ráquel y a Karen Rodríguez).
Ya sea como demostración de fuerza o como arma narrativa, no se trata solo de remover funcionarios, sino de ordenar el escenario, disciplinar actores, fijar culpables y dejar claro quién puede subir a la Junta Directiva del Congreso Nacional a señalar con el dedo.
¿Higiene democrática o el poder abusando y castigando?
Puede que el ciudadano no vea tecnicismos, ni las deprimentes comisiones especiales nombradas para tal efecto que, ante su incapacidad y novatez, hacen brillar hasta al más insulso de los personajes, como el que ahora se dedica a tocar timbales en Reitoca.
Puede ser también que el ciudadano no estudie los artículos constitucionales, ni la Ley del Juicio Político, ni sepa de mayorías calificadas o comisiones especiales.
Tampoco ve, el ciudadano, bonos de 100 mil lempiras en sus cuentas bancarias.
Pero sí ve algo más crudo. Ve bandos, venganzas, alianzas de ocasión… Oportunismo.
También ve la repentina pureza moral de congresistas que durante años convivieron con abusos, pactos, silencios y coartadas sin que se les alterara la voz, ni les doliera la garganta de tanto soñar el silbato.
Ese teatro político impregnado de congresistas con habilidades histriónicas pretende pedir solemnidad después de haber normalizado el cinismo; pretende reclamar autoridad ética después de haber traficado con la conveniencia; pretende dar lecciones de limpieza desde un escenario mugroso.
Y, sin embargo, no seamos ingenuos. El otro extremo también miente. Convertir todo juicio político en persecución automática es una forma barata de blindar funcionarios y de vaciar de contenido una herramienta que sí existe en la Constitución (con o sin atender las recomendaciones de aquella sentencia en el caso “Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras”) para controlar abusos del poder.
A estas alturas, el punto no es impedir el juicio político, sino impedir su degradación.
Impedir que este mecanismo de control se use con oportunidad calculada, con selección sospechosa y con rentabilidad propagandística, y que se transforme en cacería con protocolo.
En Honduras las y los ciudadanos creemos que no hay que creer. Que quizá hay que asentir, pero con ojos de duda. Porque en el ecosistema politico partidario todo nace contaminado por la sospecha.
La gente no pregunta primero qué dice el expediente, pregunta quién lo empujó, a quién conviene, por qué ahora, por qué a este sí y a aquel (o a aquellas) no.
Y esa pregunta no es caprichosa. Es la consecuencia de años de instituciones fatigadas, operadores de cuádruple moral, mayorías calificadas (bonificadas) y legalidades administradas según la utilidad.
De momento, la sentencia de los juicios políticos seguirá llegando antes que la sentencia formal, moral y social. Seguirá llegando en las redes, en los titulares, en los los audios reenviados, en los programas de opinión que reparten condenas exprés. Pero en 2029, llegará en un voto en blanco.
