Tegucigalpa. – La Comisión Liquidadora nombrada por el gobierno del presidente Asfura, suelta a cuentagotas lo que está encontrando en las dependencias a su cargo para ser liquidadas, entre ellas la Secretaría de Planificación Estratégica, que tuvo a su cargo un millonario presupuesto del cual apenas se conocen algunas líneas para los cuales fue usado, entre ellos un presunto espionaje hacia los actores claves y adversarios políticos identificados por el gobierno de Libertad y Refundación (Libre).
El responsable de esa Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, ha revelado que encontraron un supuesto sistema de espionaje por el cual el pasado gobierno monitoreaba a sus críticos y adversarios, además de pagos a presuntos asesores de distintas nacionalidades que habrían contribuido a este “flujo de identificación”.
“Cada vez que se decía una palabra eso iba a un sistema de espionaje y activaban la plataforma para atacar a las personas” que eran críticas o incómodas al gobierno aseveró Núñez a la estación radial Radio Cadena Voces.
“Manejaban con la inteligencia artificial la identificación de las personas que escribían las palabras claves y procedían a atacarlas en las redes sociales”, acotó.
Sus declaraciones, fuertes y preocupantes, deberían concitar el interés público y la actuación de oficio por parte de las autoridades, pero todo apunta que nada pasará, que la denuncia será un hecho anecdótico en estas Honduras donde todo pasa sin que pase nada y cuando algo pasa: ¡Jesús María! ¡paren eso, está mal hecho! Mejor “borrón y cuenta nueva”. Los miedos pueden más que el derecho a saber, el derecho a la verdad.
La cultura del miedo de acuerdo con un estudio sobre convivencia ciudadana y democrática se ha instalado en el país desde hace décadas con sus variaciones: miedo al autoritarismo, miedo a la represión que hubo en los años 80; miedo a las maras y pandillas, miedo al narcotráfico, miedo a la clase política y sus formas clientelares de corromper el poder, miedo a denunciar la corrupción, miedo a las fuerzas del orden, entre otros. Así ha sido identificado en esa investigación que constituye la primera de su índole en la nación al caracterizar a los hondureños según las regiones del país.
Y son los políticos los primeros en mostrar sus miedos cuando se abre la caja de pandora que los puede rebasar. Es mejor dejar el demonio dormido, sostienen en voz baja. De ahí que la denuncia del abogado Leonel Núñez quizá no pase de un titular en los medios.
Pero calza con los distintos informes que sectores de sociedad civil y organismos defensores de la libertad de expresión y el derecho a la información denunciaron a lo largo de los últimos cuatro años: las estrategias de intimidación, acoso y hostigamiento por actores y dependencias claves gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Planificación.
Un informe de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) denominado “Operación desinformación” detalla cómo funcionaron estas estrategias, identifica al menos una docena de funcionarios públicos de ese entonces que promovían estos mecanismos de ataques digitales, estigmatización y persecución a sectores que les parecían incómodos. La Secretaría de Planificación Estratégica y Sedesol, estaban entre las que lideraban esos ataques.
En el documento se hallan capturas de chat y testimonios en donde los personajes relatan cómo se montaban las campañas de desinformación y desprestigio, las órdenes que les daban los funcionarios, las expresiones de ataque que debían utilizar e incluso las amenazas para cancelarles sus empleos o becas si rehusaban hacer sus trabajos encomendados. Es un informe que destapa cómo opera la desinformación en el país, en especial en épocas electorales.
Las declaraciones de Núñez me recuerdan ese informe, así como las advertencias sobre estas campañas—en donde no se descarta el espionaje—promovidas por los sectores del entonces oficialismo. Y adquieren relevancia a la luz de los últimos informes de libertad de expresión publicados por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el más reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
De acuerdo con la SIP, en el marco de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2025, periodistas y medios enfrentaron intimidaciones, amenazas, campañas de desprestigio y ataques que generaron un clima de miedo y autocensura. Actores estatales y políticos, entre ellos altos funcionarios y mandos militares, dirigieron discursos hostiles y acciones de presión contra medios críticos, mientras el uso de cadenas nacionales de radio y televisión y otros recursos públicos fue cuestionado por su carácter político y por limitar la difusión de información independiente.
La Comisión Liquidadora nombrada por el gobierno dibuja algo de esto en sus declaraciones ofrecidas a los medios a retazos, porque todo indica que la administración de Nasry Asfura no quiere rendir un informe a la nación del país encontrado y el país heredado, prefiere pagar la factura, antes que despertar los demonios en una Honduras, donde todos—aseguran—que les importa; todos dicen que la democracia es primero, pero cuando la democracia reclama acciones para robustecerla y blindarla de los populismos de izquierda y derecha…la democracia “puede esperar”. Vamos entonces conociendo los desparpajos del poder pasado y actual, a cuentagotas, como son las historias en Honduras.
