Desaparecer o debilitar el Ministerio de Cultura no es una decisión administrativa menor: es un error estratégico. En sociedades fragmentadas y altamente polarizadas, la cultura no constituye un gasto prescindible, sino un espacio de encuentro, cohesión y gobernabilidad democrática.
Reducir su institucionalidad implica erosionar uno de los pocos lenguajes comunes capaces de sostener el pacto social y de proyectar al país con coherencia, tanto hacia dentro como hacia fuera.
En momentos de alta tensión institucional y de redefinición de prioridades, la cultura suele convertirse en una de las primeras víctimas silenciosas. No porque carezca de relevancia pública, sino porque persiste la percepción —equivocada— de que puede sacrificarse frente a urgencias económicas, sociales o de seguridad que dominan la agenda inmediata. La experiencia comparada demuestra, sin embargo, lo contrario. La cultura no es un adorno institucional ni un lujo reservado a contextos de bonanza.
Es una función estructural del Estado, estrechamente vinculada a la cohesión social, al sentido de pertenencia y a la capacidad de una sociedad para procesar el conflicto sin desbordarse. Allí donde el Estado se repliega de su rol cultural, no se produce un ahorro real: se acumulan tensiones que más tarde deberán gestionarse con mayores costos políticos, sociales y económicos. En escenarios de alta polarización, la cultura no cumple un papel decorativo ni subsidiario.
Actúa, más bien, como una de las pocas fuerzas capaces de reconstituir sentido común, ofrecer horizontes compartidos y evitar que la diferencia derive en ruptura. Cuando el conflicto se vuelve identitario y emocional, la cultura permite volver a pensarnos como comunidad. Reducir la cultura a una discusión presupuestaria o ideológica implica desconocer su dimensión estratégica.
La institucionalidad cultural no se limita a promover expresiones artísticas o a preservar el patrimonio; contribuye, además, a ordenar el relato colectivo, a transmitir valores cívicos y a fortalecer vínculos sociales que, en contextos de desconfianza generalizada, resultan indispensables para la gobernabilidad democrática. La discusión sobre la cultura como función del Estado no puede desligarse del diseño de una política pública coherente y sostenible.
Ello supone avanzar hacia una política cultural descentralizada, con reglas claras y vocación territorial; contar con una Ley Marco de Cultura que otorgue estabilidad institucional más allá de los ciclos políticos; establecer fondos públicos concursables, transparentes y evaluables, que permitan distribuir recursos con criterios de mérito y equidad; y aprobar una Ley de Mecenazgo que incentive la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Estos instrumentos no solo fortalecen la institucionalidad cultural, sino que permiten fomentar la economía cultural y creativa, dinamizar el empleo, activar cadenas de valor locales y contribuir a la cohesión social.
Asumir esta agenda como política prioritaria no implica crear nuevas estructuras ni aumentar de forma indiscriminada el gasto público. Implica, ante todo, ordenar, coordinar y dar previsibilidad a un sector que a sido históricamente mal manejado, cuando cuenta con reglas claras, multiplica su impacto social y económico.
En contextos de alta polarización, la política cultural tiene además una ventaja singular: genera resultados sin confrontación, articula Estado, sector privado y comunidades, y produce retornos en cohesión social, empleo y legitimidad institucional. Por ello, más que una política sectorial, la cultura debe entenderse como una política transversal de estabilidad democrática y gobernabilidad. La eliminación, el debilitamiento o la subordinación de la política cultural suelen justificarse en nombre de la eficiencia o del ajuste.
Observados a mediano plazo, sin embargo, sus efectos resultan contraproducentes, al dejar al Estado sin herramientas no coercitivas para intervenir en el plano simbólico, donde hoy se concentran buena parte de los conflictos contemporáneos. En otras palabras, la cultura, entendida como política pública, no opera en los márgenes del Estado ni como un complemento ornamental de la gestión. Incide directamente en la manera en que una sociedad se reconoce, se narra y procesa sus diferencias.
En contextos de fragmentación, desconfianza y polarización, su función no es resolver los conflictos, sino ofrecer un lenguaje común que haga posible la convivencia democrática. Debilitar su institucionalidad o relegarla a una función secundaria implica renunciar a uno de los pocos espacios capaces de producir cohesión sin imposición. Pensar la cultura desde el Estado es, en última instancia, una decisión de gobernabilidad.
No se trata de administrar símbolos ni de sostener agendas sectoriales, sino de comprender que ninguna reforma, ningún pacto político ni ninguna estrategia de desarrollo puede sostenerse en el tiempo si no reconoce el sustrato cultural que la vuelve inteligible y compartida. Allí donde la política se agota en la confrontación, la cultura —asumida con rigor institucional— puede volver a abrir un espacio para lo común.
