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CSJ emite opinión favorable al CN para reformar casi en su totalidad la Ley de Privación

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Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), entregó este viernes la opinión del Poder Judicial en torno a las reformas a la Ley de Privación de Dominio al Congreso Nacional.

– El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, había adelantado que la normativa violaba principios fundamentales, por lo que la opinión sería favorable.

La entrega la realizó el director de la Escuela Judicial, Hermes Ramírez en representación del titular de la CSJ, Rolando Argueta, al secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva, informó que el Poder Judicial respondió a la opinión solicitada por el Congreso Nacional en torno a las pretendidas reformas a la Ley de Privación de Dominio.

En ese sentido, dijo que de los 18 artículos con los que consta la ley en 17 de ellos respondió favorablemente ese Poder del Estado.

Desglosó que la CSJ se pronunció en siete de los 18 artículos que van orientados en la precisión de las medidas cautelares precautorias, aseguramientos, incautación sin que ello afecte la eficacia en los alcances de la naturaleza en la privación de dominios.

Silva señaló que serán los diputados los que tomarán en cuenta cada una de las valoraciones que contiene la opinión de la Corte.

Retrospectiva de la ley

Hace ocho años los legisladores hondureños aprobaron la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Entonces nadie imaginó que esa normativa sería hoy día una piedra en el zapato frente a las denuncias e investigaciones de presuntos hechos de corrupción.

Cuando la Ley de Privación, como se conoce popularmente, fue aprobada en el Parlamento, el mensaje de los tres poderes del Estado y de los operadores de justicia fue que Honduras entraba al campo de los países que reforzaban sus legislaciones para asestar fuertes golpes a la criminalidad organizada. La corrupción entra en esa categoría por las formas en que operan las grandes redes.

Poco después en el Congreso se presentaron una serie de reformas a la Ley de Privación que llevó al veto del presidente Juan Orlando Hernández por considerar que era un retroceso en materia jurídica y que abría el camino para que narcotraficantes y otros personajes de criminalidad organizada invocaran la reforma para recuperar bienes e incluso dar un nuevo giro a sus procesos.

De acurdo a lo argumentado por el Ministerio Público: “La Ley de Privación persigue bienes ilícitos, no personas, tiene preeminencia sobre cualquier otra ley, y por ello, aunque una persona en la vía penal sea incluso absuelta eso no es obstáculo para que pierda sus bienes ilícitos, de los cuales pudo beneficiarse directa o indirectamente. Y si no se encuentran los bienes ilícitos de los que se benefició se faculta a quitarle los lícitos que cubran ese monto”.

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