Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió a trámite el recurso de amparo de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López Osorio.
– La Sala de lo Constitucional de la CSJ aplica la suspensión del acto reclamado que es detener las diligencias investigativas contra López en virtud de las actuaciones del Fiscal General.
Fuentes judiciales indicaron que el amparo en favor de López Osorio había sido admitido desde el 29 de octubre de 2025, no obstante no se había notificado a las partes como si sucedió en el caso de la consejera Ana Paola Hall, cuyo falló trascendió hace un día, y donde indica que la Sala Constitucional declaró con lugar la petición de suspender diligencias investigativas en contra de la presidenta del CNE.
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La admisión del recurso ordena al Ministerio Público no emitir un requerimiento fiscal en contra de la consejera vocal suspendiendo las diligencias investigativas.
Por lo tanto, si el ente acusador del Estado quiere interponer requerimiento fiscal, debe esperar que ambas les encuentren responsabilidad en un juicio político en el Congreso Nacional.
La noticia ocurre, horas después de que López Osorio denunció públicamente un retraso prolongado en la diligencia de un amparo constitucional que presentó para la protección de sus derechos.
Relación de hechos
López era investigada por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
La denuncia fue formulada por su compañero en el pleno del CNE, Marlon Ochoa, alegando que tenía en su poder audios que implicaba a López con un jefe de bancada del Congreso Nacional para planificar la desacreditación sistemática y dolosa del proceso electoral general 2025.
Consecuentemente, el Fiscal General, Johel Zelaya, afirmó en una conferencia de prensa que los audios eran reales y supuestamente demostraban la existencia de una asociación entre una consejera del CNE, un diputado y un militar activo de las Fuerzas Armadas para conspirar en las elecciones generales.
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La funcionaria electoral había reclamado que enfrenta una “justicia selectiva” que, a su juicio, prioriza ciertos casos en menos de 24 horas mientras otros permanecen sin respuesta, lo que permitiría —según sus palabras— chantajes, negociaciones políticas y la exclusión de quienes son considerados adversarios. VC
