Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió en las últimas horas un recurso de inconstitucionalidad en contra al convenio firmado entre el Estado de Honduras y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
– Es el primer recurso de este tipo que se presenta en contra del convenio de la MACCIH. La admisión no significa que será declarado con lugar.
Así lo confirmó el portavoz de la CSJ, Carlos Silva, quien detalló que el recurso fue interpuesto por el abogado Juan Carlos Sánchez el pasado 6 de marzo.
Es importante mencionar que el abogado Sánchez representó a los señalados del sonado caso “Red de Diputados”, que fueron acusados por mal manejo de fondos públicos, pero que una reforma del Congreso Nacional a la Ley de Presupuesto permitió archivar las diligencias y enviarlas a las competencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 20 de marzo de 2018
“Este auto de admisión del recurso de inconstitucionalidad vía acción presentada el pasado 6 de marzo con número de expediente 189-2018, solo observa que el recurso de inconstitucionalidad tiene los requisitos formales que establece la Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional”, explicó Silva.
Agregó que el mismo se estará remitiendo al Congreso Nacional y en un plazo de cinco días hábiles remitirá los antecedentes del proceso de ley impugnada con un informe del mismo.
Silva prosiguió que el Ministerio Público tendrá seis días hábiles para emitir el correspondiente dictamen sobre el decreto legislativo 23-2016 emitido el 7 de abril de 2016, que ratificó el convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Sala de lo Constitucional está integrada actualmente por los magistrados: Lidia Álvarez (presidenta), Jorge Zelaya, Edwin Ortez, Reina Hércules y Jorge Serrano. Todos ellos determinaron que el recurso llena los requisitos para su admisión en ese poder del Estado.
El 19 de enero de 2016 el Estado de Honduras firmó con la OEA el convenio que daba creación a la MACCIH. Mientras el 29 de marzo el Congreso Nacional aprobó el convenio con participación de todas las bancadas.
Lo que dice el convenio
El convenio definió como objetivo principal, apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
El documento señala que será un ente complementario, con líneas de acción definidas a unas reformas de la justicia penal, de la seguridad pública y electoral.
En ese sentido, la MACCIH seleccionará, asesorará, evaluará y certificará un grupo de fiscales y jueces hondureños quienes investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción.
La MACCIH -según el espíritu del convenio- estará conformada de jueces, fiscales y policías internacionales, así como especialistas forenses y profesionales nacionales, encargados de supervisar que las autoridades competentes investiguen los casos de corrupción. Otra de sus atribuciones será la de asesorar, supervisar y evaluar que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, entre otras entidades, responsables de prevenir y combatir la corrupción.
