– “Es necesario mantener plenamente informada a la ciudadanía, y no manejar el proceso con opacidad, secretos, dobleces y privilegios” dice la CRSP.
– El órgano considera que la depuración de la Policía debe continuar con énfasis en la investigación del patrimonio de los policías.
La CRSP es una instancia creada con amplios poderes para dar vida a un proceso de trasformación de los entes operadores de justicia de Honduras, luego de una crisis que a finales de 2011 puso en precario a la Policía hondureña, debido a lo evidente de su colusión con el crimen.
El proceso de depuración policial ejecutado por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), “ha entrado en una crisis que se manifiesta en los niveles de credibilidad pública, viabilidad jurídica, voluntad política y gestión y eficiencia”, indica el comunicado emitido la noche de este martes por la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública.
Para la Comisión de Reforma a la Seguridad es evidente que la base jurídica de la legislación de la que dispone la DIECP y la Secretaría de Seguridad “evidencia debilidad tal como lo demuestra la declaratoria de inconstitucionalidad emitida recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
El comunicado, emitido por la Comisión de Reforma, además, indica que “un verdadero proceso de depuración de la Policía necesita estar fundamentado en la legalidad, impulsarse desde la cúpula hasta el nivel básico, rapidez y eficiencia, transparencia y credibilidad, aspectos que resultan impensables si no existe decisión jurídica, si no existen voluntad política y decisión firme para impulsarlo”.
En el numeral 4, los miembros de la Comisión de Reforma, integrada por los hondureños Víctor Meza, Omar Casco y Matías Funes, así como por los internacionales Adam Blackwell y Aquiles Blu, se manifiestan que en aras de la transparencia, “es necesario mantener plenamente informada a la ciudadanía, y no manejar el proceso con opacidad, secretos, dobleces y privilegios.
El órgano considera que la depuración de la Policía debe continuar con énfasis en la investigación del patrimonio de los policías, así como en de sus parientes, de acuerdo a lo establecido en la norma. Para tal fin, se recomienda auxiliarse del Tribunal Superior de Cuentas, La Comisión Nacional de Banca y Seguros, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de Sociedades, así como el Registro de Vehículos Particulares y Transporte de Personas o Carga.
Para los comisionados, el uso del polígrafo debe ser una prueba voluntaria, un eslabón al par de las pruebas toxicológicas, de inteligencia, axiológicas, de habilidades, personalidad, estudio socioeconómico del entorno familiar, educativo y del ambiente social en el que se ha desenvuelto el aspirante o policía en funciones.
Asimismo, la posición de la Comisión de Reforma considera de las pruebas deben ser aplicadas sin violentar los derechos constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho de ser oído en juicio y otros contemplados en la ley, puntualiza el comunicado de la CRSP.
La decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar ilegales las pruebas de confianza en la Policía Nacional ha protagonizado este día un fuerte debate en los sectores involucrados, pese a que la determinación fue la semana pasada.
Ataques por parte de funcionarios del Gobierno y el propio presidente Porfirio Lobo marcaron la agenda mediática de este martes. “Honduras debe estar de luto”, expresó el gobernante, al tiempo que refirió que la CSJ primero le asestó un duro golpe al Gobierno al haber declarado inconstitucional el decreto que imponía el cobro de un uno por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas que han declarado pérdidas en los últimos años de manera consecutiva.
