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Tribunales de inmigración en los Estados Unidos.



puertaPor: Ricardo Puerta

Tegucigalpa.- Hasta el 27 de febrero pasado cuando un inmigrante pasaba más de 6 meses detenido esperando a presentarse ante un juez de inmigración tenía el derecho a solicitar su libertad bajo fianza.

Pero con el fallo emitido en febrero por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se eliminó el derecho de los inmigrantes a pedir fianza. Esto supone que las personas detenidas tendrán que esperar en prisión o en un centro de detención de inmigrantes por un sistema judicial que al presente tiene  más de 700,000 casos atascados de inmigrantes indocumentados que esperan por un juicio en los tribunales de inmigración –en el 2015 el volumen de more judicial en los tribunales de migración  era “solo”,  de 500,000 casos.

Los 700 mil casos de ahora,  están esparcidos en más de 2,500 municipalidades de todo el país. En  Nueva York y Long Island hay unos 80,000, equivalente al 12% del total a nivel nacional. Le siguen en volumen  de indocumentados las ciudades de Houston y Los Angeles.

Un reporte del Pew Center informa que la población inmigrante no autorizada está muy concentrada. Las áreas metropolitanas con más indocumentados albergan el 61% de total nacional.

Y para complicar aún más la situación, a tono con las intenciones anti-migratorias del Presidente Trump, Jeff Sessions, Fiscal de la Nación, busca en estos días revertir fallos de jueces que han frenado unos 200,000 casos de deportación  

Lo que dice el estudio

De Acuerdo al Inmigration American Council/IAC, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés), luego de haber recibido recomendaciones independientes de una prestigiosa firma consultora, contratada al efecto, y especializada en la gestión de tribunales de inmigración; al presente se “están realizando cambios radicales en el sistema judicial de inmigración que deliberadamente contradicen las recomendaciones hechas al Departamento por sus evaluadores más recientes”.  

El IAC se autodefine como “una organización sin fines de lucro. Una voz poderosa en la promoción de leyes, políticas y actitudes que honran nuestra orgullosa historia como nación de inmigrantes. A través de la investigación y el análisis de políticas, litigios y comunicaciones, y el intercambio internacional, el Consejo busca dar forma a una visión del siglo veintiuno de la experiencia del inmigrante estadounidense”

Las recomendaciones que comenta el IAC aparecen en el Informe “Booz Allen Hamilton”,  de abril de 2017, y fue solicitado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia estadounidense que alberga los tribunales de inmigración.

¿Quién es la firma Booz Allen Hamilton Inc.?

 De manera informal, se conoce por  “Booz Allen”. Esta legalmente autorizada a operar como una empresa de consultoría y gestión estadounidense,  con sede en Tysons Cornercondado de FairfaxVirginia. Cuenta con  80 oficinas en  Estados Unidos y resto del mundo. Emplea a unas  25 mil personas,  con frecuencia, reconocidas autoridades y expertos en sus respectivos campos profesionales y técnicos.

Su negocio principal gira en torno a la prestación de servicios de consultoría, gestión, tecnología y seguridad; servicios que presta sobre todo a agencias gubernamentales y civiles en calidad de contratista del gobierno​. También a agencias de defensa e inteligencia.

Sus servicios incluyen planificación estratégica, educación, comunicaciones, mejoras operativas, gestión de capital humanoingeniería de sistemas, diseño y manejo de programas, seguridad y capacidad de recuperación y análisis económico. Se fundó en 1914, En su sector es considerada una de las empresas más antiguas del mundo. A finales de la década de 1950, la revista Time la calificó como la empresa más grande y prestigiosa del mundo como firma de consultoría.

 En 2013 la empresa adquirió notoriedad mediática internacional cuando uno de sus empleados, el hoy conocido Edward Snowden, cometió quizás el mayor robo de documentos secretos en la historia de Estados Unidos, pasando a conocimiento público la red de vigilancia mundial que poseen las agencias de inteligencia de varios países, y en concreto, la colaboración que hacía su firma patronal, en esas sensitivas labores.​ En 2013, el 99% de los ingresos de la compañía prevenían de contratos con agencias federales de los Estados Unidos.

Tres comentarios

A continuación, compartimos 3 puntos sobre el controvertido Informe, donde resaltan:

1. Como tema central de la denuncia de AIC, la reforma del sistema de gestión de casos en los tribunales de inmigración; es decir, la implementación de una reingeniería en el sistema de gestión de casos, en función de sus tiempos y movimientos, centrados en los jueces. Según la reforma propuesta, cada juez estaría  obligado a resolver 700 casos por año,  el equivalente un mínimo de cuatro por día, y casos de finalización de tres días si el inmigrante está detenido o de 10 días cuando el inmigrante no está detenido. Según el Departamento de Justicia.

El juez promedio de inmigración venía completando hasta ahora  678 casos por año. Creo que la diferencia exigida, 22 casos más, no parece ser una carga adicional anual tan extraordinaria.

2. El  Departamento de Justicia estadounidense, debe  garantizar 5 derechos insustituibles para el encausado, relacionados todos con el debido proceso.: 1)   ser considerado inocente hasta que un tribunal no resuelva lo contrario mediante sentencia firme, 2)  derecho a la defensa gratuita, 3) derecho a un defensor de su elección, 4) tiempo para la preparación de su defensa, y 5)  juzgamiento sin demoras.

Aparentemente las recomendaciones dadas, permiten hacer omisiones en el “debido proceso”, sobre todo cuando  el afectado es un sujeto activo de derechos, independiente del veredicto o sentencia que haga el tribunal. .

3. La erosionada fama de la compañía evaluadora. – sin duda, se trata de la prestigiosa firma consultora “Booz Allen Hamilton Inc”. De acuerdo con Vault -- que acredita firmas consultoras y cada año publica el  rango de desempeño de las mismas—Booz Allen gozó de valoraciones muy positivas  hasta el  año 2014, en que dejó de ser considerada la mejor consultora del mundo y caer  a la 6ta categoría del rango mundial. La caída de la cima se debió a que uno de sus expertos–Edward Snowden-- extrajera de forma irregular,  masivos datos en que  expuso las fallas del sistema de seguridad nacional estadounidense en el 2013 y la falta de protección al derecho de los civiles a su privacidad; dejando en entredicho la ética prevaleciente en su afamada firma consultora.

Como parte de las reacciones que genera la denuncia hecha por activistas pro-migrantes, se encuentra el hecho de que la firma evaluadora establece que debe prevalecer el respeto al Estado de Derecho y al debido proceso --  incluso por encima del costo –en tiempo y personal-- que exige  la resolución de un caso en los tribunales de inmigración--  todo ello respetando el  principio de “independencia judicial”.

En consecuencia, cada juez deberá tomar el tiempo que requiera el caso,  según lo  indique su resolución,  siempre en base al  derecho. Esto  representa un serio y claro reto cuando se tienen en mente otras  variables, que entran en la multi-causalidad y complejidad del caso, la calidad como condición requerida en la preparación del mismo, la disposición de elementos probatorios, la disponibilidad de pruebas materiales y testificales; además,  por cada diez mil casos atendidos, la tasa de defensores públicos o pro-bono y  la tasa de jueces necesarios; buscando claridad procedimental en función según  los recursos disponibles.  

Merecen ser estudiadas  ---con más realismo y menos demagogia y politización--  las cargas de trabajo que al valorar cada juez se han utilizado hasta ahora en los tribunales de  Inmigración de Estados Unidos: La cuota de 700 casos por juez por año, como parámetro-indicador de productividad,  equivalente con cierta holgura a unos 7 casos por cada 2 días de trabajo, aceptando que el año calendario tiene un máximo de 220 días laborables.

Por ahora,  puede señalarse que para mejorar la productividad de los jueces, --reconociendo que existe un aumento “natural y creciente”  en las cargas de trabajo por juez--   vendría bien adoptar ciertas medidas de eficiencia y eficacia para mejorar su productividad. Entre tales medidas podrían darle prioridad a las solicitudes de asilo que se justifican por razones de inseguridad ciudadana, tales como amenaza inmediata de muerte, de secuestro, cobro del impuesto de guerra, etc.  Eso supone tienen prioridad antes el juez ante el juez, los casos ya estratificados  por país de origen y por  la causa que de inseguridad que el afectado destaca,   como motivo principal para convertirse  en un inmigrante indocumentado en el  país de destino seguro.

No es lo mismo que un  juez atienda hoy a inmigrantes indocumentados,  que solicitan asilo  y que provengan de la República Popular China o de Venezuela, que de México,  o de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador, y Guatemala).  Hay causas que en muchos casos son comunes a países, como por ejemplo el sentimiento de inseguridad o miedo a perder la vida por quedarse expuesto al crimen organizado y  la delincuencia común en su lugar de origen;  en parte,  porque la emigración se origina en países –como los del Triángulo Norte-- que comparten muchos rasgos, vicios, culturas e historias comunes o parecidas. Aunque lo más probable que cuando concurren varias causas a la vez, metodológicamente una de ellas sale siempre al frente, porque explica más varianza que las otras en la decisión de emigrar.

Según la experiencia,  entre las  causas más citadas estan: la económica en (un 75% o mas en el total de los casos, buscando en el extranjero un trabajo permanente y con buena remuneracion), la de inseguridad personal o ciudadana (en un 10% del total de los casos,  citando causas políticas, sindicales, por pleitos de tierras u otros bienes, ideas o conductas  religiosas, preferencias sexuales minoritarias, o amenazas de grupos delictivos (maras, pandillas, mafias y por violencia doméstica), por reunificación familiar (en un 5% o más, común en las crisis de menores como la del 2014,  pues el candidato a inmigrante indocumentado, generalmente menor de edad,  tiene miembros de su familia nuclear o extensa ya asentados en el país adonde quiere irse)  o por atención a necesidades muy específicas, como de educación, salud, artísticas, de deportes, muerte de un ser querido, divorcio,   u otras causas menos citadas  (5% o más de los casos)..

Hacer una estratificación previa en los casos a atender en el volumen total  de  peticiones de asilo o de otra índole,  permitiría especializar a los jueces, pudiendo llegar a tener  más conocedores que otros, en relación a las singularidades de  “sus clientes más habituales”. Permitiría también que respondan con más acierto al derecho humanitario internacional   y menos a las presiones  que provienen de los contextos inmigratorios locales, predominantes en el lugar de destino. Permitirá además, que “del otro lado”, los casos de inmigrantes contaran con un tiempo suficiente para exponer su caso con más acierto y lograr con ello una resolución oportuna y pertinente.

Es conocido que el mismo derecho humanitario internacional identifica una categorización de perfiles “elegibles” para acceder al derecho de asilo, y que no aplican a quienes tienen antecedentes criminales de delitos mayores que estén evidenciados con sentencia firme. No exclusivamente basados en prejuicios anti-migratorios que provengan  del presidente de turno en el pais de destino o del juez que este considerando el caso. Aceptando a su vez que la obtención de elementos de prueba para sustentar el caso es bastante complicado, en parte, debido a que las evidencias que tiene el agente persecutor,  por lo general quedan atrás, inaccesibles, en el país de origen del inmigrante. Y que el afectado – si es un genuino solicitante de asilo—tenga el tiempo suficiente,  debido a que su lapso se extiende hasta el momento en que el elemento o agente persecutor se extingue.

Buscando mayor productividad en los jueces y reducción de la mora judicial, diría que en los casos de inmigración,  por ejemplo, por razones laborales –se fue de su pais de origen buscando un trabajo permanente, ganando buen salario--  no exige aplicarles las valoraciones propias que se le aplican a un solicitante de asilo. Los argumentos y pruebas presentadas dependen más de las condiciones y perfiles de los mismos sujetos. . Sea un caso u otro, en definitiva, la resolución del juez en un tribunal de inmigración tienen uno de estos dos finales: a) que el solicitante vuelva al país de origen, o b) que se quede en el país de destino sin amenaza de deportación, al menos, por ahora, amparado por un permiso inmigratorio temporal, renovable, hasta que logre una solución migratoria permanente que resuelva su caso en forma definitiva.    

A modo de conclusiones, mencionaré tres últimas reacciones que vienen bien para cerrar este escrito:

Primero, el desgaste, la frustración y el desencanto de los inmigrantes,  que luego de separarse físicamente y emocionalmente de sus familias, comunidades y contextos nacionales, se ven obligados a pagar grandes cantidades de dinero por irse al extranjero. En el caso de Estados Unidos, como país de destino, si el transito lo hace el emigrado por tierra,  apoyado por un coyote, aumenta el endeudamiento, incluso a niveles onerosos o insostenibles. Eso le exige,  que antes de salir de su pais de origen, venda o ponga en garantías bienes personales o familiares,  y una vez instalado en el extranjero con un empleo fijo, le toma  hasta 3 años pagar la deuda que contrajo por su traslado. La situación se empeora aún más, si el inmigrante, antes de cumplir los 3 años de su llegada,  fuera deportado por una resolución inesperada de un tribunal de inmigración.

Segundo, En la burocracia de los tribunales de inmigración, sucede con frecuencia un desgaste y aumento de la tensión, originados en un exceso en la carga de trabajo por juez, como  ha sucedido en los últimos cinco años en los tribunales de inmigración. Como no se ha actuado a tiempo, al presente el personal afectado siente  “que ya no hay solución al problema presente.

Lo anterior se conoce por el síndrome del “burning”  o  el síntoma de  “los funcionarios que ya estan quemados”. Ello lo sufre a menudo el  funcionario, que tiene un aumento constante en su creciente carga  de trabajo, y como respuesta pierde productividad y eficacia.

Del lado de la oferta, el personal de los tribunales se reduce o no aumenta conforme al crecimiento de la demanda. Ello produce más frustración. El proceso  termina poniendo a todo el personal en riesgo de: ser traslado, despido o exigiéndole un retiro prematuro que no desea, a veces con  deterioro de su salud personal, y hasta con efectos negativos en su hogar y familia.

Tercero, mientras el inmigrante y el juez sufren sus  desgastes y preocupaciones propias; queda claro que el cálculo de ingresos económicos que suponen 50, 000 casos de inmigrantes de origen hondureño movido anualmente por redes de tráfico humano o coyotes –ello equivale a la mitad de los 100 mil hondureños que por año se estiman que se van por tierra hacia Estados Unidos, sin la debida documentación, asistidos por un coyote. Es un lucro que representa una bolsa total  de alrededor de USD 125 millones de dólares por año,  a razón de unos US$5,000 (cinco mil dólares estadounidenses por cada migrante,   que en estos días le cobra el coyote al inmigrante indocumentado por llevarlo, “seguro” de puerta a puerta,  por tierra,  desde Honduras hasta la localidad de destino en territorio norteamericano.

Desgraciadamente, con los “servicios” que prestan los coyotes a sus clientes  se han convertido en los agentes reales que en Honduras, en forma efectiva, deciden   cuán activa o pasiva deba estar --en cualquier época, temporada o fecha del año--  la política migratoria  nacional,  que este país no tiene a nivel de gobierno o estatal. Para evidencia de ello, en el Congreso Nacional de la República, ni siquiera hay un comisión especial de migración que se ocupe en forma permanente y profesional del tema, asistidos por  estudiosos, académicos, practicos e investigadores del tema. A pesar que “los padres de la patria” y los meros funcionarios del Gobierno y de los partidos políticos  reiteren que la migración y las remesas son  “de interés nacional” e instrumentos esenciales para el crecimiento, desarrollo  y bienestar del país.

Nota final sobre los coyotes. En base a su desempeño, los coyotes de hecho constituyen una transnacional que presta servicios migratorios hacia Estados Unidos, obteniendo jugosas ganancias. Hacen su trabajo mayormente al margen de la ley, en  contubernio con  redes criminales multinacionales,  funcionarios corruptos de gobiernos centrales, locales y fronterizos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores,  traficantes de armas, contrabandistas, pandilleros, maras y hasta delincuentes y mafias comunes locales. Todos ellos le dan vida a la institucionalidad migratoria existente---legal e ilegal—y cínicamente salen como los más victoriosos y beneficiados producto del desorden imperante. Que  se mantiene y crece; en  parte debido al desactualizado sistema legal que adrede conservan y se aprovechan del mismo empresarios, políticos, funcionarios civiles y militares-- tanto en la nación de destino –con pocas excepciones, tales como Canadá y Australia-- como en las de origen. Por eso no es fácil  promover una migración ordenada, segura, legal y garante de los derechos humanos –que sea oportuna y consistente con el mundo actual y que opere conforme a leyes,  principios y prácticas migratorias justas, de alcance integral-- que por igual necesitan  Honduras y los países desarrollados a donde prefieren irse los emigrados hondureños..

Anexo

Con fecha 24 de abril, 2018, y creo como parte de una campaña, me llegó  este correo que dio inicio a este artículo publicado por proceso.hn que usted acaba de leer. A continuación se les copio. Me lo envió la Abogada  Emily Creighton,  Directora Jurídica Adjunta del American Inmigration Council/AIC., el cual traduzco y sigue a continuación en español.

“Ahora más que nunca, debemos exigir transparencia a nuestras agencias gubernamentales, y eso es exactamente lo que estamos haciendo.

De la solicitud, obtuvimos y publicamos documentos esta semana que muestran que el Departamento de Justicia/el DOJ de Estados Unidos,  está haciendo cambios radicales que contradicen deliberadamente las recomendaciones hechas en un Informe producido por evaluadores independientes, contratados al efecto,  con el objetivo de qué hacer para que los tribunales de inmigración sean más eficientes.

Cuando el DOJ toma decisiones para resolver ineficiencias y abordar cuestiones  sobre el debido proceso en los tribunales de inmigración, debe prestar atención a los resultados del estudio integral que el mismo Departamento comisionó, y no prestarle atención a una agenda política.

Sinceramente”,

Firmado: Abogada Emily Creighton

Directora Jurídico Adjunta

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