«La CCJ, a la que Costa Rica no pertenece y cuya jurisdicción y competencia nunca ha reconocido ni aceptado, trata de nuevo de imponerse a la brava, pretendiendo arrogarse atribuciones que no tiene», expresó Castillo en un comentario publicado hoy en las páginas de opinión del diario La Nación.
Agregó que la Corte hace esto «para servir a los intereses del Gobierno de Nicaragua, que se opone a la construcción de un camino rústico en territorio costarricense, y en busca de poder y legitimidad, de los que carece».
El pasado 19 de diciembre la CCJ, con sede en Managua, admitió una demanda interpuesta por dos organizaciones ambientalistas nicaragüenses contra Costa Rica por la construcción de la carretera de 120 kilómetros al margen sur del fronterizo río San Juan, en territorio costarricense.
El Gobierno de Nicaragua ha afirmado que esa carretera está causando daños ambientales al río San Juan, de soberanía nicaragüense, por lo que también interpuso una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Costa Rica ha dicho que el camino de lastre es necesario para conectar y llevar desarrollo a una veintena de pueblos costarricenses, cuya única vía de comunicación era el río San Juan.
Según el canciller costarricense «la CCJ es un organismo politizado y, además, parcializado en contra de Costa Rica», y señaló que el presidente de esa Corte «ya ha prejuzgado» al referirse públicamente a las sanciones que dictará la Corte y al llamar a su país «la rebelde Costa Rica».
«Una Corte así atenta contra la integridad del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) y sus loables fines», expresó Castillo.
El diplomático recordó que la Asamblea Legislativa de Costa Rica nunca aprobó el Estatuto de 1995 mediante el cual se estipulaba «la integración, funcionamiento y atribuciones» de la Corte.
Castillo añadió que su país no aprobó el estatuto porque las atribuciones de la CCJ son inconstitucionales, pues se convertiría «en un poder supranacional».
La CCJ, creada con el Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, está integrada por dos magistrados de El Salvador, dos de Honduras y dos de Nicaragua, con sus respectivos suplentes, y está previsto que pronto se incorporen dos magistrados de Guatemala.
Belice, Costa Rica y Panamá aún no han ratificado el Estatuto de la Corte.
Este conflicto es un nuevo capítulo de la tensa relación que mantienen ambos países desde octubre de 2010, cuando Costa Rica denunció una incursión militar y civil nicaragüense a su territorio, como parte de las labores de dragado del río San Juan.
El Gobierno costarricense denunció ese año a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la invasión a su territorio y por causar graves daños ambientales en la zona, especialmente a un humedal protegido por convenios internacionales.
