El caso, llamado «Luisiana Ríos y otros contra Venezuela», se enmarca dentro del LXXX Período Ordinario de Sesiones que se celebra del 4 al 8 de agosto de 2008 en San José.
En esta audiencia los jueces escucharán las declaraciones de tres testigos propuestos por la parte demandante, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como representantes de las víctimas y del Estado.
Además, la Corte Interamericana escuchará los alegatos finales de las partes sobre las excepciones preliminares y eventuales reparaciones y costos del proceso.
En abril de 2007 la CIDH elevó a la Corte la demanda por este caso alegando que hubo restricciones a la libertad de expresión a través de supuestas amenazas, actos de hostigamiento y agresiones verbales y físicas, contra periodistas y trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV).
La Comisión explica en la denuncia que las presuntas víctimas «en su labor de buscar, recibir y difundir información fueron sujetas a diversas agresiones, entre ellas lesiones de bala y atentados a las instalaciones del canal de televisión RCTV, entre los años 2001 y 2004».
También denuncia que ha habido falta de diligencia en la investigación de estos incidentes y omisión de acciones de prevención por parte del Estado.
Por su parte, los representantes del Estado venezolano, Germán Saltrón y Julián Rodríguez, afirmaron hoy durante una conferencia de prensa en la embajada venezolana en San José, que su país no viola los derechos humanos y acusaron a los medios de comunicación de realizar una campaña en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez.
Saltrón declaró que los medios de comunicación privados de venezuela fueron «protagonistas» en el golpe de Estado contra Chávez en el 2001 y aseguró que se dedican a realizar una campaña de «descrédito» del gobierno a nivel nacional e internacional.
Acerca de la demanda ante la Corte, comentó que ningún agente del Estado participó en los 29 hechos de agresión denunciados, de los cuales 10 fueron desestimados, dos archivados, cinco sobreseídos y once están en investigación.
Explicó que estos hechos ocurrieron durante manifestaciones multitudinarias y que las víctimas no identificaron a los agresores ni dieron pistas que facilitaran las investigaciones.
También comentó que hay una persona detenida como sospechoso de disparar contra un camarógrafo de RCTV, un hecho contenido en la demanda.
En mayo pasado, en una audiencia ante la Corte por un caso similar interpuesto por el canal privado Globovisión, Venezuela aseguró que la Corte Interamericana y la CIDH no eran imparciales.
Sin embargo, al ser preguntados hoy sobre este tema, los representantes del Estado sostuvieron que la CIDH no es imparcial y sobre la Corte únicamente dijeron que dos jueces, que no identificaron, deberían abstenerse de ver el caso.
El 27 de mayo de 2007 RCTV dejó de emitir en abierto cuando venció su última concesión por dos décadas, la cual no fue renovada por el Gobierno, aunque volvió al aire casi dos meses después a través del sistema de pago o cable.
Esta medida causó duras críticas a nivel internacional, en especial por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y algunos gobiernos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1979, es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el continente.
Sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los estados miembros de la OEA.
