Tegucigalpa (Proceso Digital/Isis Rubio) – Los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura no solo estuvieron definidos por ajustes administrativos y reordenamientos institucionales. También estuvieron atravesados por clásicas protestas laborales, reclamos sectoriales y tensiones sociales que, según especialistas, reflejan especialmente herencias estructurales y algunas decisiones recientes de la administración.
En este periodo, los conflictos más visibles provinieron de los sectores salud, educación, transporte y empleados públicos, además de presiones económicas derivadas del alza en los combustibles, que encarece la canasta básica y profundizó el malestar ciudadano.
Aunque el gobierno comenzó a anunciar soluciones y acuerdos en torno al día 90, analistas consideran que el gabinete aún debe consolidarse para enfrentar los desafíos acumulados.
Una historia que se repite cada cuatro años
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló a Proceso Digital que la conflictividad observada en este inicio de gobierno responde, en parte, a prácticas recurrentes en las transiciones estatales.
Según Hernández, en Honduras “cada cuatro años los gobiernos trastocan los procedimientos regulares y la contratación de personal”, y esta vez no fue la excepción. Recordó que, en las últimas semanas de la administración anterior, se realizaron contrataciones masivas sin respaldo presupuestario, lo que calificó como una acción que “debería ser un delito”.
Esa práctica, afirmó, generó una cadena de conflictos, especialmente en el sector salud, donde la falta de presupuesto para sostener contratos provocó paralizaciones y suspensión de servicios.
Solo en este sector la herencia ha sido pesada: en las últimas horas se hicieron centenas de contrataciones sin sustento presupuestario, se premiaron a sectores políticos del entonces gobierno de Libre como, por ejemplo, a su ministra Carla Paredes, quien se auto asignó una plaza privilegiada mientras la viceministra Nerza Paz y su familia, gozaron de enormes y onerosas canonjías laborales. Esta práctica no fue reducida, se extendió a otros sectores del poder.
El saldo de estas acciones, sumada a la crisis en el sector salud: sin medicamentos, con los quirófanos de los hospitales públicos dañados y con la construcción incipiente de ocho hospitales, ha dejado un sector maltrecho, más allá de la tradicional crisis sanitaria. Sin duda estas acciones enervaron la tolerancia de los sectores sociales, maltrechos en su economía y enfrentando una salud cada vez más deteriorada.
Conflictividad como constante estructural
Carlos Hernández añadió que el gobierno saliente también incrementó la masa salarial y otorgó acuerdos laborales en múltiples dependencias, lo que complicó el arranque de la nueva administración. A ello se sumó la decisión del actual gobierno de reducir el tamaño del Estado, una medida que, aunque valorada por algunos sectores, generó tensiones adicionales.
“La conflictividad en el país es una constante provocada por desigualdades y problemas estructurales”, dijo. No obstante, consideró que la coyuntura abre una oportunidad para impulsar un pacto social que reduzca tensiones, siempre que el gobierno esté dispuesto a asumir el costo político.
Hernández insistió en que la administración Asfura debe sostener un diálogo permanente con sectores que tengan una visión genuina de transformación.
Salud, educación, transporte y empleados públicos: los focos de protesta
La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, explicó que las protestas más significativas provinieron de empleados públicos despedidos que reclaman el pago de prestaciones. Entre ellos mencionó a trabajadores del 911, Copeco,el extinto Ministerio de Planificación y personal médico cuyos contratos no fueron renovados por falta de respaldo presupuestario.
Reafirmó que el sector salud fue el más afectado: médicos y personal sanitario realizaron asambleas y paralizaciones que llevaron a la suspensión de cirugías y servicios esenciales. Mientras el gobierno contrataba servicios privados para reducir la mora quirúrgica, los quirófanos públicos permanecían cerrados.
En educación, analizó la también socióloga Julieta Castellanos, las protestas fueron menos persistentes, pero los docentes Proheco lograron movilizarse hasta obtener un aumento salarial. También se registraron, en menor grado, reclamos de las bases del Partido Nacional que exigían acceso a empleo público.
“Estas han sido las cuatro áreas más visibles de reclamos, principalmente de carácter laboral”, señaló Castellanos.
El 1 de mayo, las marchas sindicales volvieron a poner sobre la mesa el aumento del costo de vida, agravado por el contexto internacional y el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo. Pero la marcha de los obreros gozó de un vigor disminuido y contrastó con la politización del movimiento, cooptado por la cúpula del partido Libre.
Un inicio de gobierno marcado por tensiones
Los primeros 100 días dejan un panorama donde la conflictividad social no ha sido masiva, pero sí persistente y de alto impacto en sectores clave como salud y transporte. Los expertos coinciden en que el gobierno enfrenta el reto de estabilizar la administración pública, ordenar las finanzas y sostener un diálogo que permita reducir tensiones en un país donde los conflictos se repiten con cada cambio de gobierno y que se agravan en un país desigual, donde la pobreza afecta la población en más del 60%. (PD/ir)
