Tegucigalpa – El contrabando es un delito de acuerdo a la legislación hondureña y como tal es manejado por organizaciones criminales y pandillas, lo que obliga a su combate por parte de las instituciones especializadas del Estado, que una vez den con los responsables los someten a procesos judiciales que les pueden acarrear penas que van de tres a 12 años.
Los contrabandistas, al integrar pandillas y organizaciones criminales más amplias, también se dedican a cometer otros delitos penados por la legislación penal como robo, lavado de dinero o cobro de extorsión.
El contrabando, junto a la introducción ilegal, y marcas falsificadas forman parte del universo del comercio ilícito, una actividad criminal perseguida por las autoridades por los perjuicios económicos que le causan al Estado, así como comprobados daños a la salud pública.
Las penas dictadas por los tribunales a los contrabandistas van en ascenso, ya que se toman en cuenta los montos que se presentan y los perjuicios provocados al Estado, por lo que las leyes establecen que el castigo va de 3 a 12 años en la prisión.
“En el delito de contrabando hay varios tipos de penas que dependen del monto, según especificado en el Código Penal. Las penas pueden ir en ascenso dependiendo de los montos que se presenten y el perjuicio que puede ocasionar al Estado, puede ir de 3 a 6 años, de 3 a 9 años o de 3 a 10 años, o de 6 a 12 años, según los montos que son calculados por la dirección técnica correspondiente donde se establece los valores y los perjuicios al Estado de Honduras”, señaló Melvin Duarte, director de Comunicación Institucional del Poder Judicial.
Duarte recordó que se “ha presentado por este tipo de contrabando en la Unidad de Delitos Tributarios, al menos 10 marcas de cigarrillos ilícitos que ingresan al país como Modern, Silver Elephant, Marshall, Golden Deer, Trident, entre otras; en una ruta que se ha identificado proveniente en la mayor parte de los casos, desde China hacia México, de México a Belice, Belice a Guatemala y El Salvador, y luego a Honduras; se han detectado casos de Honduras a Nicaragua”.
El gobierno tiene a diversas instancias como la Policía Nacional, Policía de Fronteras, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), entre otros cuerpos de la ley, para realizar operativos conjuntos a fin de decomisar la mercancía que ingresa al país de manera ilegal y poniendo a los detenidos a disposición de los juzgados por los delitos de contrabando y comercio ilícito en perjuicio del Estado de Honduras.
Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria logró la detención de dos ciudadanos por suponerlos responsables del delito de contrabando y les decomisaron más de 11 millones de cigarrillos ilegales en Marcovia, Choluteca.
