Tegucigalpa – El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa tendrá la responsabilidad de designar a las organizaciones criminales como maras, pandillas, crimen organizado transnacional y grupos de narcotraficantes como entidades terroristas, de aprobarse las reformas de seguridad que se discutirán en el Congreso Nacional.
Lo anterior fue señalado por el viceministro de Seguridad, Rommmel Martínez, quien señaló que lo anterior está contemplado en las reformas a los códigos penales que el gobierno tramita en el Poder Legislativo.
Las reformas penales propuestas buscan el control de la seguridad por parte del Estado y reducir al mínimo las diversas organizaciones criminales que operan en el país y que han reducido a las familias y empresas a entregar millones de lempiras de sus patrimonios por las extorsiones permanentes que sufren.
Las reformas también incluyen allanamientos e intervenciones policiales sin orden judicial, pero el viceministro Martínez, un excomisionado policial en retiro, aclaró que no se volverá al estado de excepción que duró durante casi todo el mandato de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).
El alto funcionario, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez, detalló que también se requerirán mayor colaboración y prontitud a las compañías de telecomunicaciones y financieras con las fuerzas de seguridad, ya que el crimen no descansa. Ello obligaría, de aprobarse las reformas penales, a las empresas de dichos sectores a entregar información los fines de semana.
En cuanto a la cadena perpetua que hablan ciertos sectores, el viceministro Martínez explicó que la misma ya está contemplada en la legislación actual y está reservada para los responsables de delitos donde muere una víctima o alguien de su entorno familiar.
En cuanto a la extorsión el viceministro de Seguridad explicó que dicho delito ya es de acción pública y que no se necesita la denuncia ciudadana, ya que así lo contempla la legislación.
Señaló que la denuncia ciudadana solo es una herramienta más, pero que las agencias policiales pueden investigar con una llamada anónima, una denuncia de un sector que señala estar siendo extorsionado o castigado por la delincuencia. (PD).
