Tegucigalpa – El Congreso Nacional, aprobó en la sesión de este miércoles, en primer debate, dos contratos de préstamo suscritos con organismos multilaterales de crédito, cuyos fondos serán destinados a financiar el proyecto del sistema de protección social conocido como programa Vida Mejor.
En ese sentido, se aprobó en primer debate una iniciativa de ley, dictaminada por la comisión ordinaria de finanzas y cooperación externa y enviada por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Finanzas, orientada a aprobar en todas y cada una de sus partes el contrato de préstamo 3371/BL-HP suscrito el 5 de mayo de 2015 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Honduras, para el financiamiento del proyecto de apoyo al sistema de protección social (Programa Vida Mejor) por un monto de 109 millones 870 mil dólares.
Asimismo, se aprobó en primer debate, en todas y cada una de sus partes el convenio financiero 5603-HN enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, suscrito el 29 de mayo de 2015 entre el Banco Mundial y el gobierno de Honduras para la ejecución del financiamiento adicional al programa del sistema de protección social por un monto de 25 millones de dólares.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, indicó que esos contratos de préstamo que tienen que ver con el programa Vida Mejor, será enviado por correo a los jefes de bancada para compartirlos con sus compañeros diputados y si es posible discutirlo en la sesión de mañana jueves.
Asimismo, se aprobó en primer debate, un proyecto de ley introducido a la Cámara Legislativa por el extinto diputado liberal por Francisco Morazán, Marco Antonio Andino y dictaminado por la comisión ordinaria de asuntos municipales, departamentales y regionales, orientado a reformar el artículo 75 de la Ley de Municipalidades en relación a los impuestos municipales, impuestos de bienes inmuebles, personal, industria, comercio y servicios de extracción, explotación y recursos e impuestos selectivos a los servicios de telecomunicaciones.
El decreto es para dilucidar el problema entre las municipalidades y los proveedores de los servicios de telecomunicaciones relacionados con las tasas de contribución, cánones y cobros contenidos en los planes de arbitrios vinculados a la instalación de torres, antenas, cables y otras estructuras destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas.
