El diputado pinuista German Leitzelar, miembro de la comisión legislativa que prepara el nuevo proyecto, dijo que hoy se iniciaron «reuniones permanentes para buscarle una solución adecuada» al problema generado por la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 18-2008 emitido en el Gobierno de Manuel Zelaya.
«Estamos también convocando a las organizaciones de empresarios del campo, sobre todo a los agricultores, para ver en un consenso y darle una respuesta a este problema, que no nos vaya a provocar un conflicto en el campo», agregó el legislador.
Subrayó que el Estado tiene que «respetar el derecho de propiedad» y «buscar las opciones de compra» de tierras para traspasarlas a los campesinos.
«Cuando no se den las opciones de compra, necesariamente entrar a lo que son las expropiaciones fijando los justiprecios y creando mecanismos adecuados que no violenten la Constitución o que no violenten el derecho de defensa, para que no provoquen situaciones como la declaratoria de inconstitucionalidad que se acaba de dar», explicó Leitzelar.
El diputado pinuista reconoció que para muchos campesinos obtener tierras del Estado para después venderlas «se ha vuelto un negocio y en un modus vivendi».
«Entonces, vamos a buscar mecanismos para que todas aquellas tierras que tengan función social no sean sujetas de comercio, ni de venta, sino que sean para cumplir esa función social» de convertirse en patrimonio de los campesinos, finalizó.
