Tegucigalpa – Con dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó la noche del martes un proyecto de decreto orientado a reformar la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario, a fin de incluir en la misma a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), principalmente ahora que actúan como jueces con jurisdicción nacional para conocer los casos de extradiciones.
El anteproyecto de ley fue dictaminado por la comisión de legislación y asuntos constitucionales y presentado a consideración del pleno por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Luis Cálix, orientado a reformar los artículos tres literal b y cuatro literal b del decreto 323-2013 que contiene la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario.
El secretario de la Cámara Legislativa, Mario Pérez, explicó que la CSJ está divida en varias salas que conocen de los recursos que por ley les compete y que constitucionalmente también hoy los magistrados son los encargados de conocer sobre los casos de extradición por lo cual muchos de ellos están en alto riesgo.
Agregó que asimismo, la reforma busca también posibilitar que no sólo los fiscales y jueces que se dedican a atender los casos o juicios de crimen organizado, reciban protección en virtud que ellos constantemente están siendo rotados y en ese sentido, pueden tener siempre un riesgo el fiscal y el juez y sus familias en vista de los juicios que ya llevó.
“La reforma busca que también se les de protección a jueces y fiscales que estén en riesgo sin hacer una distinción a que fiscalía especial pertenezcan o desempeñen sus labores y en virtud de los lamentables hechos que han ocurrido que han enlutado al pueblo hondureño y que son muy lamentables, creemos que es urgente aprobar esta enmienda”, apuntó Pérez quien presentó una moción que fue aprobado para dispensar dos debates al proyecto de ley.
En ese sentido, se reforman los artículos tres literal b y cuatro literal b del decreto 323-2013 que contiene la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario.
Ahora el artículo tres literal b establece que contarán con protección especial del Estado, los magistrados y magistradas y ex magistrados y ex magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), jueces y fiscales en alto riesgo, el o la titular de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General Adjunta, ex fiscales generales de la República, ministros, ministras y ex ministros o ex ministras de Seguridad y Defensa Nacional, presidente, presidenta, ex presidente o ex presidenta de las comisiones de seguridad y defensa nombradas por el Congreso Nacional así como los miembros de dichas comisiones cuando así lo aconseje el caso concreto conforme al análisis del riesgo sugerido.
Por su parte, el artículo cuatro literal b, ahora indica que los esquemas de protección especial para los funcionarios y ex funcionarios incluyen a los presidentes o presidentas, ex presidentas o ex presidentas del Congreso Nacional, magistrados, magistradas, ex magistrados y ex magistradas de la CSJ, incluidos su presidente o presidenta, ex presidentes o ex presidentas, el o la titular de la Fiscalía General, Fiscalía General Adjunta y los ex fiscales generales de la República y los jueces y fiscales en alto riesgo por la Unidad Especial de Protección.
A petición del diputado nacionalista por Francisco Morazán, Oswaldo Ramos Soto, se guardó un minuto de silencio en memoria de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, asesinadas el viernes en San Pedro Sula.
Protección a defensores de derechos humanos y periodistas
Por otro lado, el presidente de la comisión ordinaria de justicia y derechos humanos Yuri Sabas, hizo una presentación sobre el anteproyecto de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en la que se refirió al amplio proceso de socialización de la iniciativa que incluyó las consultas y aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de derechos humanos, gremios de periodistas, abogados, directores de medios de comunicación, organizaciones de jueces y magistrados, fiscales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado.
Sabas destacó el trabajo de todos los miembros de la comisión multipartidaria cuyo interés es aprobar una ley sin distingo de colores políticos y alejando cualquier ideología y ya se cuenta con las recomendaciones de todas las organizaciones con las que se ha socializado el anteproyecto de ley.
Señaló que en todas las reuniones que sostuvo la comisión el tema toral fue la existencia de un respaldo presupuestario claro y en ese sentido, la comisión envió a la junta directiva del Congreso Nacional, una solicitud a la Secretaría de Finanzas para saber el respaldo presupuestario para que la ley funcionara y eso fue lo que detuvo que la misma entrara a su tercer debate.
“Gracias a Dios, el día de hoy recibimos un comunicado de parte del Ejecutivo que ya tienen el respaldo presupuestario correspondiente, nosotros recibimos un llamado de la junta directiva para que entráramos en el tercer debate, pero de manera muy respetuosa toda la comisión solicitamos que primero nos vamos a reunir el día de mañana para sacar todos los detalles y pediría que mañana por la tarde le entráramos al tercer debate”, pidió Sabas quien recalcó que este tema no se debe politizar ni ideologizar.
