Santiago de Chile – La Corte de Apelaciones de Santiago condenó hoy a diez años y un día de prisión a cinco antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición) de tres dirigentes sindicales secuestrados en agosto de 1979, informaron fuentes judiciales.
Los condenados, en un fallo unánime de la IX Sala del tribunal de alzada, son el brigadier Pedro Espinoza, los coroneles Carlos López, Rolf Wenderoth y Juan Morales, además del teniente coronel de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, todos ellos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.
Los cuatro primeros se encuentran en prisión, tras ser condenados en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, mientras Lawrence aprovechó que estaba en libertad provisional hace algo más de un año para fugarse, sin que haya sido habido hasta ahora.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado desidia de los organismos responsables de su búsqueda.
En la investigación de este caso, el juez de primera instancia Leopoldo Llanos pudo establecer que los dirigentes sindicales José Corvalán Valencia, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, militantes del Partido Comunista, fueron capturados por la DINA el 9 de agosto de 19767 y llevados al centro de torturas y exterminio conocido como Villa Grimaldi, donde se perdió su rastro.
Corvalán Valencia tenía 46 años, era casado y padre de seis hijos y era dirigente del Sindicato de la Municipalidad de Santiago y de la Empresa Nacional Frigorífica.
Salgado Salinas, de 43 años, casado y padre de cinco hijos, trabajaba como cargador de la Vega Central (mercado de abastos) y había sido presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas de Valparaíso.
Silva Bustos, de 39 años, casado, padre de seis hijos, se desempeñaba también como cargador en la Vega Central de Santiago. Había sido dirigente de la Unión de Obreros Municipales y candidato a regidor por el Partido Comunista, del que era dirigente regional.
En la parte civil, el tribunal ratificó la condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de 100 millones de pesos (unos 146.000 dólares) a cada uno de siete familiares de las víctimas demandantes en la causa. EFE
