Tegucigalpa – La apuesta de Honduras por el modelo de alianzas pública-privadas está comenzando a pasar factura, ya que la mayor parte de los emprendimientos no han logrado el propósito de mejorar los servicios públicos y de infraestructura para lo cual se aprobaron las contratas.
– Palmerola ha resultado una caja de Pandora que cada vez muestra mayor drenaje de recursos.
– Las carreteras y el Puerto Cortés muestran sus bemoles.
– En el caso de EEH una demanda descomunal podría pender sobre el Estado hondureño.
Carreteras, aeropuertos, servicios de energía y portuarios han sido las apuestas de Honduras para mejorar su infraestructura de servicios productivos, los cuales fueron otorgados a empresas para que los administrarán con la finalidad que los concesionarios invirtieran recursos millonarios y a cambio gestionarán los servicios.
Aunque el modelo de asociación público-privado ha ganado terreno en la mayor parte del mundo y ha sido exitoso, desde Cuba hasta Estados Unidos, en Honduras siempre ha encontrado la oposición de una parte de la población y de la oposición política.
Los observadores aducen que la falta de transparencia y de compromiso para asumir la corresponsabilidad estatal drena el mecanismo.
Palmerola
Presidente Hernández supervisa trabajos de construcción de Palmerola
Pero los últimos acontecimientos relacionados con la construcción del aeropuerto de Palmerola han desencadenado el enojo de gremios empresariales, profesionales y de la población, además de la oposición política.
El concesionario Palmerola International Airport (PIA) envió una carta a la Superintendencia de Asociación Pública-Privada (SAPP) solicitando un encuentro para encontrar una salida a lo que ellos denominan que el proyecto tendrá un problema con la baja del tráfico aéreo a causa de la pandemia del COVID-19, lo que según sus proyecciones, provocará una baja de ingresos de 51 millones de dólares en los primeros 12 años de la concesión.
Inmediatamente la reacción de rechazo a la iniciativa fue múltiple, ya que el año pasado el Congreso Nacional autorizó 46 millones de dólares adicionales al proyecto para financiar una ampliación no prevista originalmente.
PIA sostiene que los recursos no saldrán del gobierno, pero no responden ni explican a una cuestión fundamental y, tampoco lo hacen los funcionarios estatales, ¿quién pagará la cuenta de los 51 millones de dólares?.
Igualmente se encuentra el problema de los aeropuertos de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba, ya que la concesión caduca en septiembre próximo y la licitación convocada inicialmente por Coalianza no tuvo éxito.
El presidente de la SAPP, Leo Castellón, informó recientemente que una sociedad de propósito especial, que dijo será de propiedad gubernamental, estará a cargo como operador temporal de las tres instalaciones aeroportuarias.
El funcionario expresó que la medida se toma para que se puedan formular los proyectos de concesión a largo plazo de las terminales, vía licitación.
Pero el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), propuso una junta administradora de transición, la cual no tendría fines lucrativos, sino administrar y mejorar los referidos aeropuertos.
El expresidente del Cohep, Luis Larach, dijo que la medida es adecuada e indicó que los aeropuertos son operados en el resto de los países centroamericanos sin fines de lucro, sino como un atractivo para el desarrollo de las naciones.
En una intervención pública, Larach señaló que los aeropuertos deben verse como un polo de desarrollo de las naciones.
La terminal de Toncontín fue dada en administración al consorcio de PIA mientras dure la construcción del aeropuerto de Palmerola, de acuerdo con un decreto emitido por el Congreso Nacional.
Carreteras
COVI se comprometió a ampliar a cuatro carriles la infraestructura víal, pero por diversas causas no se ha logrado tal propósito
Otro esquema de concesión han sido las carreteras, especialmente la CA-5, otorgada el manejo a la empresa Concesionaria Vial de Honduras (COVI), la cual viene administrando desde hace años.
La mejora y ampliación de CA-5 fue un proyecto financiado por la Cuenta del Milenio de Estados Unidos, pero tras concluir se dio su control al gobierno de Honduras. El proyecto modernizó la infraestructura vial de Tegucigalpa a San Pedro Sula.
Pero posteriormente fue concesionada a COVI, la cual se comprometió a ampliarla a cuatro carriles, pero por diversas causas no se ha logrado tal propósito, ya que en varios tramos el proyecto se mantiene en dos carriles.
El malestar de la población, además del pago de la tarifa del peaje, es que anualmente es aumentado, tomando como base la inflación de Estados Unidos, según lo estipulado en el contrato.
La empresa sostiene que realiza una inversión de 2,500 millones de lempiras 100 por ciento privada para ampliar a cuatro carriles 88 kilómetros desde la Cuesta de la Virgen hasta La Barca, además del mantenimiento y reparación permanente.
Otros proyectos de concesionamiento, como el Corredor Turístico que sería de las cercanías de El Progreso hasta La Ceiba fueron suspendidos, debido a que las protestas de las poblaciones que quemaron las casetas de peaje por el rechazo al pago, tanto en el sector de San Manuel, Cortés, como en Santa Rita, Yoro.
Puertos
Grúas modernas han aligerado las operaciones de carga y descarga, pero los costos se han elevado
El sistema de concesionar también se dio en la terminal de Puerto Cortés, donde dos empresas están a cargo del manejo de descarga de contenedores y otro de la terminal de gráneles.
Aquí se admite que ha habido inversiones en mejora de las instalaciones, con grúas modernas y la ampliación del muelle, lo que ha aligerado las operaciones de carga y descarga.
Pero la queja de los empresarios es que los costos se han elevado, reduciendo la competitividad de los productos.
Incluso la partida de la bananera Chiquita a Guatemala, en parte es señalada a los costos portuarios, aunque la transnacional operaba en un predio que alquilaba.
Energía
Otro de los problemas de concesiones es el de la energía eléctrica, la cual fue dada a la empresa EEH, quien tiene a su cargo la operación de lectura, facturación, cobro y comercialización de la energía dada por la empresa estatal ENEE.
Uno de los objetivos de la concesión era que la Empresa Energía de Honduras (EEH) redujera las abultadas pérdidas de electricidad de la ENEE, la cual está en más de 30 puntos. Pero tras cuatro de siete años del contrato, los jerarcas de la estatal se quejan de que no se han cumplido las metas y que la concesionaria tampoco reduce la mora.
El jefe interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Gabriel Perdomo, dijo que la EEH tiene tres escenarios: el primero que reconozca que no puede cumplir las metas contractuales y renegociar el contrato, el segundo una salida amistosa y la tercera seguir los caminos establecidos en el contrato para la terminación del documento que obliga a las partes.
El jefe interventor de la ENEE, Gabriel Perdomo, dijo que la EEH tiene que reconocer que no puede cumplir las metas contractuales
Perdomo ha sostenido que, tras años de estar operando, la EEH no ha cumplido las metas y más bien se han incrementado.
Pero el gerente de la EEH, Ricardo Roa Barragán, señala quedar “sorprendido ante este pronunciamiento” de Perdomo, ya que dijo desconocer realmente los mecanismos e instrumentos que tiene el contrato para dirimir estas diferencias.
Roa Barragán expresó que no se han ido y no plantean hacerlo.
La EEH ha pedido a la ENEE que le ajuste el pago que debe hacerle anualmente e incluso presentó una acción ante el Ministerio Público contra la empresa estatal. Según la concesionaria la estatal debe pagarle 15 millones de dólares mensuales, pero solo reciben 10.5 millones de dólares.
Perdomo indicó que EEH presentó una demanda por 400 millones de dólares, algo que niega la empresa estatal que sólo reconocen 30 millones de dólares de adeudos.
Roa Barragán señaló que ya es un adelanto que reconozca una deuda, aunque sea 30 millones, porque la anterior jefa interventora, Miriam Guzmán, había afirmado que no se le debía a la EEH “ni un centavo partido por la mitad”.
El máximo ejecutivo de EEH dijo que el Estado, vía ENEE, les adeuda 376 millones de dólares, por inversiones, sin ninguna indemnización o penalidades, de manera que no entiende de dónde sacan la cifra que solo adeudan 30 millones de dólares.
En cuanto a la amenaza de una cancelación unilateral del contrato, Roa Barragán se mostró convencido que el presidente Juan Orlando Hernández no tiene conocimiento de estas acciones que adelanta la junta interventora de la ENEE e indicó que lo anterior “demanda ya un a atención y una contingencia económica y jurídica para el país muy grande”, especialmente en estas circunstancias difíciles, en referencia a la pandemia del COVID-19 que provoca una contracción económica casi global.
Indicó el ejecutivo que están abiertos a sentarse en la silla a dialogar, revisar y negociar cualquier parte del contrato, pero que lo debe hacer el gobierno tomando todo el contenido de este.
Señaló Róa Barragan que ellos cuando firmaron el contrato se les señalaron que administrarían 6,700 kilómetros de línea de baja tensión, 7,400 kilómetros de línea de media tensión y tenemos más de 60 mil kilómetros de líneas de baja y media tensión, cuadruplicados los transformadores, “nos trajeron a operar un sistema una cuarta parte del sistema que es”, lamentó el responsable de EEH en Honduras.
Sobre la posibilidad de una demanda, en caso de que Honduras llegue a cancelar el contrato unilateralmente, Roa Barragán estimó que pedirán una indemnización que supera los 650 millones de dólares (más de 16 mil millones de lempiras), por el “daño reputacional, costas, lo que liquiden y reconozcan de deuda, la utilidad esperada, todo eso suma”.
Mientras el abogado de EEH, Francisco Pérez, agregó que en la demanda se pedirán por los “derecho adquiridos, la deuda acumulada de casi 400 millones de dólares, daños y perjuicios que incluiría el honorario fijo mensual hasta cumplir los siete años”, sería algo descomunal para la economía hondureña, resaltó el representante jurídico de la empresa.
