– En Honduras el 80% de las víctimas de un delito no denuncian a los responsables del hecho delictivo, alrededor del 81% de las denuncias remitidas a la DNIC no son investigadas mientras que el 79% de las órdenes de captura no son ejecutadas por la autoridad competente.
El ombudsman hondureño hizo un enérgico llamado a los órganos que integran el sistema de justicia penal en el país para luchar contra la impunidad que gozan los delincuentes y evitar que estos sigan con “licencia” para delinquir.
La impunidad, dijo Custodio, es una manera de estimular la comisión de delitos, porque si el delincuente sabe que existen pocas probabilidades de que se le castigue y se le juzgue adecuadamente, prácticamente se le está diciendo que siga delinquiendo.
El ombudsman hondureño es del criterio que la impunidad en el país comienza cuando un delito no es debidamente investigado, por la incompetencia de un órgano como la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC)
La población tiene razón cuando se queja de la impunidad que gozan los delincuentes en Honduras porque la misma es producto de la falta de investigación y la “tarjeta de invitación” para que sigan delinquiendo, recalcó
Custodio puso como ejemplo que hay impunidad cuando un policía comete un delito y sigue siendo policía o cuando un fiscal no cumple a cabalidad sus funciones como la de no controlar la escena del crimen y permitir que se contamine.
Agregó que a la policía de investigación le falta criminalística, pericia forense y hasta buena fe.
“Es difícil combatir la impunidad con una policía de investigación tan deficiente como la que tiene actualmente el pueblo hondureño”, señaló.
Expresó que los niveles de inseguridad pública empiezan por una Policía Preventiva que no es eficiente, por una policía de Investigación Criminal que no investiga adecuadamente cada crimen y las cosas van quedando impunes.
A su criterio, en el caso del asesinato del hijo de la rectora Julieta Castellanos, en el que sólo uno de los policías culpables decidió presentarse voluntariamente a los otros tres se les debe juzgar en ausencia, lo cual es posible jurídicamente.
El defensor de los derechos humanos también recordó el caso Lindolfo López, un humilde hondureño que por robarse una gallina lo sentenciaron a tres años de cárcel mientras que a los quiebra bancos que engañaron y dejaron en la calle a mucha gente andan tranquilos en la calle
Custodio reiteró que mientras haya compra y venta de conciencias en el sistema de justicia penal habrá impunidad en el país.
“Hay personas que odian a los que defendemos la vida, nos odian a los que decimos que no puede haber ningún tipo de impunidad, ni para los roba gallinas, ni para los corruptos, ni para los quiebra bancos que llevan el tatuaje negro en sus conciencias”, subrayó.
De conformidad con la Ley de Policía, la DNIC actuando bajo la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público, es la responsable de investigar los delitos, identificar a los responsables de los mismos, a efecto de ofrecer a los fiscales del Ministerio Público, los elementos objetivos necesarios para el ejercicio de la acción penal.
Los niveles de impunidad en el país indican que sólo entre el 2005 y el 2009, el Ministerio Público recibió alrededor de 320,153 denuncias de la población, de las cuales 250,216 fueron remitidas a la DNIC para su debida investigación.
Del total de casos recibidos la DNIC devolvió al Ministerio Público con informe de investigación 48,626 que equivalen al 19%, quedando en proceso de investigación y posiblemente en la impunidad 201,590 (81%) de los ilícitos denunciados.
Se estima que de 12,098 órdenes de captura solicitadas, entre el 2005 y el 2009, la policía de investigación únicamente le dio cumplimiento a 2,510 (21%), quedando pendiente de ejecutar o en la impunidad 9,588 (79%).
Una encuesta victimológica nacional de opinión pública sobre seguridad realizada por Borge y Asociados a petición del CONADEH reveló que el 80% de las víctimas de un delito no acuden a denunciar el hecho ante las autoridades
De acuerdo a las víctimas ellos no interpusieron la denuncia porque era una pérdida de tiempo, por los trámites largos y difíciles, por desconfianza en la autoridad, por miedo al agresor y por miedo a que lo extorsionen.
