Facussé demandó que se investigue el contrato entre la Secretaría del Interior y Población con la empresa estadounidense Securiport aprobado por el Congreso Nacional y que cobrarán en los boletos las líneas aéreas que operan en Honduras, con lo que se financiará el control migratorio en 22 puntos fronterizos del país, según el argumento del gobierno.
“Estuvimos en el Ministerio de Gobernación, y con una compañía que se llama Securiport cuya sede principal es la ciudad de Washington, yo quisiera más bien que empezáramos ya a auscultar un poco, la Fiscalía debería estar haciendo su oficio de ver qué otras personas están atrás de todos estos, como dice el presidente (Porfirio Lobo) hay que seguir el hilo para ver quiénes están atrás de todo esto”, expresó el dirigente empresarial.
Recordó que en el gobierno del presidente interino Roberto Micheletti, se intentó hacer algo similar, pero al final el proyecto se desechó.
“Yo quisiera saber qué va decir la Ministra de Turismo (Nelly Jerez) con relación a esto, y qué otras personas se van a quejar, ya el presidente Lobo se comprometió y reaccionó favorablemente a favor del pueblo hondureño, con esos 30 dólares que iban a imponer o que habían cargado al impuesto de salida o tasa aeroportuaria”, expresó.
El dirigente empresarial argumentó que “no necesitaban hacer esto, ya existe una Tasa de Seguridad, pero aquí todo es emergencia, todo es a escondidas, aparentemente, y eso realmente no es justo que se le esté haciendo al pueblo hondureño”.
La sorpresiva imposición de un impuesto grosero para un supuesto control migratorio, ha generado la indignación y una andanada de críticas, similar a la que provocó el “trancazo” que se aprobó el Congreso Nacional a la tasa aeroportuaria al incrementarla de 37 a 60 dólares de un solo “plumazo” por lo que el propio presidente Lobo se vio obligado a ordenar la anulación de ese bárbaro aumento.
Aunque en el anexo D del decreto de la tasa de seguridad migratorio, se establece que el impuesto no solamente se pagará a través de los aeropuertos internacionales del país, sino también en 22 puntos fronterizos del país, todo parece indicar que ese sistema será subsidiado por los usuarios que viajan a través de las terminales aéreas hondureñas.
En ese sentido, ese “trancazo” representa un duro golpe para el turismo y la cooperación internacional del país, tal como lo ha advertido el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) Epaminondas Marinakys.
El dirigente empresarial ha ido más allá y ha calificado que ese impuesto que cobrarán las líneas aéreas en el billete de viaje, es como “el tiro de gracia” para la industria sin chimeneas del país que intenta recuperarse de la caída que experimento luego de la crisis política originada en 2009, la situación económica mundial adversa y la ola de criminalidad que abate al país.
Según el dirigente empresarial, “la aprobación de este nuevo impuesto es como pegarle el tiro de gracia al turismo, esto es inconcebible son 34 dólares lo que se tienen que pagar”.
Agregó que este impuesto perjudica a ese sector porque ni los turistas que vienen a dar servicio social al país van a querer venir.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Armando Funes, dijo que recibieron un documento que aprobó el Congreso Nacional en el cual les indica que las aerolíneas que operan en Honduras son responsables de cobrar a los pasajeros 17 dólares entrando y 17 dólares saliendo para cubrir costos de controles migratorios.
“Es un cobro adicional, es decir la empresa no es que lo va absorber, el documento dice claramente que se le va a cobrar a un pasajero entrando y saliendo del país”, resaltó Funes.
Sobre la cuestionada medida, el presidente del Congreso Nacional, arguyó que “Honduras no puede ser, como decimos allá en mi pueblo, un potrero abierto donde cualquier delincuente puede venir, pasa por migración y nadie lo detecte”.
Justificó que el “trancazo” no necesariamente tiene que trasladarse al pueblo hondureño, porque en su mayoría no usa el aeropuerto y por ende no tiene por qué pagar la tasa de control migratorio.
“Cómo se lo va pasar usted al pueblo, a alguien que ni tan siquiera usa un aeropuerto, nunca se ha subido a un avión, eso sería totalmente ilógico”, argumentó Hernández.
De su lado, el ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, justificó que la tasa de seguridad migratoria, “es un asunto clasificado como de seguridad nacional y el contenido, alcances y detalles por razones obvias, que yo no las puedo discutir, debatir o revelar públicamente, porque podría incurrir en responsabilidad civil, administrativa y penal”.
Añadió que el “trancazo” lleva por objeto garantizar la seguridad en la frontera y tener un verdadero control de la identidad de las personas que entran y salen del territorio nacional y evitar la libre circulación e ingreso de miembros del crimen organizado como narcotraficantes, terroristas, secuestradores, sicarios, traficantes de armas y lavadores de activos, algunos de los cuales han usado el país como centro de operaciones por la falta de un sistema moderno y científico de control migratorio.
“Este sistema servirá o será utilizado por la Policía Nacional , por las Fuerzas Armadas y por la Dirección de Migración y Extranjería y fue obviamente analizado y evaluado por estas instituciones previo a contratar los servicios de esta empresa y permitirá a las mismas tener control y obtener información y transmisión de imágines, datos vía satélite, como rostros de las personas, equipajes, vehículos y placas de los vehículos en los 23 puntos fronterizos tanto aéreos, terrestres como marítimos”, aseveró el funcionario.
Agregó que el sistema estará conectando e intercambiará datos e imágenes e información con los organismos internacionales de seguridad migratoria y de Investigación como la Policía Internacional (Interpol), Homeland Security, Scotland Yard y otros.
En ese sentido, arguyó que ese mecanismo de seguridad, “alguien tiene que pagarlo, el Estado y el gobierno no tiene los recursos económicos para financiar este tipo de sistemas y obviamente pues en este caso lo harán solamente los viajeros internacionales que entran o salen del país por la vía aérea en los 4 aeropuertos internacionales y éstos van a subsidiar a las personas que viajan por la vía terrestre o marítima quienes no pagarán esta tasa de seguridad”.
Madrid aseveró que la medida no afectará la industria turística del país pues la mayor parte de los turistas que vienen o ingresan al territorio nacional lo hacen a través de los cruceros que arriban a Islas de la Bahía, que son aproximadamente unos 800,000 turistas al año.
Añadió que igualmente los hermanos salvadoreños que visitan el país en agosto de cada año, ingresan por la vía terrestre y por ende no van a pagar el impuesto migratorio.
“Lo que genera polémica en este tipo de temas, es el hecho de que hay que pagar algo, hay que pagar un costo por este servicio tecnológico que nos va a brindar mayor seguridad y un verdadero control de nuestras fronteras y obviamente alguien tiene que pagarlo, van a ser estos viajeros internacionales que utilizan los 4 aeropuertos internacionales de nuestro país”, insistió el funcionario.
Sin embargo, ese argumento no ha convencido a los distintos sectores y a la población en general, que al igual cuando se intentó aplicar un tarifazo aeroportuario, han reaccionado con rechazo e indignación a la medida.
