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Narcotráfico, asesinato de periodistas, femicidios y masacres, la nota del crimen



Tegucigalpa- La nota en el 2010 sigue siendo la creciente ola de la inseguridad ciudadana y el avance del narcotráfico en zonas del país en donde los capos de la droga parecen disputar el control de los territorios a la autoridad, que si bien ha asestado duros golpes, no ha logrado detener las masacres, el asesinato de mujeres, la muerte de jóvenes y el uso del espacio aéreo e instalaciones aeroportuarias del país, como un punto de fácil operación para la narcoactividad.
 

A este panorama, se suma el asesinato de 10 en el 2010, un hecho nunca registrado en la historia hondureña en sus casi treinta años de democracia, cuya situación se caracteriza por la impunidad al no registrarse avances sustanciales para dar con los autores de su muerte, a excepción de uno de los casos en donde se mantiene en prisión a uno de los presuntos hechores.

Los cuatro escenarios de la inseguridad en que se movió el país, marcados por el narcotráfico, el asesinato de periodistas, las muertes múltiples de personas en diversos puntos del país, la matanza de mujeres y la ejecución extrajudicial de jóvenes, mantuvieron ocupada a la autoridad que al par tuvo que atender las denuncias de secuestros, los delitos comunes y otros hechos delictivos que hacen de Honduras una de las naciones más inseguras en América Central y América Latina, según las Naciones Unidas.

Esta creciente ola de inseguridad está ligada, para muchos expertos, a una onda común que enfrentan los países del llamado “triángulo norte” de América Central, Guatemala, El Salvador y Honduras, producto de la guerra que se libra contra el narcotráfico en México. Se presume que los carteles mexicanos han desplazado sus movimientos hacia estos países en busca de zonas de control y descanso que les permita reabastecerse y continuar su actividad de la droga y de desafío ante la autoridad, según revelaciones del propio presidente mexicano, Felipe Calderón.


Cifras escalofriantes

Las últimas cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Observatorio Nacional de la Violencia, a junio de 2010, reportaban un promedio diario de muertes de entre 10 y 16 asesinatos, una cifra alarmante que no avecina una buena tendencia al cierre del 2010, a sobresalir Honduras como un país altamente inseguro a nivel regional y subregional.

La base de datos de Proceso Digital registra el inicio del 2010 con el secuestro del hijo de un periodista de la televisión, la liberación de otra joven capturada y el asesinato de una jueza de los tribunales penales de la niñez.

Se suma a ello el atentado y posterior muerte del estudiante de periodismo Joseph Ochoa, quien acompañaba a la periodista Carol Cabrera, cuando desconocidos dispararon en su contra. Cabrera salió ilesa, está exiliada en Canadá, pero Ochoa falleció en el acto y con él Honduras inicia una etapa poco común de asesinatos de periodistas.

En medio de esta ola de inseguridad que estrenaba al recién instalado gobierno del presidente Porfirio Lobo, el gobierno de Estados Unidos externó su preocupación por la violencia e inseguridad en la nación y se produce la primera firma de un convenio antidrogas que ataje el avance de este flagelo.

La presencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico llevó a Honduras a pedir ayuda externa en su combate, así se registra a inicios de año la primera incautación de una embarcación con 1,500 kilos de cocaína, en un operativo combinado entre la Marina Costera de Estados Unidos y las unidades antidrogas de Honduras.

La muerte de periodistas

Marcado el primer trimestre del año por el asesinato de periodistas, diez en total, más un locutor, el presidente Lobo anunció que el esclarecimiento de estos crímenes será prioridad en su gestión, que no habrá impunidad, al indicar que ha solicitado apoyo a los gobiernos de Colombia y España para que le ayuden a dar con los responsables de estos hechos.

A esa iniciativa, meses después, se informa que se sumará un equipo del Buró Federal de la Agencia de Investigación del Estados Unidos (FBI), en tanto el secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, brinda un informe secreto a puertas cerradas al Congreso Nacional sobre los avances en la investigación de los crímenes.

Misiones internacionales de derechos humanos llegaron al país para auscultar entre otros hechos, la situación de los periodistas.

La tesis arrojada hasta ahora por la policía y que ha permitido neutralizar incluso la labor de seguimiento a la noticia por parte de la prensa hondureña, es que la mayoría de las muertes han estado ligadas a acciones del crimen organizado, pero sin presentar pruebas contundentes, por lo que en su última reunión del 2010, la CIDH en octubre, se pidió no especular ni hacer aseveraciones sin pruebas fehacientes.

A la muerte de periodistas, se suman las amenazas en contra de jueces y magistrados que conocen causas del narcotráfico, lo que obliga a la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial a pedir protección, acción a la que se suma el pleno que conforma el Poder Judicial. El asesinato de una jueza vinculada a temas de niñez disparó las alarmas en los tribunales y si bien semanas después se encontró el cuerpo de un presunto pederasta investigado por la togada y a quien se achaca la responsabilidad de su asesinato, lo cierto es que una nebulosa rodea la muerte de la jueza.



Masacres, el otro escenario

Esa violencia se hace sentir en todo el 2010 con las llamadas “masacres de personas”, entre ellos jóvenes menores de 23 años. Organismos de la infancia denuncian que solo en los meses de marzo y abril han sido asesinados 115 jóvenes, una cifra preocupante para un país que tiene una agenda pendiente por resolver en materia de cumplimiento al respeto de los derechos humanos.

Dentro de las masacres resaltan los asesinatos de personas en San Pedro Sula, donde fueron acribilladas 17 personas que trabajan en un taller de zapatería por presuntamente no pagar impuesto de guerra; luego siguen otras muertes en Villanueva, se encuentran los cuerpos de jóvenes sin identificar y existen momentos en que solo un fin de semana Honduras reportó cerca de 30 muertes violentas.

De lado de las mujeres, se registran un promedio de 285 asesinatos de mujeres o femicidios en lo que va del año, sin resultados concretos acerca de las causas de su muerte y mucho menos los responsables.

Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos han lanzado sendas campañas de sensibilización sobre un problema, que en medio de tanta violencia en el país, pinta como un dato más que se ahoga ante los retos descomunales que en materia de seguridad enfrenta Honduras y la autoridad.

A ese escenario se suma otro no menos preocupante. La presencia en el territorio de las llamadas “narco avionetas” con droga que dejan abandonadas o sencillamente aparecen destruidas una vez que efectúan su operación de distribución y otras que son atajadas por la autoridad. Paralelo a las “narco avionetas”, se desnuda una nueva fase del narcotráfico y que consiste en dejar aviones aparcados en los aeropuertos del país, donde los pilotos llegan por la noche y salen en la madrugada en vuelos comerciales sin presentar mayores problemas; al menos así se presentan los primeros casos registrados por la prensa basados en versiones policiales.


Rápido avance del narcotráfico

De la avionetas dejadas en el país, se registra la detención de unos pilotos mexicanos que son acusados de “lavado de activos”, pero en los registros de la policía la actividad de las “narco avionetas” no cesó a lo largo de este año, con menos intensidad que en los últimos dos años pero con operaciones constantes.

La ola de delincuencia y narcoactividad lleva al gobierno a iniciar sus primeros operativos combinados entre la policía y los militares, reportándose de esta forma la destrucción de las primeras “narco pistas” en Olancho, un departamento que a criterio del Ministerio Público constituye uno de los corredores más fuertes de la narcoactividad.

Para dar más fuerza a la integración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas, se presenta en el Congreso un decreto para que los militares apoyen a la policía, al tiempo que el el ministerio de Seguridad anuncia una remoción de estructuras para dinamizar mejor su función, pero es el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio, quien pone el dedo en la llaga en cuanto al combate del crimen.

A lo largo del 2010, Custodio no suelta la agenda de la inseguridad y con cifras y hechos demuestra como este problema está desbordando al país y exhorta a la conformación de una política integral en materia de seguridad pública. Custodio advierte de la posibilidad de que Honduras se convierta en el mediano plazo en un “narco estado” si no se ataja con fuerza esta actividad.

La preocupación de Custodio toma fuerza a trascender que una avioneta incautada al narcotráfico y en custodia en el hangar de la Fuerza Aérea Hondureña en la base de La Lima, Cortés, fue sustraída en un increíble operativo, supuestamente, por sujetos desconocidos que encendieron la nave, la calentaron, la abastecieron de combustible y se fueron sin que nadie los viera ni identificara. Fue una acción propia de una película de Hollywood.

Hasta ahora, cerca de 19 personas han sido implicadas en el hecho y el ministro de Defensa, Marlon Pascua, reveló que los narcotraficantes pagaron cerca de medio millón de dólares en soborno para llevarse la aeronave, en lo que ha sido la mayor vergüenza pública para los organismos de defensa del Estado y la administración del presidente Lobo.


La denuncia de Calderón

En un afán por revertir ese bochorno de que fueron objeto los cuerpos de seguridad militar y policial del país responsables de combatir el narcotráfico, se efectúan varios operativos antidrogas con resultados alentadores que van desde la incautación de millonarias haciendas a guatemaltecos en el occidente del país, así como el decomiso de una millonaria cantidad de dólares que una familia pretendía sacar del país por el aeropuerto de San Pedro Sula.

Hechos como la muerte de Juan Osorto o Héctor Portillo, conocido como “El gato Negro”, y un círculo de siete cercanos colaboradores también marcó la agenda de la violencia y el crimen organizado en Honduras.

Otro golpe combinado al narcotráfico que da la autoridad es la captura en Colombia del empresario sampedrano, Miguel Villela, implicado y confeso en asuntos de narcotráfico. Su captura se produjo luego de una investigación de un año y tras un fuerte cuestionamiento del ministro de seguridad a la justicia hondureña, al revelar que no lo capturaron en Honduras porque temían que “fuera liberado”.

Pero el 2010 no quiso cerrar la violencia con el asesinatos de personas comunes del diario vivir, también tocó a la clase política hondureña al asesinar a un diputado del gobernante Partido Nacional. Se trata del diputado Jesús Madrid Deras, quien de acuerdo a la policía no fue asesinado por robarle ni por secuestrarle, descartando así dos hipótesis comunes en la jerga policial.

La muerte de Deras se produce en una de las llamadas zonas calientes de la inseguridad en el país que va desde occidente, norte, parte de oriente y la región central del país, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH y el PNUD.

Esta ola de criminalidad, más los anuncios de nueva intercepción de drogas y “narco avionetas” hizo que cobrara más fuerza la denuncia hecha por el presidente de México, Felipe Calderón, en el sentido que los aviones con droga ya no caían en México sino que en Honduras, por encontrar mejores condiciones de impunidad.

Washington se preocupa

Pero Guatemala y El Salvador también enfrentan en materia de lucha contra el narcotráfico fuertes acciones por querer tener el control, lo que lleva a tres cancilleres de América del Norte a mostrar su creciente preocupación por la inseguridad y violencia en los países del triángulo norte centroamericano y obligan al secretario adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, a anunciar un replanteamiento estratégico en la ayuda estos países para combatir el crimen organizado.

Ese replanteamiento, que es parte de una visita que casi a fines de año hiciera el zar antidrogas de Estados Unidos, está contemplado dentro de lo que se conoce como el Plan Mérida, mediante el cual Washington busca revertir el avance de la droga en su territorio, consciente que el freno no debe centrarse solo en Colombia y México, también en América Central como punto geoestratégico de combate a la criminalidad.

Así el 2010 no deja un balance favorable en materia de seguridad, el principal talón de Aquiles de la actual administración que aún no logra depurar a fondo la penetración del crimen a lo interno de los cuerpos de seguridad y ahora parece también en las fuerzas armadas. De cara al 2011, el desafío de Lobo se centrará en evitar que estos cuatro escenarios que marcaron su primer año, sigan creciendo, así como comenzar a dar golpes a la impunidad con resultados efectivos en la investigación de los crímenes.


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