Guatemala – Un tribunal de Guatemala inició hoy la audiencia en la que el general retirado José Efraín Ríos Montt debe responder a los cargos de genocidio y delitos contra la humanidad que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos.
El general, de 85 años, quien el pasado 14 de enero dejó de gozar de inmunidad judicial al dejar el puesto de diputado del Congreso para el que fue electo en 2007, acudió al tribunal acompañado de su abogado defensor Danilo Rodríguez y de su hija Zury Ríos.
El jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Manuel Vásquez, inició en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo la presentación de los hechos y evidencias en los que basa las acusaciones de «genocidio y delitos de deberes contra la humanidad» en contra de Ríos Montt.
Se prevé que a lo largo de la jornada, Vásquez ofrezca como pruebas de cargo 72 informes de expertos forenses y once informes militares en los que constaría que el exjefe de Estado de facto ordenó las operaciones contrainsurgentes de las fuerzas armadas que acabaron con la matanza de al menos 1,771 personas.
Asimismo, se espera que aporte el testimonio de más de un centenar de sobrevivientes y familiares de víctimas de las matanzas perpetradas por el Ejército en las comunidades indígenas de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajúl y Santa María Nebaj, conocidas como el Triángulo Ixil, del norteño departamento de Quiché, durante el período en que Ríos Montt gobernó el país.
La jueza Carol Patricia Flores, titular del tribunal, dijo que la diligencia podría prolongarse varias horas, debido a que luego de que la Fiscalía exponga sus argumentos, la defensa del imputado tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, tras encabezar un golpe de Estado militar que derrocó al también general Romeo Lucas, lucía sereno en su comparecencia pese al asedio de decenas de activistas de derechos humanos que llegaron a la sede del tribunal para exigir su procesamiento.
«El general es mi papá y es mi amigo. Está tranquilo. Viene a afrontar a la Justicia y a demostrar su inocencia ante los hechos de que le acusan», dijo a Efe la ex diputada Zury Ríos, hija del militar retirado.
Por su parte, Francisco Chel, un anciano que perdió a 24 familiares durante una de las más de diez matanzas de las que se responsabiliza a Ríos Montt, dijo a Efe que viajó a la capital desde el Triángulo Ixil para exigir justicia.
«Viene a pedir justicia en este caso. Es lo único que queremos», señaló.
Durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala, fueron asesinados y desaparecidos, supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, miles de opositores al régimen militar, que intentaba aniquilar a los grupos guerrilleros con los que mantenía una guerra desde 1960.
La Asociación por la Justicia y Reconciliación, que aglutina a cientos de familiares y víctimas de la violencia política que padeció Guatemala durante su guerra interna de 36 años (1960-1996), presentó en 2007 ante la Justicia guatemalteca una demanda penal en contra de al menos 15 antiguos altos cargos militares, entre ellos Ríos Montt, por delitos de genocidio y crímenes de guerra.
El anciano militar retirado se ha declarado inocente de los cargos, ha asegurado que «nunca» asesinó ni ordenó asesinar a nadie, y se ha manifestado confiando en que saldrá bien librado del proceso en su contra.
El jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Manuel Vásquez, inició en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo la presentación de los hechos y evidencias en los que basa las acusaciones de «genocidio y delitos de deberes contra la humanidad» en contra de Ríos Montt.
Se prevé que a lo largo de la jornada, Vásquez ofrezca como pruebas de cargo 72 informes de expertos forenses y once informes militares en los que constaría que el exjefe de Estado de facto ordenó las operaciones contrainsurgentes de las fuerzas armadas que acabaron con la matanza de al menos 1,771 personas.
Asimismo, se espera que aporte el testimonio de más de un centenar de sobrevivientes y familiares de víctimas de las matanzas perpetradas por el Ejército en las comunidades indígenas de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajúl y Santa María Nebaj, conocidas como el Triángulo Ixil, del norteño departamento de Quiché, durante el período en que Ríos Montt gobernó el país.
La jueza Carol Patricia Flores, titular del tribunal, dijo que la diligencia podría prolongarse varias horas, debido a que luego de que la Fiscalía exponga sus argumentos, la defensa del imputado tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, tras encabezar un golpe de Estado militar que derrocó al también general Romeo Lucas, lucía sereno en su comparecencia pese al asedio de decenas de activistas de derechos humanos que llegaron a la sede del tribunal para exigir su procesamiento.
«El general es mi papá y es mi amigo. Está tranquilo. Viene a afrontar a la Justicia y a demostrar su inocencia ante los hechos de que le acusan», dijo a Efe la ex diputada Zury Ríos, hija del militar retirado.
Por su parte, Francisco Chel, un anciano que perdió a 24 familiares durante una de las más de diez matanzas de las que se responsabiliza a Ríos Montt, dijo a Efe que viajó a la capital desde el Triángulo Ixil para exigir justicia.
«Viene a pedir justicia en este caso. Es lo único que queremos», señaló.
Durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala, fueron asesinados y desaparecidos, supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, miles de opositores al régimen militar, que intentaba aniquilar a los grupos guerrilleros con los que mantenía una guerra desde 1960.
La Asociación por la Justicia y Reconciliación, que aglutina a cientos de familiares y víctimas de la violencia política que padeció Guatemala durante su guerra interna de 36 años (1960-1996), presentó en 2007 ante la Justicia guatemalteca una demanda penal en contra de al menos 15 antiguos altos cargos militares, entre ellos Ríos Montt, por delitos de genocidio y crímenes de guerra.
El anciano militar retirado se ha declarado inocente de los cargos, ha asegurado que «nunca» asesinó ni ordenó asesinar a nadie, y se ha manifestado confiando en que saldrá bien librado del proceso en su contra.
