Tras una larga batalla legal que se remonta a febrero de 2004, cuando el ex mandatario huyó a México pocas horas antes de que el Ministerio Público (Fiscalía) pidiera su captura, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal inició hoy el debate oral y público en su contra y contra los ex ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusan a Portillo y a sus ex funcionarios del delito de peculado (malversación) de 120 millones de quetzales (15 millones de dólares) del erario guatemalteco.
Arévalo y Maza, que se encontraban detenidos en prisión, lograron la noche del miércoles que el tribunal, presidido por Morelia Ríos, les concediera el arresto domiciliario, medida que hoy, al iniciarse el juicio, fue impugnada por la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz, pero su petición no ha sido resuelta.
A través de su equipo de abogados, encabezado por Telésforo Guerra, Portillo recusó el miércoles, sin ningún éxito, a la jueza por dudar de su imparcialidad para ver el juicio.
Según el ex presidente guatemalteco, Ríos no es la jueza idónea para presidir su enjuiciamiento porque en marzo de 2010 conoció su causa y, sin pruebas, aprobó su extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por el delito de conspiración para el lavado de dinero por un monto de 70 millones de dólares.
La misma jueza rechazó la recusación basada en una resolución emitida a finales del año pasado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala.
Según la investigación realizada por la Cicig, Portillo y sus dos ex ministros, en coordinación con otros funcionarios públicos de esa administración y amparados en la impunidad de la que gozaban, utilizaron estructuras del Estado para desfalcar los 15 millones de dólares.
El dinero malversado supuestamente fue a parar a las cuentas personales de los ex funcionarios, así como a estructuras criminales integradas en su mayoría por antiguos militares y dedicadas a diversas actividades ilícitas, según la acusación.
Para demostrar la culpabilidad de los procesados, la Fiscalía y la Cicig presentarán durante el juicio más de 700 pruebas documentales y la declaración de 36 personas, entre peritos especializados y testigos de cargo y descargo.
El juicio, según explicaron a Efe fuentes del tribunal que conocen el caso, podría prolongarse «por varias semanas» ya que se prevé que los defensores de los imputados interpongan diversos recursos legales para evitar el desarrollo del proceso y evadir la fase de las conclusiones y sentencia.
Esta es la primera vez en la historia de Guatemala que un ex presidente es detenido, procesado y enjuiciado por delitos supuestamente cometidos durante su mandato.
Portillo guarda prisión desde enero del año pasado, cuando fue detenido en una zona del Caribe guatemalteco, a petición de la Justicia de los Estados Unidos, que lo reclama en extradición.
La extradición de Portillo fue autorizada en marzo de 2010 por el Tribunal Quinto de Sentencia, que entonces era presidido por la jueza Morelia Ríos, la misma que ahora preside el tribunal que lo juzga por el caso de peculado.
El ex presidente deberá enfrentarse a la justicia estadounidense una vez concluido el juicio iniciado hoy, y las previsibles impugnaciones a la sentencia.
El delito de peculado por el que es juzgado el ex mandatario y sus ex ministros contempla penas de entre tres y diez años de prisión, según la legislación guatemalteca.
A mediados del año pasado, Francia informó oficialmente a Portillo sobre el inicio de una investigación penal en su contra por delitos de lavado de dinero.
