COHEP: Exclusión de Cuenta del Milenio es por impunidad de la corrupción

Tegucigalpa – La exclusión de Honduras del programa Cuenta del Milenio de Estados Unidos es producto de la impunidad en que quedan los actos de corrupción denunciados en el país y no del mal manejo de los recursos por el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
 

El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Benjamín Bográn, señaló hoy que «no hay que confundir las cosas; la ejecución de los 3 mil millones de la Cuenta del Milenio se hizo de manera adecuada y transparente, el país está saliendo aplazado por la política general, porque no hay una lucha contra corrupción».

«Todos los escándalos que han aparecido en los diferentes medios de comunicación, todas las denuncias que ha habido de actos de corrupción y que han quedado impunes, por eso es que nos están aplazando», agregó el ex director ejecutivo del COHEP y ex ministro de Industria y Comercio.

«Honduras es un país en el que todos los meses, todas las semanas, aparece la denuncia de un acto de corrupción y al día de hoy no hay nadie preso o penalizado por esos actos de corrupción», añadió.

Bográn dijo que a la corrupción no hay que ponerle «color político», pues «aquí todos los gobiernos prácticamente es una materia en la que han estado aplazados todos».

«No es un asunto de ponerle nombre de uno o el color de otro, la ideología de uno o la ideología de otro. Prácticamente en el país no hay una clara decisión, una lucha frontal contra la corrupción», expresó.

Afirmó que la debilidad en el combate de la corrupción es tal que «todos los intentos al final quedan en un proceso de denuncia, en el que usted no sabe al fin si le están manchando la reputación a una persona inocente o se está dejando impune a un culpable, porque al final no se ha terminado ninguno de los procesos».

A criterio del asesor del COHEP, un impedimento en la lucha anticorrupción es que «el actual esquema de proceso para llevar a juicio a un funcionario porque ha cometido un acto irregular es un proceso largo, enredado, que prácticamente se hace imposible al final que se tomen las acciones legales pertinentes».

«Por otro lado, es un mecanismo que sólo penaliza al funcionario y no al corruptor, porque para que haya corrupción tiene que haber un corrupto y un corruptor», concluyó.

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